Los corredores de aduanas aseguran que esta situación está afectando a miles de empleos panameños de la micro y pequeña empresa.
La Unión Nacional de Corredores de Aduanas de Panamá (UNCAP), denunció ante la Autoridad Nacional de Aduanas y ante el Ministerio Público (MP), supuestas prácticas ilegales en los que estarían incurriendo algunas agencias navieras transnacionales en el servicio de transporte logístico en el país.
Dessiree Montero, presidenta de la UNCAP, denunció que empresas navieras, violando las leyes panameñas, se han dado a la tarea de ofrecer los servicios de corretaje y agenciamiento aduanero, lo cual está estrictamente prohibido.
“El sistema logístico panameño enfrenta una amenaza real a su integridad debido a las ambiciones de empresas navieras transnacionales de acaparar y monopolizar el negocio logístico, la estructura del sistema logístico está conformada de acuerdo con la ley, por operadores de diferentes niveles, los cuales son complementarios, y ese equilibrio del transporte logístico está entredicho con esta ilegalidad de las navieras”, señaló Montero.
Explicó que por ley, la actividad logística la desarrollan las empresas de transporte internacional marítimo (navieras), los agentes o agencias de carga, los agentes corredores de aduanas y los transportistas terrestres internos que realizan acarreos a nivel nacional.
“En el momento en que un operador invade el campo de responsabilidad de otro, se rompe el balance del sistema. Esto ocasiona que los operadores se vean desplazados en sus responsabilidades y como consecuencia, causa la pérdida de empleos”, sentenció.
Venancio Serrano, asesor legal de la UNCAP, explicó que la denuncia presentada ante Aduanas se da en virtud de que las líneas navieras están ofreciendo servicios de transporte y corretaje y la denuncia ante el Ministerio Público es porque estas empresas están ofreciendo servicios que le están estrictamente prohibidos y violando las leyes panameñas.
“Estas violaciones consisten en la posible infracción del artículo 381 del código penal, que se refiere a ejercer una profesión para la cual se requiere idoneidad, sin tenerla, lo cual es penado con prisión de dos a cinco años”, indicó Serrano.
Los directivos de la UNCAP señalan que se mantienen vigilantes, en conversaciones y consultas con los demás gremios afectados y están a la espera de los resultados que emanen por parte de la Autoridad Nacional de Aduanas y del Ministerio Publico, a fin de que no solamente se respete y se cumpla la Ley, sino que se proteja al micro y pequeño empresario, responsabilidades estas que la propia Constitución Nacional, ordena al Estado.