La vivienda de ladrillos, ubicada en las afueras de la capital de Venezuela, está llena de baldes, jarras y tobos. El agua que contienen debe durarle una semana a una familia de ocho personas, pero no es suficiente para lavar ni para drenar el contenido de los sanitarios con frecuencia, por lo que la cocina está llena de ollas grasientas y un olor a orina rancia impregna toda la casa.
Y esa agua no ha sido tratada, por lo que los miembros de la familia presentan diarrea y vómito de manera regular.
“Prácticamente vivimos en el baño”, dijo la madre de la familia, Yarelis Pinto. Su hija Yarielys, quien está embarazada, estaba sentada cerca y lucía pálida e indiferente, recuperándose de su último episodio de diarrea a solo un mes del parto.
En Venezuela, la economía en ruinas y el colapso de la infraestructura estatal básica significan que el agua llega de manera irregular y beberla es una apuesta cada vez más riesgosa. Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa actual de mortalidad infantil por diarrea en Venezuela, una situación que está estrechamente vinculada a la calidad del agua, es seis veces mayor que hace 15 años.
Pero, desde hace años, el gobierno dejó de publicar datos oficiales de salud pública.
Así que The New York Times les pidió a los investigadores de la Universidad Central de Venezuela que recrearan el estudio de calidad del agua que, desde 1992 hasta 1999, habían realizado de manera regular para la empresa de servicios de agua en Caracas.
Los científicos descubrieron que aproximadamente 1 millón de residentes estaban expuestos a suministros contaminados. Esto los pone en riesgo de contraer virus transmitidos por el agua que podrían causarles enfermedades y que amenazan la vida de los niños y las personas más vulnerables.
“Esta es una epidemia potencial”, dijo José María De Viana, quien dirigió el servicio de agua de Caracas, Hidrocapital, hasta 1999. “Es muy grave. Es inaceptable”.
En el último estudio, se tomaron 40 muestras de los principales sistemas de agua de la capital y se analizaron para detectar bacterias y cloro, la sustancia que se usa para desinfectar el agua y hacerla potable. El estudio también examinó fuentes de agua alternativas utilizadas por los residentes de la ciudad durante los cortes del suministro.
Un tercio de las muestras no cumplió con las normas nacionales.
Según las reglas internas de Hidrocapital, la empresa de servicios públicos, ese resultado debería haber generado una alerta de saneamiento. Pero el gobierno de Venezuela no ha emitido ninguna alerta desde que el Partido Socialista Unido de Venezuela, el movimiento político del presidente Nicolás Maduro, asumió el poder hace veinte años.
“En este momento, el mayor riesgo para la salud que vemos es el agua y el saneamiento”, dijo el jefe de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Francesco Rocca, en un encuentro con periodistas extranjeros celebrado la semana pasada.
La economía estancada de Venezuela cayó en picada en 2014, cuando un colapso en los ingresos de las exportaciones del petróleo nacional expuso el fracaso de las desastrosas políticas de control de precios y divisas de Maduro. Desde entonces, la economía se ha derrumbado y Venezuela ha perdido dos tercios de su producto interno bruto y, al menos, el 10 por ciento de su población.
Los portavoces de Hidrocapital, el Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas y el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela no respondieron a nuestras preguntas sobre la calidad del agua potable en la capital.
Los riesgos que plantea la mala calidad del agua son particularmente amenazantes para una población debilitada por la escasez de alimentos y medicinas. Se trata de un problema que atraviesa la división social, política y geográfica de la capital al afectar tanto a las urbanizaciones acomodadas como a los barrios pobres, tanto a las zonas que apoyan a la oposición como a las que son leales al gobierno.
En Terrazas del Ávila, un barrio de clase media cuya agua, según el estudio, está contaminada con bacterias fecales, los residentes compran agua de compañías privadas para cocinar o beber, dijo Juan Carlos Castro, un médico y líder de la comunidad.
“Esto no es agua potable”, dijo sobre el agua de su grifo. “Es un peligro para la salud pública”.
Pero comprar agua es un lujo para las barriadas de la capital, donde muchas personas sobreviven con el salario mínimo mensual que equivale a 8 dólares.
Durante los apagones y los cortes de agua constantes, los miembros de la familia de Aleyda Sabino, en el barrio proletario de Carapita, van a un arroyo cercano para conseguir agua. Sabino sufre de una enfermedad renal y su médico le ordenó beber grandes cantidades de agua todos los días. Ella trata de hacerlo, aunque beber del arroyo a menudo le provoca fiebre, vómitos y diarrea.
“Siento que me enfermaré si bebo el agua, pero, si no lo hago, también me enfermaré”, dijo. Para hervir el agua es necesario tener gas, otro lujo que es inaccesible para muchas personas.
En general, el nuevo estudio mostró una disminución significativa en la calidad del agua de la ciudad durante las últimas dos décadas.
Construido con los ingresos petroleros de los gobiernos anteriores, el sistema público de agua de Caracas fue una hazaña de ingeniería que bombeaba 18,9 millones de litros de agua por segundo hacia el valle montañoso de la ciudad a través de complejos acueductos y cientos de kilómetros de tuberías.
El sistema era parte de una amplia inversión en infraestructura pública. El gas para cocinar, el deslumbrante metro con obras de arte vanguardista, las modernas autopistas y los elevados edificios de viviendas públicas de la ciudad fueron ejemplos de modernidad en un continente descuidado y volátil.
Pero mientras que el resto de América del Sur logró mejoras drásticas en el acceso al agua potable durante las últimas dos décadas, los avances de Venezuela se vieron afectados por la falta de inversión, la mala gestión y seis años consecutivos de una economía colapsada bajo el gobierno de Maduro.
Fuera de Caracas el colapso de la infraestructura del agua es aún más profundo, lo que ha dejado a millones sin suministros regulares y obligado a las comunidades a cavar pozos y depender de ríos no tratados.
El colapso de los servicios de agua se ha acelerado en los últimos dos años, según encuestas realizadas por universidades y organizaciones no gubernamentales. Durante ese tiempo, los cortes de energía, los cortes de tuberías, la escasez de productos químicos y el éxodo masivo de personal calificado afectaron los servicios públicos de agua.
Ahora, el Banco Interamericano de Desarrollo estima que solo el 30 por ciento de los venezolanos tiene acceso constante a fuentes de agua potable, comparado con el 60 por ciento registrado en el año 2000.
“No se había presentado un deterioro de esta magnitud y duración en la historia reciente de la región”, dijo Sergio Campos, el principal experto en agua del Banco Interamericano de Desarrollo.
El estudio encargado por The Times mostró que el principal sistema de suministro de agua, que proporciona alrededor del 60 por ciento del agua de la capital, está especialmente afectado. Más de la mitad de las muestras tomadas del sistema no tenían suficiente cloro y casi dos tercios de sus muestras presentaron niveles de bacterias que excedían los límites permitidos.
Las autoridades venezolanas no han publicado ningún dato de salud pública desde al menos 2017. Pero la evidencia basada en encuestas recopilada por grupos locales de defensa de la salud muestra una correlación entre la disminución del suministro de agua y el aumento de las enfermedades transmitidas por el agua.
La incidencia de hepatitis A, una infección hepática, aumentó 150 veces más de lo normal en Terrazas del Ávila, el vecindario de clase media, luego de un corte de agua prolongado en marzo, dijo Castro.
En los barrios pobres cercanos, conseguir, desinfectar y almacenar suficiente agua potable es una lucha diaria y un juego de azar de alto riesgo.
En marzo, cuando un gran apagón dejó a muchos sin agua, cientos de personas fueron a llenar sus jarras con agua del río Guaire, el cual lleva de aguas residuales. En el barrio vulnerable de Petare, en el este, los residentes emboscan a los camiones de agua para obligarlos a descargar en sus vecindarios.
En San Isidro, otro vecindario popular, el agua fluyó durante dos días en septiembre por primera vez en seis meses. El líquido salía oscuro por el lodo que se acumuló en las tuberías vacías.
El estudio encontró un exceso de bacterias en la mayoría de las fuentes de agua alternativas utilizadas por los residentes de Caracas, como los manantiales de montaña, el agua que se vende en las tiendas y las cisternas.
Los investigadores dicen que los altos niveles de bacterias detectados en las muestras probablemente son causados por la insuficiencia de cloro y el suministro inestable. Estos problemas han sido causados por la falta crónica de mantenimiento, la mala gestión y la recesión económica, dicen los expertos.
Hasta 2015, Dorka López administró una planta de tratamiento de agua que da servicio a unas 220.000 personas en La Guaira, una ciudad cercana a la capital. El proceso de purificación de cinco etapas se redujo a solo una, la inyección de cloro, después de que un deslave afectó a la planta en 2013, dijo. No se hizo ningún intento por repararla.
Gradualmente, la planta dejó incluso de analizar la calidad del agua que se suponía que debía tratar, dijo. Los miembros del personal empezaron a llevar su propia agua potable al trabajo.
“Ya no estábamos tratando el agua, simplemente la mandábamos”, comentó.