La presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, está bajo fuego de varios frentes por su negativa a convocar a los comicios del 6 de septiembre.
Áñez, de 53 años, reemplazó interinamente en noviembre al renunciado mandatario Evo Morales (2006-2014), con la promesa de convocar a elecciones en 90 días, pero en el camino decidió postularse a la presidencia.
Desde entonces la presidenta derechista enfrenta fuertes controversias, que tienen su epicentro en el Congreso, dominado por el partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
A la oposición a la mandataria se sumaron en diversos grados algunos de sus antiguos aliados, como el líder cívico de derecha radical Luis Fernando Camacho que, sin embargo, es a la vez acérrimo enemigo de Morales.
El analista Rubén García considera que a Áñez se le agotó el “misticismo” al “abandonar el rol histórico que le tocó, con la misión única de llamar a elecciones y entregar el poder”.
Por su lado, el académico Carlos Cordero afirma que la “credibilidad” de Áñez quedó afectada por “un hecho de corrupción en un tema tan sensible”, debido al escándalo de una millonaria compra a sobreprecio de respiradores españoles para pacientes con coronavirus.
El responsable de la compra, su destituido ministro de Salud, Marcelo Navajas, guarda detención domiciliaria.
“Se quiere prorrogar”
En medio de otras denuncias de corrupción en empresas estatales como la telefónica ENTEL o la petrolera YPFB, Áñez es acusada de pretender prorrogar su mandato transitorio.
Es que además de no promulgar la convocatoria a elecciones, planteó esta semana aplazar los comicios por “un mes o dos meses” por el coronavirus, que ha infectado a más de 21.000 personas en el país.
Su gobierno arguye que para fines de julio los contagios se habrán quintuplicado.
La ley que fija las elecciones generales para el 6 de septiembre fue aprobada por el Congreso, tras acuerdo entre el MAS, que controla ambas cámaras legislativas, el Tribunal Supremo Electoral, el candidato centrista Carlos Mesa, el propio frente de Áñez, Juntos, y otras fuerzas menores.
Ante su reticencia, la presidenta del Senado, Eva Copa, del MAS, anunció que personalmente va a “asumir la promulgación” de la ley de convocatoria si Áñez no la sanciona hasta la próxima semana.
“No soy la que se quiere prorrogar, no soy candidata y no estoy haciendo campaña con la pandemia”, dijo Copa.
Los comicios debían efectuarse el 3 de mayo, pero fueron postergados por la pandemia. Un último sondeo de marzo ubicó al delfín de Morales, el economista Luis Arce, como favorito del electorado con 33,3%, seguido de Carlos Mesa (18,3%) y de Áñez (16,9%).
Presión en la calle
Mientras, los trabajadores de la salud protestan en las puertas de los hospitales pidiendo insumos y equipos para tratar a los enfermos de covid-19.
Esta semana marcharon por La Paz trabajadores fabriles, músicos desempleados por la cuarentena que prohíbe espectáculos y fiestas, transportistas afectados por el mismo motivo, pequeños empresarios agobiados por las deudas y propietarios de discotecas y karaokes.
Ante este descontento, el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, afirma que el MAS “ha decidido sabotear la cuarentena y desatar la violencia política y el narcoterrorismo”.
Murillo acusa además al MAS de estar detrás del derribo de antenas de telecomunicaciones y de amparar el trasiego de droga en el Chapare, la región cocalera cuna política de Morales.
En medio de este escenario, Áñez sostuvo que “muchos violentos, aprovechando la cuarentena, se están reorganizando políticamente y vuelven con el palo en la mano”.
Dos caminos
La tensión se exacerbó el jueves cuando Áñez dijo que hay dos caminos: el de “Evo y sus cocaleros (que) intentan retornar al poder” o “el camino que el Gobierno y la enorme mayoría de los bolivianos queremos, el camino de la unidad, de los bonos, de la reactivación de la economía, de cuidar la salud, el orden, la democracia y la Ley”.
El líder del sindicato minero, Orlando Gutiérrez, replicó diciendo que a Áñez le “quedan dos caminos”: aprobar de inmediato la fecha de elecciones o “el segundo camino es la sublevación del pueblo”. La unitaria Central Obrera (COB), el mayor sindicato unitario del país, respaldó la exigencia de los mineros.
“Señora Presidenta, o te vas con elecciones democráticas o te vas con una convulsión social porque el pueblo está cansado”, declaró el sindicalista.