La institución busca la forma de seguir financiando las pensiones y prestaciones de salud, debido a una crisis que se profundizó con el impacto del coronavirus.
La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) solicitó otras opciones para cubrir el pago de las pensiones en lo que resta del año 2020, luego de posponer su decisión sobre una propuesta de vender “gradualmente” títulos valores o propiedades del Subsistema de Beneficio Definido del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), hasta un máximo de $1,100 millones.
Mediante un comunicado que cita al subdirector de la CSS, Francisco Bustamante se indica que la decisión de la Junta Directiva sobre la propuesta no se ha tomado, porque “solicitó que ésta procure y presente las opciones a la posible venta de bonos, en caso de que se requiera financiamiento para el pago de pensiones”.
Aunque por el momento no se ha tomado una decisión, En Segundos conoció de forma extraoficial que la discusión de la propuesta para venta de títulos valores no obtuvo la cantidad de votos necesarios para pasar a un debate en el pleno de la Junta Directiva, conformada por diversos sectores de la sociedad y el Gobierno, por tanto se han pedido otras alternativas. Entre los títulos valores con los que cuenta la CSS están terrenos, edificios o propiedades reposeídas por la vía coactiva.
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De acuerdo con Bustamante, hay tres escenarios planteados por el impacto de la pandemia de coronavirus. El primero y peor es que los ingresos sean solamente de 10% de lo presupuesto; el segundo que los ingresos sean de 25% de lo presupuestado y por último que, los ingresos fueran del 50% de lo presupuestado.
Ante el peor de los escenarios, la situación, según el subdirector, obligaría a la CSS a utilizar recursos de la reserva por el orden de los $1,100 millones y en el mejor escenario, se requerirán al menos $540 millones para cubrir la totalidad del pago de pensiones hasta que finalice este año.
La CSS registró un déficit de $197 millones en la recaudación de cuotas obrero-patronales, entre marzo y abril, meses en que la pandemia golpeó a Panamá por la suspensión de términos de unos 110 mil contratos de trabajo. De dichos ingresos, un porcentaje se utiliza para poder financiar el pago de las pensiones.