Las filas en las oficinas del DMV en la ciudad de Nueva York rodeaban los edificios. En una sucursal en el Bronx, los trabajadores salieron a las 12:30 para informarle a la gente de la fila que la sala de pruebas de la oficina estaba llena.
En el costado del río Hudson donde se encuentra Nueva York, las filas afuera de algunas oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por su sigla en inglés) se extendían varias cuadras el 16 de diciembre, pues la gente buscaba aprovechar una nueva ley estatal que permite que los inmigrantes no autorizados obtengan licencias de conducir.
Ese mismo día, el primero en que la llamada Ley Luz Verde de Nueva York entró en vigor, los legisladores del territorio vecino de Nueva Jersey aprobaron una legislación similar.
La acción que se desarrolla en los dos estados altamente demócratas se opone al contexto de políticas migratorias de línea dura del presidente Donald Trump que tienen como propósito limitar la entrada de inmigrantes a Estados Unidos y que han incluido la separación de niños y padres en la frontera.
Las decisiones del gobierno desataron un debate nacional intenso respecto de la inmigración, ante el cual Nueva York se pronunció en junio cuando sus legisladores aprobaron un proyecto de ley que permite otorgar licencias de conducir a los residentes inmigrantes sin documentos.
Esa decisión fue celebrada tanto por inmigrantes no autorizados como por activistas. El 16 de diciembre, las oficinas en Nueva York se saturaron cuando la gente que antes no podía obtener permisos comenzó a formarse, con documentos en mano, para presentar su solicitud con el fin de conducir de manera legal.
En Nueva Jersey, activistas de inmigración e inmigrantes no autorizados también habían luchado durante años por el derecho a obtener licencias de conducir en un estado con una cuantiosa población inmigrante, que en gran medida se define por sus suburbios y tramos rurales, y donde el transporte público a menudo no está disponible o no es confiable.
Actividades como comprar provisiones, transportarse al trabajo, llevar a un niño a la escuela y visitar a un médico dependen de la capacidad de conducir de manera legal, según han argumentado los que apoyan esta medida.
“Es un tema de sobrevivencia”, dijo Eva Gómez, de 39 años, una inmigrante no autorizada mexicana que vive en Passaic, Nueva Jersey.
El 16 de diciembre, la batalla librada arduamente terminó cuando la legislación que autoriza las licencias de conducir para los migrantes que no están en el país de manera legal se aprobó en la legislatura estatal controlada por los demócratas. El gobernador Philip D. Murphy dijo que de inmediato promulgaría la ley, lo que convierte a Nueva Jersey en el décimo quinto estado en otorgar licencias de conducir a inmigrantes no autorizados.
Adriana González, de 26 años, de Toms River, Nueva Jersey, dijo que no es exageración afirmar que estas licencias serán absolutamente esenciales para las vidas de sus padres, inmigrantes no autorizados. “Les cambiará la vida”, dijo González. “Manejar es la parte más intimidante de nuestro día a día”.
El proyecto de ley de Nueva York aumentó las formas de identificación que podían usarse para solicitar una licencia de conducir, que ahora incluyen una licencia válida del extranjero, un pasaporte o una identificación del país de origen del solicitante y un acta de nacimiento. Todavía es obligatorio que los solicitantes aprueben tanto exámenes escritos como pruebas de manejo.
Una portavoz del Departamento de Vehículos Motorizados del estado dijo que sus oficinas estaban recibiendo a más gente el 16 de diciembre, como lo habían previsto los funcionarios.
En ese momento, Roldán Martínez, de 33 años, quien dijo que era la primera vez que solicitaba una licencia, llevaba una hora esperando en la fila. “Ya no hay espacio hoy”, dijo Martínez. “Lo intentaré de nuevo mañana”.
En un marcado contraste con la actitud entusiasta de quienes intentan obtener permisos de conducir, la nueva ley del estado siguió encontrando resistencia en los secretarios de condado que se encargan de las oficinas de Vehículos Motorizados en zonas conservadoras del norte del estado de Nueva York, quienes han dicho que se rehusarán a emitir los permisos.
El secretario del contado de Rensselaer, Frank Merola, dijo el 16 de diciembre que su oficina no aceptaría solicitudes de inmigrantes no autorizados, con el argumento de que sus empleados no tienen la capacitación ni la experiencia para determinar si los pasaportes extranjeros eran auténticos.
“En todos los años que he trabajado aquí, jamás hemos aceptado documentos extranjeros”, dijo Merola en una entrevista. “Y ahora quieren que los analicemos y emitamos un juicio”.
Merola, republicano, dijo que su decisión era práctica, no política. Comentó que se había enviado a una oficina más grande en Albany a quienes habían querido presentar su solicitud en Rensselaer. Los funcionarios de esa oficina parecían estar listos para procesar las solicitudes, y dos empleados recibían a los solicitantes en la puerta.
En Nueva Jersey, donde todas las licencias son emitidas por la Comisión de Vehículos Motorizados, los activistas no esperaban que hubiera obstáculos similares. Sin embargo, la acción legislativa en Trenton llegó tras años de esfuerzos de activistas para mitigar las objeciones filosóficas de los opositores y los temores de los simpatizantes acerca de que un voto a favor pudiera ser fatal en términos políticos.
El asambleísta Erik Peterson, un republicano del condado de Hunterdon, dijo que la legislación recompensaba a las personas por violar la ley.
“Violaron la ley para llegar aquí”, dijo Peterson la semana pasada durante una audiencia en la Cámara de Representantes del estado. “¿Así que estamos dándoles facilidades a las personas que violaron la ley?”.
Otros en Nueva Jersey advirtieron sobre consecuencias no deseadas: que queden registrados para votar algunos inmigrantes no autorizados por error al otorgarles la licencia; el riesgo de que la información privada de los migrantes pueda compartirse con autoridades federales de inmigración, y que vengan migrantes al estado solo a obtener un permiso.
“Me preocupa que esto abra la puerta a un mercado negro clandestino”, dijo el reverendo Philip Rizzo, el pastor de la Iglesia Bautista de la Ciudad en Hoboken y North Bergen.
Los permisos no serían válidos como identificación para viajar en avión y serían distintos de los carnés de identidad que se exigirán a partir del año próximo en los puntos de revisión de seguridad de los aeropuertos. La documentación precisa que puede usarse para las solicitudes se determinará después.
Brenda S. Fulton, la administradora de la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey, dijo que ofrecer permisos a inmigrantes no autorizados aumentaría el número de conductores asegurados. “Nuestras carreteras son más seguras cuando nuestros conductores han realizado las prácticas, han sido evaluados y cuentan con un seguro”, testificó Fulton la semana pasada.
Sin embargo, en un estado con la quinta población más grande de residentes no autorizados en Estados Unidos, los migrantes hablaron de los beneficios de los permisos en términos mucho más personales.
Halexther Rivero tenía 3 años cuando se fue de Venezuela con su madre y su hermana y llegó a Estados Unidos, por lo cual fue admitida en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), la medida ejecutiva que protegía de la deportación a las personas que fueron traídas al país de pequeños. No obstante, Rivero no hizo su solicitud antes de que Trump pusiera fin al programa en 2017.
Rivero, de 20 años, está especializándose en biología en una universidad comunitaria en Newark. Después de su clase, toma el autobús para ir a casa en Elizabeth.
“Cuando sales de noche todo está totalmente oscuro”, dijo Rivero. “Me sentía diez veces más segura cuando podía conducir a casa”.
Gente formada afuera de las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York el lunes 16 de diciembre de 2019. La ley de Nueva York que permite que los inmigrantes no autorizados obtengan permisos de conducir entró en vigor el lunes. Se espera que Nueva Jersey apruebe un proyecto de ley similar. (Elizabeth D. Herman/The New York Times)