A segundo debate proyecto que aumenta penas por accidentes de tránsito

A segundo debate proyecto que aumenta penas por accidentes de tránsito
El proyecto de Ley 206, modifica y adiciona artículos al Código Penal con el fin de incrementar las penas a quienes fomentan la violencia vial.

Esta iniciativa también crearía un fondo para ayudar a los hijos de las víctimas de la violencia vial.

El aumento de penas por accidentes de tránsito ha vuelto a cobrar relevancia en la Asamblea Nacional, tras el último acontecimiento vial donde fallecieron dos personas a manos de un conductor presuntamente en estado etílico.

Este jueves 24 de septiembre de 2020, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales del Órgano Legislativo, aprobó en primer debate un proyecto de ley que tiene como principal norte aumentar las penas de 5 a 7 años, a quienes de forma irresponsable acaben con la vida de personas en hechos de tránsito.

En caso de que se cause el fallecimiento de varias personas la pena será de 5 a 12 años de prisión.

La iniciativa legislativa también busca reforzar el castigo a quienes afecten a terceros por utilizar el teléfono celular, mientras conduce. En este punto se evalúa imponer castigo de 1 a 5 años de prisión. El proyecto también propone sanciones más severas para quienes participen de regatas.

En su exposición de motivos, este proyecto de Ley explica que un total de 192 personas perdieron la vida en accidente de tránsito entre enero y agosto de este año, siendo colisión, atropello y choque las principales causas, según estimaciones de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional.

El proyecto de Ley también propone crear el Fondo Nacional para la Manutención de los hijos menores de edad de las víctimas de accidentes de tránsito, producto de la existencia comprobada del uso del alcohol y sustancias ilícitas.

El ente encargado de administrar este fondo será el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y los dineros serían obtenidos de las siguientes asignaciones.

Del 30% aplicado de los fondos provenientes de las multas impuestas por las infracciones de tránsito y del 10% de los recursos provenientes de la renovación de licencias emitidas por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

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