La Organización Marítima Internacional (OMI) impulsa el Acuerdo de Ciudad del Cabo sobre seguridad de los buques pesqueros, además de combatir la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada.
Panamá, representada por una delegación de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) participa en la Conferencia Ministerial de la Organización Marítima Internacional (OMI) Pesca Segura, Pesca Legal, que se realiza en Torremolinos, Málaga, España.
El foro internacional donde participan alrededor de 100 países tiene como objetivo la promoción de la ratificación del “Acuerdo de Ciudad del Cabo, un tratado internacional fundamental para la seguridad de los buques pesqueros”.
El director general de Gente de Mar Juan Maltez afirmó que “la pesca es una de las profesiones más peligrosas del mundo, en el acuerdo se incluyen requisitos que servirán para proteger la vida y evitar que fallezcan pescadores dentro de una profesión de alto riesgo, sumado a que, si están realizando faenas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), la situación para esta gente de mar, en cuanto a proteger sus vidas se complica aún más”.
El subdirector de Marina Mercante Demóstenes Sánchez afirmó que “Para Panamá, como país líder en abanderamiento de naves, es importante la participación en este foro, ya que demuestra su responsabilidad y compromiso como Estado; además, es una gran oportunidad para intercambiar conocimientos y realizar valiosos aportes en materia técnica”.
En la conferencia internacional participa el enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los océanos, Peter Thompson; el primer ministro de Islas Cook, Henry Puna; el ministro de Fomento de España, José Luis Ábalos Meco; el secretario general de la OMI, Kitack Lim, junto a otros ministros, embajadores y delegados de 111 países.
El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 es un instrumento clave de la OMI que establecería medidas mínimas de seguridad muy necesarias para los buques pesqueros a nivel mundial, pero que aún no está en vigencia.
Su entrada en vigor supone un gran impulso para la mejora en la seguridad de los buques pesqueros y proporcionará un mecanismo para que los Estados de abanderamiento y Estados rector de puerto vigilen su cumplimiento.