Al gremio le preocupa que no se promueva un entorno jurídico laboral que permita que las empresas puedan recuperarse gradualmente.
La Asociación Panameña de Ejecutivo de Empresas (APEDE) señala que la crisis global generada por COVID 19, ha puesto a prueba la resiliencia del país. El gobierno nacional, priorizando la salud, tomó medidas drásticas que han logrado disminuir y estabilizar los niveles de contagio.
Para los empresarios estas medidas, lamentablemente han afectado la actividad económica de Panamá y a todos los ciudadanos que dependen de ella. Ahora, es clave empezar a reactivarse de forma gradual y segura. Para ello se requiere que se actúe con una gran dosis de realismo, agilidad y de sentido común.
Resaltan que uno de los problemas directos que se debe enfrentar es el desempleo. Equilibrar la protección sanitaria y la economía es esencial, ya que en este momento ambas son las caras de una misma moneda, el bienestar social. Los protocolos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, con el objetivo de que las empresas puedan volver a trabajar, son complicados y no garantizan lo que buscan, ya que dan cabida a algunas consideraciones que no están relacionadas con la mitigación del contagio y de fórmulas imposibles de cumplir y auditar.
Señalan que se debe trabajar sobre guías sanitarias adaptables y genéricas, ya que sólo las empresas y sus trabajadores entienden la realidad de su entorno, tal como ha planteado el Ministerio de Salud. Sobre estas guías las empresas tendrán la responsabilidad de establecer protocolos que cumplan con estos lineamientos. Es ilógico que se establezcan criterios de interacción social o porcentajes, sin considerar los espacios de las empresas, el nivel de riesgo por tipo de actividad, el número mínimo de colaboradores que se requieren para operar de forma segura y efectiva o entender claramente los procesos productivos y operativos.
Les preocupa que a las empresas con más de 51 trabajadores, se les obligue a contratar a un profesional en seguridad ocupacional que tendrá como única función evaluar el protocolo de higiene y seguridad producido por las propias empresas, tomando en cuenta que no existen suficientes profesionales idóneos en este ramo. Además, con la caída de la demanda, las empresas no están en capacidad de contratar personal o servicios adicionales.
Expresan que es imprescindible que se establezca una ventanilla única que permita que el proceso de acreditación de las guías sanitarias, sea efectivo y expedito. La burocracia estatal no debe ser otro obstáculo que vencer en el camino por lograr la nueva normalidad.
APEDE indica que se debe entender con claridad que vivimos en un régimen de libre empresa que no puede ni debe ser substituido por la imposición estatal. Las empresas son las más interesadas en promover un ambiente saludable para sus trabajadores, clientes y proveedores, que mitigue la posibilidad de contagio del virus; y en consecuencia tienen todo el interés de producir
fórmulas lógicas que lo eviten.
A la APEDE le preocupa que no se promueva un entorno jurídico laboral que permita que las empresas puedan recuperarse gradualmente. Debe quedar claro que no existe posibilidad de reactivar la economía sin que se proteja todo el flujo de la cadena productiva. La actual legislación, producirá mayor cantidad de desempleo y en consecuencia una afectación grave al país.
Destacan que el sector empresarial, el sector gubernamental y el sector laboral somos eslabones de la misma cadena. Es el momento de ejercer un liderazgo firme y conjunto que nos permita superar esta crisis de forma segura, en beneficio de todos.