La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado a sus países miembros para que garanticen la protección a las mujeres que viven en medio del flagelo de la violencia doméstica.
Con “extrema preocupación” ve la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el incremento de los casos de violencia contra la mujer, durante las medidas de confinamiento establecidas para evitar la propagación del coronavirus.
Mediante un llamado escrito a los países miembros, la Comisión indica que tiene conocimiento, por medio de su monitoreo permanente, del incremento “significativo” en estas cifras en países de la región.
Algunos ejemplos que presentó son los de Brasil, donde el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos registró un 17% de incremento en las denuncias de violencia de género tras las medidas de contención a la epidemia. En tanto que, en Estados Unidos, los equipos de seguridad informaron de un aumento en el número de las llamadas para reportar violencia doméstica. La policía de Portland, estado de Oregon, por ejemplo, presentó datos que dan cuenta del aumento de un 27% en comparación con meses anteriores.
En Perú reportaron durante los primeros 17 días de confinamiento, que 34 mujeres, incluyendo 27 niñas, fueron víctimas de abuso sexual.
“Al respecto, la CIDH llama a los Estados de la región a fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, en particular la violencia intrafamiliar en el contexto de confinamiento y aislamiento social”, sostienen.
El organismo explica que se pueden desarrollar mecanismos alternativos de denuncia, la ampliación de la oferta de refugios para víctimas de violencia doméstica y el fortalecimiento de la capacidad de agentes de seguridad y actores de justicia para ofrecer respuestas oportunas en el contexto de la pandemia.
– Profesionales de la salud y amas de casa –
La CIDH reconoce que la pérdida de ingresos y reducción de la actividad económica es un factor adicional al incremento de los niveles de desigualdad y pobreza que afecta a las mujeres, particularmente a las mujeres cabezas de familia. Por eso insisten en la necesidad de un enfoque específico hacia un aproximado de 126 millones de mujeres trabajadoras de la economía informal, así como las trabajadoras domésticas, trabajadoras rurales y otros grupos afectados.
Por otra parte, la CIDH incluye en su llamado la situación de las profesionales de la salud y del trabajo social actuando en la primera línea de batalla ante la pandemia del COVID-19. Esto basándose en estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que detallan que a nivel mundial, las mujeres representan el 70% de las personas empleadas en el sector de la salud, por esto piden garantías para ellas, porque sumado al riesgo de contagio y la carga mental de su labor profesional, deben cumplir con el cuidado familiar, incluyendo el cuidado a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.
– La situación de Panamá –
Aunque Panamá no está mencionado dentro del monitoreo realizado por la CIDH, sí es parte de los países que ha registrado situaciones deleznables de lo casos de violencia contra la mujer, por ejemplo, el ataque que sufrió la joven Karen Velásquez, quien fue prendida en fuego dentro de un taxi por parte de su expareja, en la comunidad de Nuevo Emperador, en Arraiján, provincia de Panamá Oeste.
La mujer sobrevivió al cruel ataque de celos de un hombre a quien le había presentado medidas de alejamiento, sin embargo ahora se mantiene con quemaduras del 70% sobre su cuerpo y sus familiares piden apoyo, para que en medio de la pandemia se puedan donar sangre para esta víctima de violencia.
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De acuerdo con cifras del Ministerio Público (MP), entre enero y febrero de 2020 se registraron 10 femicidios y ahora se pudiera considerar el ataque a la joven Velásquez como una tentativa de femicidio.
El gobierno panameño en un esfuerzo por frenar situaciones similares ordenó mediante el Decreto Ejecutivo No.507 la medida de cuarentena de 24 horas y junto a ésta, la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a nivel nacional o la denominada “Ley Seca”.
La Comisión de Derechos Humanos resumió las siguientes recomendaciones a los Estados:
1. Incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en todas las respuestas de los Estados para contener la pandemia, teniendo en cuenta los distintos contextos y condiciones que potencializan la vulnerabilidad a la que las mujeres están expuestas, como la precariedad económica, la edad, la condición de migrante o desplazada, la condición de discapacidad, la privación de libertad, el origen étnico-racial, la orientación sexual, identidad y/o expresión de género, entre otras.
2. Reformular los mecanismos tradicionales de respuesta a la violencia de género, adoptando canales alternativos de comunicación bien como líneas de atención de emergencia, así como promover el fortalecimiento de redes comunitarias con el objeto de ampliar los medios de denuncia y órdenes de protección en el marco del periodo de confinamiento y restricciones de movilidad. Asimismo, asegurar la disponibilidad de casas de acogidas y albergues para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los cuales existan condiciones de adoptarse las medidas de prevención del contagio.
3. Desarrollar protocolos de atención y fortalecer la capacidad de los agentes de seguridad y actores de justicia involucrados en la investigación y sanción de hechos de violencia doméstica, así como llevar a cabo la distribución de materiales de orientación sobre el manejo de dichos casos en todas las instituciones estatales.
4. Garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva durante la crisis de la pandemia, incrementando, en particular, las medidas de educación sexual integral y de diseminación de información en medios accesibles y con lenguaje adecuado, con el objeto de alcanzar las mujeres en su diversidad.
5. Reforzar las políticas de seguridad alimentaria y redes de protección social con perspectiva de género, incluidas políticas de renta mínima y de oferta de atención médica enfocada a la necesidad específica de estas mujeres en el combate a la crisis generada por el COVID-19.