Al ser cuestionado sobre los contratos que el Estado ha concesionado a estas empresas eléctricas, a lo que Fuentes respondió que los contratos se vencen en el 2028 y fueron firmados en el 2013.
El administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), Armando Fuentes, al comparecer ante el pleno legislativo reiteró que necesitan mayor fuerza legal para realizar un mejor trabajo en la gestión de sancionar.
La comparecencia del funcionario se dio por la razón de responder interrogantes referente al servicio de energía eléctrica que ofrecen las empresas que generan, distribuyen y transmiten energia al país.
Referente a los reclamos por el aumento en la facturación y por los daños producto de las fluctuaciones, Fuentes respondió que en estos meses de pandemia se han recibido unos 3,115 reclamos y que el 90% de los casos han sido resueltos.
Destacó que la ASEP está pendiente para que las normas de calidad de servicio se cumplan, pero aceptó que hay sectores muy afectados en la provincia de Panamá Oeste, en el área de Tonosí, entre otros.
En medio de las preguntas y respuestas, se le recordó al administrador que una serie de sanciones impuestas a las empresas aún no son acatadas debido a que las apelaciones nos son resueltas con la ligereza requerida.
Fue cuestionado sobre los contratos que el Estado ha concesionado a estas empresas eléctricas, a lo que Fuentes respondió que los contratos se vencen en el 2028 y fueron firmados en el 2013.
Fuentes advirtió que el usuario debe aprender a quejarse ante la ASEP y que la institución necesita tener más fuerza legal para realizar su trabajo.
En cuanto a la interrogante si está de acuerdo con el prorrateo o la estimación en la lectura del consumo, señaló que no, ya que lo ideal es hacer la lectura real y no la estimación.
Daniel Mina, también funcionario de la ASEP, informó que, aproximadamente, se dan 80 interrupciones eléctricas al día en distintas áreas del país.
Detalló que realizan inspecciones en el área para verificar el cumplimiento con las normas.
De encontrar irregularidades, añadió, se hace un informe para que en un término entre 30 a 60 días las empresas resuelvan, de no ser así, dijo Mina, la Autoridad procede a abrir un formulario de sanción.