En 2012 pactaron construir un megahospital en Panamá por $517 millones 8 años después lo abandonan a medio hacer con una negociación en las sombras
El final ha sido el lógico epilogo de un escándalo. La constructora española FCC ha solicitado la disolución unilateral del contrato millonario que en 2012 firmó con la Caja de Seguro Social (CSS). una última jugada con la que podrían no hacer la obra y retirarse con dinero, millones de dólares para ser precisos.
Llegar hasta aquí no ha sido sencillo. Desde que la obra se contrató el precio dejaba dudas. Parecía a los ojos de los expertos, poco para el tamaño de la obra. En primera instancia el precio era $587 millones en el modelo de “Llave en mano”, que luego fueron modificados en una adenda de agosto de 2014, dos meses antes de cambiar de administración de la CSS, que bajó el costo total a 517 millones al cambiar el formato a pago por avances de obra.
La obra debía estar lista en julio de 2015, apenas nueve meses después de la salida de la administración de la CSS, que firmó el contrato. No obstante, tras el arribo de Juan Carlos Varela al poder en julio de 2014 y que en octubre de ese año cambiara la administración de la CSS, un informe dejó al descubierto serias falencias alrededor del megaproyecto.
Eran 39 irregularidades entre las que sobresalen la utilización de láminas de fibra de cemento de marca Pladul en las paredes externas del hospital, que además había iniciado su construcción sin estudio de impacto ambiental aprobado, sin planes concretos y viables para una vía de acceso fluido, en un terreno inundable , sin suministro eficaz de agua potable, ni conexión a la red de desagues.
La nueva administración de la CSS en 2014 también detectó cambios inconsultos en el diseño y pagos cuestionables por avances que no se constataron, además de un peligroso límite con el mercado de abastos en un terreno contiguo.
Ese informe de irregularidades y la recomendación de rescindir el contrato le fueron presentados al presidente Varela a finales de 2014. La decisión quedó en sus manos. Pero FCC jugó sus cartas en lo más alto. Ejecutivos de máximo nivel, al encontrar obstáculos en la administración de la CSS, decidieron hablar con el entonces presidente Varela. Los hechos muestran que tuvieron éxito y mucho.
A pesar del informe y las recomendaciones técnicas y legales, Varela optó por salvar a FCC, al menos una vez en 2015, reunió en la Presidencia de la República a directivos de la compañía con el director de la Caja de Seguro Social, Estivensón Girón. Su intención era que ambas partes llegaran a un acuerdo.
El escollo más grande, para ese acuerdo, era el reemplazo de 70 mil metros de láminas de fibra de cemento ( gypsum). FCC se resistía, pues el costo de esa reparación se calculó en 4 millones de dólares, la razón: No era solo reemplazar las láminas, sino que las bases de la edificación no resistirían el peso de otro material, un problema de raíz.
Ante eso FCC pedía pagos, que la CSS no entregó pues no había tal avance a satisfacción. Pero a finales de 2016 la suerte de FCC recibió un espaldarazo, Girón rennció a la CSS y con la llegada de un nuevo administrador, el doctor Alfredo Martiz, FCC recibió una bocanada de aire. Una adenda que le otorgaba el pago de 36.7 millones de dólares por la extensión de los trabajos hasta el 31 de diciembre de 2018. Otra vez, con el viento a favor retomaron el ritmo en las obras que habían ralentizado como medida de presión.
Sin embargo ese aire no les alcanzó y las obras se extendieron más allá. Llegó el 2019. Otra vez hubo elecciones y ahora Laurentino Cortizo se convirtió en presidente del país. y en octubre hubo un nuevo director de la CSS.
FCC tenia otra vez “molestias que resolver” y entre finales de 2019 y comienzos del 2020, negociaron a puertas cerradas con el nuevo director de la CSS. Nadie sabe aún qué se negoció, además mientras ellos negociaban una delación sacudió la mesa de juego, exejecutivos de FCC confesaron en España que se pagaron coimas para obtener los contratos de la Ciudad Hospitalaria y el Metro de Panamá.
Pero como si eso nunca hubiese pasado en una especie de mundo paralelo, en febrero de 2020 , el director de la CSS, Enrique Lau Cortés anunció que el proceso había finalizado y que tenían puntos de acuerdo con la empresa.
Esta vez un hecho tangencial interrumpió el ciclo, apareció en el mundo el covid-19 y eso obligó a FCC, como al resto de las construcciones en el país y el mundo a paralizarse por completo durante varios meses.
Eso produjo una decisión tajante. Según datos a los que tuvo acceso este reportero, desde junio de 2020 FCC empezó a hablar con el personal de confianza, para comunicar que abandonaría el proyecto de Ciudad Hospitalaria y el país. La decisión lleva meses tomada, pero no pretenden irse con las manos vacías.
Desde entonces han venido negociando con la administración de la CSS, sin que se conozcan detalles. Ellos han pedido 65 millones de dólares por “permanencia extendida”, el mismo argumento con que lograron la adenda de 2017 y el pago de todas las facturas que tiene la CSS pendientes, otros 15 millones de dólares.
FCC al parecer se mantiene fiel a su manual de procedimientos y al no tener resultados rápidos con la CSS, decidió apuntar más alto . Sin embargo no han tenido el fruto esperado y se juegan su última carta: Plantear la disolución unilateral del contrato y así negociar con el Estado teniendo sobre la mesa, la posibilidad de que el asunto termine en una demanda, que además de los costos para el Estado, condena a la obra a esperar que todo el litigio se resuelva.
El propio director Lau Cortés ha confesado que la decisión unilateral de FCC “les ha sorprendido”. Mientras la empresa reclama todo lo que puede. Por ejemplo quieren 7 millones de dólares por los planos de modificaciones surgidas en acuerdos con Varela, para la construcción de la sede del Instituto Oncológico Nacional (ION) en la Ciudad Hospitalaria, un proyecto que se basaba más bien en la reasignación de edificios ya pactados en el diseño.
Todo indica que la situación está en un momento crucial, FCC quiere presionar por dinero rápido y abandonar la obra, dejando atrás un eslabón de lo que pudiera ser una cadena de sobornos que está por romperse.