El envío de dinero que tenga como origen el lavado de dinero y otros delitos ameritará cárcel.
El Consejo de Gabinete aprobó este martes un proyecto de ley que adiciona el artículo 253-A al Código Penal, el cual establece “quien realice el servicio de transferencia de dinero a través de sistemas no registrados, transmisión de fondos, compensación de fondos o por cualquier otro medio, sin estar autorizado por autoridad competente, será sancionado con prisión de ocho a quince años”.
Esta norma se aplicará como medida contra el envío de remesas de dinero, al margen de la ley, entiéndase el lavado de dinero y la utilización de fondos provenientes de delitos- lo cual afecta el buen funcionamiento del Centro Bancario y Financiero del país.
Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas dijo que por años el envío de remesas de forma ilegal ha sido regulado solo en la esfera administrativa, pero ha sido ineficiente para su erradicación.
Alexander dijo que esta será una “medicina preventiva y disuasiva” que servirá para desestimular esta práctica, penalizando las remesas ilegales, con penas de 8 a 15 años de cárcel, porque hay preocupaciones con lo que se hace con estos fondos, que son usados para financiar prácticas terroristas y compras de armas entre otras.
La inserción en el Código Penal de la figura del envío o transferencia de fondos o dineros sin tener la autorización pertinente, permite que entidades idóneas y con la estructura necesaria para la investigación de delitos financieros como el Ministerio Público, la Dirección de Investigación Judicial, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, puedan participar y afrontar de forma adecuada este tipo de actividades que tanto daño hacen al país.
El proyecto de ley aprobado la noche de este martes en la reunión del Consejo de Gabinete debe ser presentado ante la Asamblea Nacional.