El miembro de la Asamblea Nacional es investigado por la supuesta comisión del delito contra la integridad y libertad Sexual (violación).
Luego que el Órgano Judicial informara ayer que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de forma unánime, decidió admitir una causa penal que venía de la vía ordinaria y que se remitió a esa instancia por la condición de diputado de Arquesio Arias, la oficina del magistrado fiscal en el caso, Olmedo Arrocha Osorio, informó sobre los avances de la investigación.
Se indicó que se presentó otra causa penal bajo la ponencia del magistrado Hernán De León Batista, en la que se señalaba al mismo diputado por igual delito, que también fue admitida de forma unánime por el pleno de la CSJ, el pasado 22 de agosto de 2019; ordenándose la acumulación con el anterior.
La nota agrega que luego de cumplirse con el requisito de recolección de firmas de esta última resolución, el despacho del magistrado Arrocha, el día 20 de septiembre de 2019, recibió ambas carpetillas para continuar con la investigación procedente del Ministerio Público.
Agrega que, en base a lo anterior, a partir de esta última fecha, en apego al principio de estado de inocencia y de investigación objetiva, se han adelantado gestiones y acciones tendientes a recabar elementos y evidencias que confirmen o desvirtúen los hechos denunciados, con fundamento en el artículo 489 del Código de Procedimiento Penal. Se continuarán realizando diligencias en base a la teoría del caso y se están tomando medidas para preservar y garantizar la salud mental de las denunciantes.
El despacho también indica que es necesario destacar que tanto las víctimas como el investigado han ejercido el derecho a la defensa de sus intereses, para lo cual cuentan con abogados que ellos mismos han designado.
Además, señaló como importante tener presente que la exposición pública de las denunciantes podría generar su revictimización, por lo que se hace necesario salvaguardar su dignidad humana.
La nota concluye diciendo que preservando el derecho a la confidencialidad, privacidad y honor de todas las partes, sin poner el riesgo la sanidad del proceso, se mantendrá informada a la ciudadanía en la medida que se avance en la investigación.