Una investigación periodística presentó pruebas de que funcionarios del actual gobierno salvadoreño han entablado diálogos con la MS-13. Pactar con las pandillas no debe rechazarse, pero debe hacerse de manera eficiente y con transparencia.
SAN SALVADOR — El gobierno de Nayib Bukele está negociando con la Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador. Con ello ha puesto al país al borde de un abismo de muerte que ya conocimos en 2015, el año más violento de nuestra historia.
Para ese año ya habían fracasado tanto el pacto de 2012 del gobierno de izquierda con las pandillas como las negociaciones de los dos principales partidos políticos —el izquierdista FMLN y el derechista Arena— de cara a las elecciones presidenciales de 2014. Ahora, Bukele tiene posibilidades de intentar otra fórmula y transparentar el diálogo para lograr la pacificación de El Salvador, pero sin exigir favores políticos ni apoyo electoral a cambio. Aún puede hacerlo y no seguir el camino del fracaso que otros políticos marcaron. Pero, de momento, nada apunta a que lo hará.
El 3 de septiembre, el equipo de investigaciones especiales de El Faro publicó un reportaje que revela, con oficios y otros documentos oficiales, las negociaciones que funcionarios del gobierno de Bukele han tenido con líderes de la MS-13 encarcelados en los penales de máxima seguridad. Las páginas, algunas de ellas con sello y firma de empleados públicos que reportaron los encuentros, describen un diálogo en curso en el que el gobierno del actual presidente ofreció beneficios carcelarios a cambio de reducción de homicidios y apoyo electoral en 2021, cuando se elige una nueva Asamblea Legislativa.
Los emisarios del gobierno dijeron ser de un “partido nuevo”, en referencia a Nuevas Ideas, el partido creado alrededor de la figura de Bukele. Aseguraron a los pandilleros que buscan su “bienestar”, quienes respondieron que van a “apoyar” a este “partido nuevo”. Los primeros documentos encontrados son de junio de 2019; y los últimos, de agosto de este año. Si El Salvador sigue con su tasa de homicidios actual, se encamina a ser el año menos violento del que se tenga registro en la historia reciente. Pero el costo de negociar con las pandillas puede ser un futuro derramamiento de sangre, como ya ocurrió en 2015 tras el fracaso de la tregua del gobierno del FMLN.
La idea de pactar con las pandillas no es nueva. Los mismos periodistas que descubrimos las recientes negociaciones publicamos en 2012 la revelación de que el gobierno de izquierda negoció el mismo intercambio con los pandilleros, sin incluir la ayuda electoral. Con los años, El Faro también documentó con videos y otras pruebas que los dos grandes partidos que se alternaron el poder después de la guerra civil —que terminó con un acuerdo de paz en 1992— ofrecieron dinero y algunos beneficios a las diferentes pandillas del país a cambio de ayuda para ganar los comicios presidenciales. Todos intentaron hacerlo en secreto. Todos fracasaron.
Las negociaciones con pandilleros han seguido un patrón: hacerlo en secreto, incluir el elemento electoral, negarlo tras ser descubiertos y cancelar el pacto con los criminales cuando las elecciones se acercaron y lo acordado se convirtió en un lastre de cara a los votantes.
Bukele va por el paso tres. Él y algunos de sus funcionarios han reaccionado como el manual del fracaso indica: negaron, amenazaron, se burlaron en redes sociales y montaron espectáculos en penales que pretendían desvirtuar los hallazgos. Ignoraron las pruebas y atacaron a los periodistas y al medio. (El congresista estadounidense Eliot L. Engel y otros 11 legisladores del Partido Demócrata escribieron una carta a Bukele en la que expresan su preocupación por el ataque a la prensa salvadoreña tras la publicación del reportaje).
Bajo el mismo modelo que ahora sigue Bukele, más de media docena de políticos enfrentan juicios en la actualidad. Uno de ellos, el expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua.
Pero esa es la consecuencia menor. Todas las negociaciones previas ocurrieron antes de 2015. Para entonces, y tras las elecciones presidenciales del año anterior, todos recularon en sus promesas a las pandillas, negaron sus pactos en público y, aquellos en el gobierno, recrudecieron las medidas antipandilleras en las cárceles. Los pandilleros, educados en política por esos hombres, entendieron que su activo de negociación eran los cadáveres. Y así llegó 2015: 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más brutal que ha tenido este país acostumbrado durante este siglo a estar en el primer lugar del podio mundial de la muerte.
El presidente está frente a ese abismo. Seguir negociando en secreto es una fórmula fallida y cancelar la negociación para amortiguar el posible efecto electoral fue el elemento que causó ese baño de sangre.
Bukele puede hacerlo distinto. Aún faltan cinco meses para las elecciones legislativas y es el mandatario con mayor popularidad del continente. Además tiene el respaldo público del embajador estadounidense Ronald Johnson, un poder fáctico en El Salvador, quien tras la más reciente publicación dijo que era mejor no fijarse en la razón, sino en que las cifras de homicidios están bajas.
El presidente tiene sobre la mesa otro elemento que ninguno de sus predecesores tuvo antes. En una entrevista con El Faro en 2017, líderes de la MS-13 ofrecieron por primera vez desarticularse si un gobierno le proponía a la pandilla una mesa pública de diálogo, con representantes internacionales que dieran fe de los acuerdos.
Todos los grandes grupos políticos de poder han creído que para pacificar El Salvador es necesario dialogar con las pandillas, que reúnen, según estimaciones, a más de 60.000 miembros en este país que roza los 7 millones de habitantes. La MS-13 lo sabe y ofreció su extinción.
Los políticos que antes negociaron no tenían esa alternativa ni mucho menos el apoyo popular que respalda a Bukele.
El presidente debe continuar su diálogo con las pandillas si eso sirve para avanzar hacia la desarticulación de ese grupo criminal que tanto daño ha hecho a los salvadoreños. Pero primero debe reconocer públicamente que se encuentra en ese proceso e invitar a actores internacionales con experiencia en negociaciones con bandas criminales que acompañen el diálogo y garanticen su transparencia.
Hay antecedentes que Bukele podría explorar: el perfectible e inconcluso proceso de pacificación de Colombia con las guerrillas de las Farc o el esfuerzo realizado en California —el lugar en el que surgió la MS-13—, donde desde hace años se ha convertido a expandilleros en interventores financiados con dinero público que intentan resolver conflictos en las calles dialogando con miembros de pandillas.
Bukele gusta de utilizar en sus redes sociales el emoji del pequeño reloj de arena. Lo ha usado para tuitear que a sus opositores les queda poco tiempo y que su partido ganará la mayoría de la Asamblea Legislativa en los comicios del próximo año.
Ese reloj es una buena figura para describir su situación. Le queda poco tiempo al presidente para llevar adelante una negociación en los términos adecuados.
Si Bukele decide tomar otro camino y transparentar el diálogo con los grupos criminales debe hacerlo antes de las elecciones. Después, ya todo será como antes y su diálogo con pandilleros se confirmará como una mera estrategia electoral. La arena cae y Bukele aún no da señales de querer hacerlo distinto.
Óscar Martínez (@CronistaOscar) es editor de investigaciones especiales de El Faro, autor de Los migrantes que no importan y Una historia de violencia y coautor de El Niño de Hollywood, sobre la MS-13.