El gremio empresarial señala que se debe buscar soluciones para evitar que se transformen en infortunios, que requieren de acciones drásticas con crecientes riesgos de daños colaterales.
En su columna de opinión dominical denominada “La Cámara Opina”, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Jean-Pierre Leignadier Dawson, trajo a colación la necesidad de tomar medidas con prontitud sobre la situación actual del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Ante este contexto, el líder del principal gremio empresarial del país destaca que los recursos económicos del IVM alcanzaran un nivel crítico si no se toman decisiones al respecto, pues asegura que este escenario se ha exacerbado ante la crisis económica que se vive producto del cierre prolongado de empresas y la suspensión de empleos por el COVID-19.
“Esta realidad hace explícita la urgente necesidad de adentrarnos en un diagnóstico objetivo que lleve a acciones concretas para asegurar la estabilidad de esta entidad llamada a resguardar la seguridad social de los trabajadores. No obstante, estas acciones deben estar alejadas de discursos y proyectos populistas que pretendan nuevamente poner un parche a una herida que requiere intervención”, explica.
De acuerdo con Leignadier, la institución necesita reformas urgentes en su estructura y gobernanza, y su régimen de IVM requiere de cambios paramétricos basados en las finanzas reales; pero, sobre todo, apremia que los intereses políticos y particulares enquistados salgan de una vez por todas de la institución.
“Meses atrás, la CCIAP planteó realizar una discusión basada en la opinión técnica de los expertos de la Junta Técnica Actuarial, quienes están facultados por la Ley 51, en su artículo 219, para realizar un informe con las corridas actuariales internas y los informes financieros de la CSS, para validar si el subsistema de beneficio definido del IVM es sostenible bajo los parámetros actuales”, describe.
Desde esta óptica, puntualiza que debe aplicarse y mantenerse la facultad que le da la ley a la Junta Técnica Actuarial, con el fin de que la discusión, dentro de una mesa de diálogo por la CSS, esté basada en el análisis y las recomendaciones de expertos técnicos.
“Este planteamiento se suma a diferentes propuestas de parametrización que a través del tiempo se han hecho públicas y que están listas para ser ampliamente discutidas tomando en cuenta el estado de las finanzas de la CSS, y las realidades demográficas, sociales y económicas del país. Lo cierto es que tenemos que actuar ya, la Caja de Seguro Social no puede esperar más”, replica.
Considera que la reciente renovación de un grupo importante de miembros de la Junta Directiva de la CSS y el mensaje del Órgano Ejecutivo de impulsar un diálogo nacional cumple asignaciones pendientes que llevan a actuar. “La sociedad espera esa acción inmediata que nos impulse a superar la crisis que la CSS enfrenta desde hace años”, concluye.