El gobierno de Trump está tomando medidas para comenzar a recolectar muestras de ADN de los cientos de miles de personas que son puestas bajo custodia federal de inmigración cada año para ingresarlas en una base de datos penal a nivel nacional. Esto sería una gran expansión del uso de la tecnología para aplicar las leyes migratorias del país.
Altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron el miércoles que el Departamento de Justicia estaba desarrollando una regulación federal que les daría a los funcionarios de inmigración autoridad para recolectar ADN en los centros de detención de todo el país, que actualmente retienen a más de 40.000 personas.
Esta decisión canalizaría miles de registros nuevos al FBI, cuya extensa base de datos de ADN se ha limitado principalmente a los marcadores genéticos recolectados de personas que han sido arrestadas, acusadas o sentenciadas en relación con delitos graves.
Desde hace mucho ha habido llamados a favor de crear registros de ADN de los inmigrantes para ayudar a identificar a los criminales que ya han estado en custodia migratoria, pero que las autoridades quizá no tengan otra manera de identificar. El Congreso aprobó una ley que autoriza una recolección amplia de datos de ADN en 2005, pero en ese momento entró en vigor una exención para proteger a los inmigrantes.
Un funcionario de seguridad nacional dijo en una llamada con reporteros el miércoles que la exención era obsoleta, y que era hora de eliminarla.
“La recolección de ADN, incluyendo el de los detenidos en centros migratorios, es algo que se requiere legalmente”, comentó el funcionario, quien solicitó que se mantuviera su anonimato para poder hablar de la nueva propuesta.
Los defensores de los migrantes y de la privacidad señalaron que la decisión planteaba preocupaciones sobre la privacidad para una población de por sí vulnerable que podría enfrentar problemas de categorización racial o discriminación como resultado del intercambio de sus datos personales entre autoridades dedicadas al cumplimiento de la ley. Las nuevas reglas permitirían que el gobierno recolecte ADN de niños, así como de quienes solicitan asilo en puertos legales de entrada y no han violado la ley.
Advirtieron que los ciudadanos estadounidenses, a quienes a veces se ingresa accidentalmente en centros de custodia migratoria, también podrían quedar sujetos a entregar su información genética privada.
“Este tipo de recopilación masiva altera el propósito de la recolección de ADN de la investigación criminal a básicamente convertirse en vigilancia poblacional, lo cual va en contra de nuestro concepto fundamental de una sociedad libre, autónoma y basada en la confianza”, explicó Vera Eidelman, abogada del Proyecto de Confidencialidad, Privacidad y Tecnología de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.
Dijo que, debido a que el material genético contiene conexiones familiares, la recolección de datos tendría implicaciones no solo para los que están bajo custodia migratoria, sino también para sus familiares, quienes tal vez sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
Los funcionarios de seguridad nacional dijeron que la nueva iniciativa está permitida según la Ley de la Huella de ADN de 2005. Hasta ahora, los detenidos inmigrantes han estado exentos de esta ley, dijeron, debido a un acuerdo entre Eric H. Holder Jr. y Janet Napolitano, quienes fungieron como fiscal general y secretaria de seguridad nacional, respectivamente, durante el gobierno del presidente Barack Obama.
Una carta de agosto de la Oficina del Fiscal Especial dirigida a la Casa Blanca citaba una queja oficial de un informante en la que se argumentaba que las agencias de inmigración no habían cumplido con todas las obligaciones dictadas por la ley para recolectar ADN. Sugería que autoridades migratorias como el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) ya estaban llevando a cabo recolecciones limitadas de ADN.
“El incumplimiento de la ley por parte de la agencia ha permitido que sujetos posteriormente acusados de crímenes violentos, entre ellos homicidios y ataques sexuales, eludan la detección incluso cuando son detenidos varias veces por el CBP y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés)”, decía la carta, firmada por Henry J. Kerner, el fiscal especial. “Esta es una negligencia inaceptable del mandato de cumplimiento de la ley de la agencia”.
Los funcionarios dijeron que la regla propuesta se inspiró, en parte, en un programa piloto llevado a cabo durante el verano a lo largo de la frontera suroeste, en el que agentes del ICE usaron tecnología de muestreo rápido de ADN para identificar “unidades familiares fraudulentas”, es decir, adultos que estaban usando a niños que hacían pasar como si fueran suyos para aprovechar las protecciones especiales ofrecidas a las familias con niños inmigrantes.
El nuevo programa sería distinto del piloto porque proporcionaría un perfil integral del ADN de los individuos que son sometidos a la prueba en vez de usarse solo para determinar el parentesco, como sucedía con el otro análisis más limitado. Además, a diferencia de las pruebas realizadas en el programa piloto, los resultados se compartirían con otras agencias dedicadas al cumplimiento de la ley.
Después de tomar las muestras de ADN, según la regulación de próxima aparición, estas se introducirían a la base de datos nacional de ADN altamente regulada del FBI. Conocido como CODIS, el Sistema Combinado de Indexación de ADN es utilizado por las autoridades estatales y de la policía para ayudar a identificar a supuestos criminales. Se anuncia en el sitio web del FBI como una “herramienta para vincular crímenes violentos”.
Los funcionarios del gobierno de Trump no proporcionaron un calendario para la implementación de la regulación, pero señalaron que un grupo de trabajo se estaba reuniendo cada semana para establecerlo lo más pronto posible.