En estas investigaciones figuran los procesos legales instaurados a las personas que de forma irresponsable han violado la cuarentena poniendo en riesgo de contagios a terceros.
El Ministerio Público informó que durante el mes de marzo de 2020, los diferentes despachos de esta institución abrieron 5 mil 500 investigaciones por diversos delitos en medio de la pandemia producida por COVID-19.
La entidad de justicia destacó que la situación que atraviesa el país en la actualidad en materia sanitaria ha impactado en diversos rubros y es evidente que se trata de un asunto que no solo atañe al sistema de salud, sino que también incide de forma significativa en materia laboral, comercial, económica, de seguridad ciudadana y en el sistema de administración de justicia.
El procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa manifestó que “en este contexto, el Ministerio Público ha continuado abriendo casos penales, ordenando y realizando los actos investigativos indispensables para procesarlos, así como llevando a las personas relacionadas con diversos hechos delictivos ante los tribunales competentes, pues las puertas de la institución se han mantenido abiertas a nivel nacional, en las sedes destinadas a brindar los servicios de atención primaria 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Las cifras preliminares recabadas por el Departamento de Estadísticas del Ministerio Público demuestran que los delitos que han tenido una mayor incidencia en el mes de mazo son los patrimoniales (robos, hurtos, estafas, daños, entre otros) con 2022 casos; delitos contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil (violencia doméstica, maltrato al menor, entre otros) con 1286 casos y delitos contra la Vida y la Integridad Personal, en los cuales se registran no solo los homicidios dolosos, culposos y femicidios, en un menor porcentaje; sino también las lesiones personales, entre otros, en un mayor porcentaje, con 843 casos.
El Ministerio Público también contabiliza aquellos casos de muerte por causas que se presumen naturales ocurridas fuera de instituciones de salud, mientras se confirma por el equipo forense que, efectivamente, no se trata de causas traumáticas las que llevaron al deceso.
El nuevo escenario planteado, además, ha llevado a procesar casos no solo por la infracción de los delitos tradicionales de mayor incidencia, sino también a imputar, hasta ahora con éxito, por aquellas conductas tipificadas en el artículo 308 del Código Penal, tanto en función de la posibilidad de propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa como el COVID-19, como por la infracción de medidas sanitarias adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de dicha enfermedad.
Fortalecimiento de la Atención Primaria
Como parte de la estrategia institucional para enfrentar las causas en el área metropolitana, se han concentrado los equipos de respuesta para delitos comunes en 6 sedes (Calidonia, Quinta Subregional Chivo-Chivo, Octava Subregional 24 de Diciembre y Tocumen, Segunda Subregional Avesa, La Sexta Subregional Juan Díaz – Don Bosco y Subregional de Chepo) permitiendo una mejor distribución del personal a cargo de la recepción de noticias criminales y avance de las investigaciones.
En adición a ello, todas las especialidades (Familia, Drogas, Anticorrupción, Delincuencia Organizada, Homicidios/Femicidios, Penal de Adolescentes y Propiedad Intelectual) mantienen equipos en turno para la recepción de noticias criminales y realización de actos investigativos derivados de estas en todo el territorio nacional.
Es importante destacar que estrechamente vinculados con el trabajo inicial que se realiza en las diferentes Secciones de Atención Primaria a nivel nacional, se mantienen prestando servicios los fiscales que se ocupan de la presentación y litigación de las causas ante los Jueces de Garantías y los Tribunales Superiores de Apelaciones, ya que en todos los actos orales se requiere participación del Ministerio Público.
El Ministerio Público continuará garantizando el acceso al sistema de justicia y la persecución del delito en la República de Panamá, a través de un equipo comprometido con el rol institucional, a pesar de la emergencia sanitaria que enfrentamos producto del COVID-19.