Transportistas de carga terrestre a nivel nacional denuncian una serie de irregularidades cometidas presuntamente por líneas navieras establecidas en el país.
El Consejo Empresarial Logístico (COEL) que aglutina unas 20 organizaciones empresariales se pronunció frente a la situación que atraviesan los transportistas de carga terrestre y las líneas navieras del país.
A través de un comunicado, el COEL pidió al Gobierno Nacional agilizar lo más pronto posible una mesa de diálogo y de consulta que de respuestas concretas y que ayude a resolver el problema que presenta este sector.
El gremio empresarial considera necesario evitar a futuro repercusiones negativas que afecten al Hub Logístico del país.
El pronunciamiento de COEL se da en virtud al llamado urgente al diálogo solicitado por los transportistas de carga terrestre al Gobierno Nacional tras denunciar una serie de irregularidades cometidas presuntamente por líneas navieras establecidas en el país.
Detallan que en la actualidad existen líneas navieras que están demorando los pagos por el servicio terrestre hasta 90 días, a pesar de que, generalmente las líneas navieras le cobran al consignatario final por adelantado para poder liberar la carga, lo que afecta seriamente la operación de flujo al transportista quién prácticamente está financiando la operación, obligándose a hacer factoring en algunos casos con las mismas líneas navieras.
“Tenemos líneas convertidas en operador logístico multimodal, lo cual está desplazando al transportista de carga, induciendo al cliente a usar (únicamente su servicio). Hay líneas navieras utilizando la figura de intermediarios para pagar el flete terrestre al transportista sin hacer la debida diligencia e investigación; evitando con esto, que se le facture directamente a la línea, quien si cobra al consignatario de la carga, pero eludiendo su responsabilidad de pagar directamente por el servicio terrestre”, detallan los transportistas de carga terrestre.
Aseguran que esto deja en total indefensión a los proveedores del servicio, como ya ocurrió con la naviera Hanjin, quienes repentinamente cerraron sus operaciones dándose a la quiebra, dejando una importante deuda con los transportistas y proveedores de nuestro país.
Agregan que el Estado debe garantizar la libre competencia y las buenas prácticas, procurando iguales oportunidades para todos, además de buscar un equilibrio y no el aprovechamiento desmedido de un sector sobre los demás sectores que forman parte del ejercicio de la actividad.