WASHINGTON — Para cuando el Senado inició los juicios políticos de Andrew Johnson y Bill Clinton, sus miembros ya conocían bastante bien los hechos de las acusaciones que se habían planteado en contra de los presidentes. Ninguno tuvo que ver “The Rachel Maddow Show” para enterarse de algo que no supiera ya.
Sin embargo, para cuando los senadores se reunieron formalmente el 16 de enero como tribunal para el juicio político del caso de Donald John Trump, seguían surgiendo nuevas revelaciones, y muchas preguntas importantes permanecían sin respuesta. Las entrevistas recientes que otorgó Lev Parnas, empresario nacido en la otrora Unión Soviética y socio de Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente, así como los documentos publicados por los investigadores de la Cámara de Representantes solo han consolidado el hecho de que hay mucho que aún no se sabe.
Es posible que nada de esto influya en el resultado, incluso si se da a conocer más información en las próximas semanas. En su mayoría, los miembros del cuasijurado que prestaron juramento el 16 de enero para hacer “justicia imparcial”, ya han dado señales de su parcialidad. Además, lo que se ha documentado hasta ahora esboza un retrato bastante claro de los esfuerzos que Trump llevó a cabo para presionar a Ucrania a fin de conseguir información incriminatoria sobre sus rivales políticos, aunque eso constituya o no una causa para su destitución.
No obstante, aún hay tantos cabos sueltos por atar que la historia se siente incompleta. ¿Acaso Trump sabía “todo lo que estaba sucediendo”, como lo dijo Parnas en una entrevista con The New York Times que llevó a cabo el mismo día en que apareció en el programa de Maddow en MSNBC? ¿Es verdad que un embajador estadounidense que estaba en la mira de Trump fue vigilado por un socio errático de Parnas, como lo indican los mensajes de texto?
Un hecho que destacó la inestabilidad de la historia fue la publicación de un nuevo informe condenatorio el 16 de enero por parte de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por su sigla en inglés), un organismo independiente. El informe concluyó que la oficina del presupuesto federal violó la ley federal al suspender, por órdenes de Trump, la asistencia en materia de seguridad para Ucrania incluso mientras el presidente y sus socios estaban presionando a la antigua república soviética para que les ayudara a vencer a los demócratas. La evidencia presentada por la oficina de rendición de cuentas podría ser considerada relevante en un juicio por separado que, en parte, está tratando la suspensión de la ayuda.
Además, la disposición a testificar que expresó John Bolton, el exasesor de seguridad nacional del presidente que denunció en privado el “negocio de drogas” geopolítico que orquestaron los otros asesores de Trump, solo enfatiza que muchos de los actores clave de esta trama de intrigas aún no han revelado públicamente lo que saben.
Al igual que casi todo lo que sucede en Washington a últimas fechas, la información faltante se ve a través de lentes sumamente distintas que dependen de la perspectiva política del espectador.
Para los demócratas, las revelaciones de Parnas y la disposición de Bolton a testificar solo apuntalan su argumento a favor de convocar testigos durante el juicio en el Senado, que se pondrá en marcha oficialmente el martes, 21 de enero. Si la mayoría republicana liderada por el senador Mitch McConnell de Kentucky se rehúsa a hacerlo, los demócratas dicen que estará perpetuando el encubrimiento de un presidente corrupto.
“Tanto las revelaciones sobre Parnas como la opinión de la GAO validan nuestra insistencia en que haya testigos y documentos en el juicio”, les dijo a los reporteros el senador Chuck Schumer de Nueva York, líder de la minoría demócrata en el Senado. “En particular, la opinión de la GAO deja en claro que los documentos que solicitamos en nuestra carta al líder republicano McConnell, se necesitan más ahora que cuando los solicitamos el mes pasado. Porque, en pocas palabras, el presidente Trump infringió la ley”.
Para los republicanos, la serie reciente de declaraciones y divulgaciones son pruebas de que los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron una investigación mal hecha que no era lo suficientemente exhaustiva antes de precipitarse a realizar una votación, a fin de cuentas, partidista en el pleno de la Cámara de Representantes. Los republicanos afirman que el Senado no tiene por qué encargarse de lo que la Cámara de Representantes no logró hacer.
“Esto los hace ver muy descuidados”, dijo Solomon L. Wisenberg, asesor independiente adjunto durante la investigación que fundamentó la impugnación y el juicio político de Clinton hace 21 años. “Creo que debieron haberse organizado mejor”.
Wisenberg dijo que los demócratas de la Cámara de Representantes debieron haber autorizado una investigación de juicio político y emitido citatorios para Bolton y cualquier otra persona que quisieran interrogar. “Así no estarían metidos en este lío”, comentó.
De una u otra manera, es evidente que el Senado va a iniciar el juicio en una posición muy distinta a la de 1868, cuando dictó la sentencia de Johnson, o la de 1999, cuando consideró las acusaciones contra Clinton. Al final, ambos fueron declarados inocentes.
A grandes rasgos, el caso de Johnson se basó en dos alegatos: que despidió indebidamente al secretario de Guerra y que difamó al Congreso en una serie de discursos. En ambas instancias, los hechos jamás se pusieron en tela de juicio, solo la legitimidad de sus acciones.
En el caso de Clinton, los investigadores del abogado independiente Ken Starr ya habían entrevistado a todos los testigos relevantes posibles para cuando el Congreso se ocupó del asunto, y la tarea del Senado en realidad consistió en interpretar los hechos y decidir si equivalían a delitos graves dignos de destitución.
En el caso de Trump, no hubo un fiscal especial que investigara el tema de Ucrania, así que fue responsabilidad de la Cámara de Representantes misma averiguar los detalles de lo que sucedió. Sin embargo, el presidente se rehusó a entregar documentos y trató de bloquear el testimonio de asesores actuales y retirados. Eso hizo que los demócratas tomaran la decisión estratégica de no esperar a una larga batalla en el tribunal para obtener las declaraciones de testigos claves como Bolton, bajo el razonamiento de que la evidencia que ya habían recabado era suficiente para justificar los artículos del juico político.
No obstante, dijeron que esta decisión no debería impedir que el Senado intente llegar a la verdad.
Aun así, existe un riesgo para los demócratas que están a cargo de enjuiciar al presidente. De cierta forma, Parnas solo amplifica lo que ya se sabe de otras pruebas y en la medida en que pueda usarse en contra de Trump; su credibilidad podría ponerse en duda puesto que se le ha imputado por infracciones al sistema de financiamiento de campañas.
En cuanto a Bolton, nadie sabe con certeza lo que diría si llegara a testificar. Si bien otros funcionarios lo describieron como crítico de la campaña de presión en contra de Ucrania, no se sabe si implicaría o exoneraría al presidente. Se fue de la Casa Blanca en términos amargos y ha criticado algunas de las decisiones del presidente en materia de política exterior, pero no se ha convertido en un detractor anti-Trump, y algunos demócratas en privado están nerviosos por su posible testimonio.
Sin embargo, es posible que al final no haga mucha diferencia. En su mente, la mayoría de los senadores y la mayoría de los ciudadanos parecen haber llegado a un veredicto acerca de las acciones de Trump; desde el momento en que comenzaron las audiencias en la Cámara de Representantes, las encuestas mostraron que los estadounidenses estaban divididos casi de manera equitativa y que sus opiniones no variaban con base en el testimonio.