El ejército británico enfrentó en los últimos años acusaciones de crímenes de guerra en Irlanda del Norte, Irak y Afganistán.
El gobierno británico presentó el miércoles su proyecto de ley para reforzar la protección de los militares contra la amenaza de investigaciones “repetidas” y “vejatorias”, pero aclarando que no quiere colocar a los soldados “por encima de las leyes”.
El texto, una promesa de campaña del Primer ministro Boris Johnson, busca hacer frente a “demandas vejatorias y poner fin al ciclo de investigaciones repetidas contra nuestras valientes fuerzas armadas”, según un comunicado del ministerio de Defensa.
“Hoy damos un paso hacia la realización de este compromiso”, declaró el ministro Ben Wallace en un comunicado.
Examinado el miércoles en el Parlamento, introduce una serie de medidas para “reducir la incertidumbre surgida de acusaciones antiguas y crear un mejor marco jurídico para tratar las quejas de conflictos futuros en el exterior”.
El delicado asunto de Irlanda del Norte, provincia británica afectada por tres décadas de enfrentamientos sangrientos entre católicos y protestantes unionistas será objeto de un texto específico.
El proyecto de ley sobre las operaciones exteriores introduce una protección ante las acusaciones contra soldados por hechos que hubieran sido cometidos durante operativos en el exterior y hace más de cinco años.
Convertirá los procesos más allá de ese plazo en “excepcionales” y la fiscalía requerirá el acuerdo del fiscal general, consejero jurídico del gobierno, para iniciarlas.
Los futuros gobiernos tendrán también que referirse a la Convención europea de derechos humanos para las operaciones significativas en el exterior.
El gobierno subraya que el ejército seguirá trabajando según “los estándares más exigentes”, de conformidad con las leyes británicas e internacionales, especialmente la Convención de Ginebra.
No se trata de introducir una “amnistía o de colocar a las tropas por encima de las leyes, sino de protegerlas de abogados que quisieran reescribir la historia para llenarse los bolsillos “, subrayó el secretario de Estado para la Defensa, Johnny Mercer.
Según el ministerio, el 70% de las acusaciones que llegan al equipo de investigación sobre Irak fueron rechazadas a falta de pruebas.
En junio pasado, una comisión de investigación sobre acusaciones de crímenes de guerra contra soldados británicos en Irak entre 2003 y 2009 archivó todos los casos abiertos, salvo uno.