El diputado presidente de la Comisión, Crispiano Adames, dijo que el informe recoge la apreciación de la instancia y para nada se considera que es una discriminación que las personas con discapacidad.
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales en su reunión ordinaria se refirió al informe de objeción por inexaquilidad del proyecto de Ley 312, que establece medidas para la protección de los servidores públicos en situación de riesgo por causa del COVID-19.
El diputado presidente de la Comisión, Crispiano Adames, dijo que el informe recoge la apreciación de la instancia y para nada se considera que es una discriminación que las personas con discapacidad puedan estar en sus casas atendiendo los mecanismos de teletrabajo, como también las embarazadas y otros.
Sin embargo, se propondrá al pleno las modificaciones pertinentes para que el proyecto tenga la vida útil, que requieran en materia de protección laboral de estas personas.
Los comisionados crearon una subcomisión, presidida por la diputada Corina Cano, para realizar las consultas al proyecto de Ley 100, que modifica el Código Judicial para que sean públicas las sentencias, autos, resoluciones y otros del Órgano Judicial.
La propuesta busca incluir en el artículo 328, la publicación por medio del sitio web del Órgano Judicial los autos y sentencias de todos los tribunales que componen la corporación de justica.
Para uno de los proponentes, el diputado Gabriel Silva, el documento contribuye con la modernización y transparencia que debe imperar en nuestra administración de justicia, genera confianza en la ciudadanía, sobre las decisiones y trámites que tienen a su cargo los jueces y magistrados que administran justicia en Panamá.
A su vez, fortalece la abogacía en al abrir la posibilidad de evaluar, estudiar, analizar la congruencia y consistencia de las decisiones de nuestros jueces de una forma más accesible y moderna.
También fue prohijado el anteproyecto de Ley 7, por medio del cual se subrogan varias disposiciones del Código Judicial, atinentes a la competencia de los juzgados municipales civiles. Al igual que el anteproyecto de Ley 87, por la cual se adiciona un numeral al artículo 216 del Código Procesal Penal.