En Panamá hay impunidad en delitos ambientales

En Panamá hay impunidad en delitos ambientales
Abogado Donaldo Sousa. Foto: Captura de pantalla

En lugar de perseguir a los que atentan contra el medio ambiente, autoridades persiguen a activistas ambientales, denuncian organizaciones ecologistas.

El abogado Donald Sousa Guevara, de la Asociación de Derecho Ambiental  mediante un comunicado manifestó que diariamente  se come el crimen ambiental, contra la dimensión ambiental del país, asociaciones y comunidades afectadas, han interpuesto, más de 100 denuncias administrativas, recursos y denuncias criminales ante las autoridades competentes en los últimos años, pero la persecución es en contra de los activistas.

Resalta el escrito que solo en aquellas denuncias donde se logra firme apoyo de la comunidad y por contradicciones en el poder, se logra el objetivo, como el caso de la gasolinera en Balboa, los estacionamientos de la Corte Suprema, las canteras de Cárdenas, las Vallas publicitarias en el aeropuerto de Albrook, las hidroeléctricas en Rio Grande y otras, debido a la total entrega del sistema al poder político y económico imperante.

“En Panamá, no se persiguen los delitos ambientales que hemos denunciados, con nuestra asociación, cometidos por las empresas y los altos funcionarios, ministros y el administrador de la ACP, sino todo lo contrario, se reprimen a los que luchan por la dimensión ambiental” indica la asociación ambiental.

Ponen como ejemplo  la lucha por la calidad de vida de los campesinos y la desaparición del Padre Héctor Gallego y la luchas de los Técnicos Forestales para proteger la provincia  Darién.

Actualmente se mantienen denuncias  y demandas civiles contra, los directivos de la Asociación El Doral, El Crisol, Coco del Mar, Larissa Duarte y hasta amenazas de muerte contra la activista ambiental Ligia Arriaga y otras modalidades de persecución, como las auditorias integrales de la DGI, contra los Ecologistas.

“Ante esta grave situación, nuestras asociaciones, denuncian firmemente, la actitud represiva de nuestras autoridades, que no investigan las denuncias ambientales, contra los empresarios y altas autoridades, permitiendo el crimen ambiental y el gran daño que ello comporta a todos los panameños y a la vez hacen un llamado a todos los panameños y sus organizaciones, a manifestar nuestra solidaridad con los activistas ambientales y la defensa de la dimensión ambiental del país”, puntualizan.

Una Respuesta
  1. Otro problema, es que el Ministerio Público, adolece de profesionales idóneos para llevar los peritajes ambientales y se apoya en instituciones como la ANAM, ARAP, MIDA Y AMP, para realizar estos peritajes. Resulta que el poder económico presiona a los funcionarios por medio de sus jefes y amenazando despedirlos. Yo fui perito en el caso de la destrucción de manglares en la claridad de Chame en el caso del Sr. Rodolfo Charro Espino, donde con valentía fuimos a fiscalía a dar la versión de nuestra informe, el cual fue hasta falsificado y puesto en un periódico de la localidad. El juez Masa de la Chorrera indicó que no había delito y ponderó más las palabras de un corregidor sin estudios técnicos en la materia que la de un técnico especialista en evaluación de impacto ambiental y encargado de manglares de la Unidad Ambiental de la AMP. Luego este fallo lo tumba el magistrado Mitchell en la Corte y se condena al Sr. en cuestión a 46 meses de prisión que luego fue a casación y de allí no hemos sabido nada más (Engavetado). Y así como este muchos otros están en el aire. Alexis Eduardo Sandoval Cajar, Ingeniero Agronomo y Evaluador de Impacto Ambuental

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