Acusó al Presidente del Legislativo Marcos Castillero Barahona de cómplice del Ejecutivo por supuestamente ignorar el derecho de verificar la votación.
Diputado de la bancada independiente, Juan Diego Vásquez criticó la decisión del presidente de la República Laurentino Cortizo, luego de este decidiera vetar parcialmente el proyecto que la inhabilita a las empresas condenadas por actos de corrupción.
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto número 10 que modifica la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública y dicta otras disposiciones, y que fue vetado parcialmente por el presidente del República en sus artículos 12, 27, 53, 63 y 64.
A través de su cuenta de Twitter Vásquez indicó que “Cortizo envió un veto parcial a la Asamblea para que la inhabilitación a empresas condenadas fuera solamente 5 años y empresas que confiesan sea 3 años. Gracias Presidente. Ya sé que puedo amañar un contrato, confesar y luego buscar otro mal contrato con el mismo gobierno”.
En un segundo post continuó: “Estas son las señales que vienen desde Presidencia. Varios colegas buscábamos inhabilitaciones más severas y hasta la de por vida. Para el Presidente es inconstitucional decirle a un corrupto que no puede contratar con el Estado y pero es normal cárcel a los que protestan. TRISTE”.
Vásquez expresó que “En la votación para permitir a los corruptos contratar el Presidente Marcos Castillero Barahona ignoró el derecho legal a verificar la votación. Es cómplice del Ejecutivo y esta de acuerdo en que los corruptos contraten. Me da pena haber pensado que era diferente”.
. @NitoCortizo envió un veto parcial a la Asamblea para que la inhabilitación a empresas condenadas fuera solamente 5 años y empresas que confiesan sea 3 años. Gracias Presidente. Ya sé que puedo amañar un contrato, confesar y luego buscar otro mal contrato con el mismo gobierno.
— Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) April 28, 2020
El centro del debate se centró en el artículo 12 referente a la incapacidad para contratar, tras considerar el mandatario que contraviene los artículos 20, 25, 32, 40, 64 y el numeral 1 del artículo 163 de la Constitución Política.
El presidente Cortizo sustentó que la redacción del numeral 9, es inexequible, ya que vulnera los efectos jurídicos del artículo 32 de la Constitución Política de la República debido a que se impone una sanción administrativa a una persona que se encuentra bajo investigación y que con sus aportes contribuye con el Estado en un proceso de investigación penal o jurisdiccional, sin que inclusive, sea o pueda ser sancionada penalmente; pero que, con la fórmula del Proyecto de Ley 10 de 2019, se le está sancionando por ello a perpetuidad, al no fijarse un término.