,

Opinión: Magnicidio, la palabra que incrimina al ataque letal de Trump

Opinión: Magnicidio, la palabra que incrimina al ataque letal de Trump
La procesión fúnebre para el mayor general Qassem Soleimani en Teherán, Irán, el 6 de enero de 2019. Una sola palabra se ha convertido en un foco de preocupación sobre la decisión del presidente Donald Trump de matar al máximo general de Irán: asesinato. (Arash Khamooshi / The New York Times)

Una sola palabra se ha convertido en el tema central de las preocupaciones sobre la decisión del presidente Donald Trump de asesinar a un alto general iraní: magnicidio.

No existe una definición fija y formal de magnicidio. Pero, al igual que muchas etiquetas con carga política, esta palabra ha adquirido un significado más amplio que cualquiera de sus definiciones y resume la preocupación de que la decisión de Trump de matar al general de división Qasem Soleimani haya sido poco ética, ilegítima y peligrosa.

El gobierno estadounidense dice que su ataque a Soleimani no fue un magnicidio y lo calificó como un uso legítimo y justificable de la fuerza.

El magnicidio se define coloquialmente como el asesinato, o algunas veces homicidio, con propósitos políticos de un alto dirigente, aunque en ocasiones puede tratarse de otro tipo de figuras.

Parece que la muerte de Soleimani se apega a esa descripción. Era uno de los personajes más importantes en el gobierno de Irán, un país que, de manera formal, no está en guerra con Estados Unidos. Pese a que las justificaciones del gobierno de Trump se han centrado en detener lo que según él era un ataque “inminente”, también han incluido propósitos políticos, como cambiar la conducta de Irán.

No obstante, existe una segunda definición.

Estados Unidos vetó el magnicidio en 1976, pero no lo definió. Desde entonces, décadas de interpretaciones legales y fijación de precedentes han originado una interpretación de magnicidio que es compleja, cuestionada y cada vez más restrictiva con cada gobierno.

Las facultades del gobierno para atacar a personas extranjeras se están volviendo más amplias así como “más cuestionadas y más complejas”, afirmó Susan Hennessey, directora ejecutiva de Lawfare, un sitio web de negocios jurídicos. “El término ‘magnicidio’ es como lo opuesto a eso, la identificación del grado al que el gobierno ha rebasado su autoridad y violado su propio veto”.

Gobiernos anteriores han ampliado esa autoridad de manera tan sustancial que “si se encuestara a los académicos en el ámbito jurídico, quizás veríamos un consenso bastante general de que tal vez es legítimo”, dijo en referencia al asesinato de Soleimani.

Pero eso no haría que su muerte fuera justa, moral ni sensata, recalcó Hennessey, solo encajaría en los precedentes legales establecidos por los gobiernos anteriores. Y cualquier argumentación sigue siendo hipotética. El gobierno no ha presentado ninguna justificación legal, lo que genera la preocupación de que quizás haya actuado sin establecer primero la legalidad de la orden.

Tal vez la brecha entre las definiciones coloquiales y legales revela más que un problema lingüístico. Equivale a una división cada vez mayor entre las actitudes en cuanto al uso apropiado de la fuerza letal y las facultades autoasignadas de la presidencia de Estados Unidos para asesinar a gente en el extranjero.

Al llevar esas facultades a nuevos extremos, la muerte de Soleimani renueva el interés por saber cómo llegaron a ser tan amplios y a estar tan envueltos en la opacidad del poder ejecutivo que un acto que satisface casi cualquier definición coloquial de magnicidio podría considerarse admisible en términos legales.

¿Cuándo se considera un homicidio como magnicidio?

Resulta útil analizar el propósito del veto original del magnicidio.

En la década de 1970, las investigaciones del Congreso revelaron una serie de planes o intentos de Estados Unidos para asesinar a dirigentes extranjeros, lo que provocó un gran escándalo tanto dentro como fuera del país. Los planes se consideraron violaciones a las normas internacionales y a los valores estadounidenses, y también se dijo que ponían en riesgo a los dirigentes del país.

El presidente Gerald Ford emitió una orden que prohibía al gobierno llevar a cabo un “asesinato político”, pero no definió explícitamente ese término. Más allá de la clara intención de frenar más planes contra dirigentes extranjeros, no se sabía qué implicaciones tenía esa orden.

Los abogados del gobierno de Reagan argumentaron que un asesinato tenía que ser ilegítimo para que se calificara como magnicidio, una interpretación que ha prevalecido.

Kenneth Anderson, profesor de Derecho de la American University quien asesoró al gobierno de Obama en su programa para atacar a presuntos terroristas en el extranjero, señaló que el magnicidio llegó a implicar, en términos generales, un asesinato ilegítimo por parte del gobierno.

Sin embargo, los abogados del poder ejecutivo normalmente determinan cuándo el gobierno tiene la facultad de matar a alguien en el extranjero.

“Se basa en una especie de argumentación circular”, comentó Hennessey. “Cualquier cosa que haga el poder ejecutivo, dirán que es legítimo, así que van a decir que nunca se trata de un magnicidio”.

A partir del presidente Ronald Reagan, cada gobierno ha ampliado esas facultades, restringiendo a su vez, lo que el gobierno podría considerar como magnicidio.

Esas ampliaciones a menudo se enfocaban en amenazas terroristas como la decisión, en 1984, de los abogados de la CIA de que el gobierno podía atacar a miembros de Hezbolá, un partido libanés. Su lógica era que los ataques anteriores de Hezbolá lo convertían en una amenaza latente, por lo que matar a sus miembros equivalía a actuar en defensa propia.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 —y las exigencias públicas subsecuentes de que los presidentes detuvieran a los terroristas antes de que atacaran— dieron lugar a ampliaciones aún mayores, lo cual dejó a Trump con un abanico de interpretaciones legales y precedentes a los cuales recurrir.

¿Fue legal la orden de Trump?

El gobierno de Trump ha aludido a dos justificaciones legales, pero no las ha planteado de manera explícita: que el general era un objetivo bélico legítimo y que matarlo era un acto justificable de defensa propia.

El gobierno ha citado, como autoridad legal, la Autorización del Uso de la Fuerza Militar contra Irak de 2002, la cual aprobó la invasión a Irak. Dicha autorización aún está vigente y otorga facultades legales como si la guerra nunca hubiera terminado.

Si el gobierno puede demostrar que las actividades de Soleimani en Irak lo convertían en un adversario en ese conflicto, puede invocar a la autoridad en tiempos de guerra para convertirlo en un blanco, afirmó Anderson.

El gobierno ha destacado principalmente las aseveraciones de que Soleimani planteaba una “amenaza inminente” para la vida de los estadounidenses y ha aludido a precedentes legales establecidos por presidentes anteriores.

Los gobiernos de Bush y Obama concluyeron que podían, bajo ciertas condiciones, matar legítimamente a alguien que constituyera una amenaza inminente, o cuyas acciones en el pasado indicaran que podría plantear una amenaza futura. Sus conclusiones, que se apoyaron en interpretaciones del derecho interno e internacional que permitían los ataques para detener amenazas inminentes, formaron la base de gran parte de sus programas de asesinatos selectivos. No obstante, existen pruebas de que el gobierno de Estados Unidos usa una definición amplia de “inminente”, y muchas personas cuestionan si en verdad se apega a las normas jurídicas internacionales.

Anderson señaló que casi era una certeza que matar a Soleimani se habría considerado adecuado conforme las normas jurídicas utilizadas por el gobierno de Obama, y lo calificó como “susceptible a ser atacado” debido a sus participaciones anteriores en la supervisión de ataques contra fuerzas estadounidenses por parte de extranjeros.

Sin embargo, el gobierno de Trump al principio dijo que su ataque buscaba disuadir atentados futuros, no detener uno actual. Además, ha proporcionado pocas pruebas que fundamenten sus aseveraciones acerca de una amenaza inminente, y algunos funcionarios afirman en privado que el caso es débil y tal vez no represente el verdadero propósito de Trump.

Pese a que algunas personas sostienen que el hecho de que Estados Unidos haya denominado al grupo militar de Soleimani una organización terrorista apuntala el argumento de matarlo, algunos académicos en el ámbito jurídico dicen que esto carece de relevancia para determinar si él era una amenaza inminente.

Matar a Soleimani nada más por razones políticas, o sin una justificación jurídica suficiente como para considerarlo una amenaza inminente, haría que Trump enfrentara acusaciones de que el asesinato fue ilegítimo y que, por lo tanto, constituye un magnicidio.

Una ironía histórica

Matar a Soleimani marcaría una intensificación importante en la aplicación de la autoridad del presidente, incluso si pudiera basarse en las justificaciones legales habituales.

Según Anderson, esas facultades se establecieron en un momento en que “las circunstancias no eran las mismas en materia geopolítica”.

Los precedentes establecidos en la época de Al Qaeda y del Estado Islámico se están trasladando hacia un mundo nuevo de luchas de poder regionales y conflictos entre poderes financiados por el Estado. Pero los ejércitos extranjeros pueden tomar represalias de maneras que los grupos terroristas improvisados no pueden imitar. Además, tal como se está enterando Trump, infringir la regla que prohíbe matar a líderes extranjeros puede dar lugar a un aislamiento internacional.

Como parte de una ironía histórica, esas facultades ampliadas han llevado a Estados Unidos de regreso a la misma acción que al parecer quería vetar la prohibición del magnicidio de 1976: matar a un alto dirigente en un país con el que no estamos en guerra.

En gran medida, al igual que las tramas de la Guerra Fría que motivaron ese veto, el ataque de Trump está dirigiendo la atención hacia los peligros que representa una autoridad del Ejecutivo sin restricciones.

“Desde luego, esto justifica algunas de las inquietudes que tenían los que rechazaban las aseveraciones del gobierno acerca del Poder Ejecutivo en esta área”, señaló Hennessey, y sostuvo que también quedó demostrada la poca disposición del Congreso a controlar el poder del presidente.

Los detractores dijeron que los programas de asesinatos selectivos de la era de Bush y Obama eran cuestionables en términos legales y éticos, y alegaron que sentaban precedentes peligrosos. Muchas personas dijeron que esa práctica era magnicidio, e insinuaron que las justificaciones legales no tenían fundamento.

Aunque los académicos piensen que los precedentes quizá allanaron el camino para el ataque de Trump, algunos manifiestan inconformidad tanto con la ley subyacente como con los resultados en el mundo real.

“Muchos de estos aspectos legales se están cuestionando”, comentó Ashley Deeks, profesora de Derecho en la Universidad de Virginia, en el pódcast de Lawfare. “¿Qué marco legal siquiera se aplica al asesinato? ¿Qué significa que una amenaza sea inminente? ¿Acaso ese es el criterio adecuado para la actualidad?”.

Cortejo fúnebre del general de división Qasem Soleimani, en Teherán, Irán, el 6 de enero de 2020. (Arash Khamooshi/The New York Times)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *