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Mayín Correa afirma que al "Gobierno le falta compromiso para investigar desgreños administrativos"

Mayín Correa afirma que al "Gobierno le falta compromiso para investigar desgreños administrativos"
Mayín Correa, diputada de Cambio Democrático en el circuito 8-8. Inicialmente se postuló como suplente de el expresidente Ricardo Martinelli, que fue imposibilitado para correr, en 2009. Foto / Partido Cambio Democrático.

Un comunicado de la diputada de Cambio Democrático rechaza el veto presidencial a su propuesta para castigar a quienes “dejen perder obras públicas”

La diputada Mayín Correa, (CD por el circuito 8-8), ha enviado al país un comunicado en el que afirma, sin divagar,  que el actual Gobierno, no tiene interés de investigar, lo que ella considera son fallas administrativas.

La situación se origina luego que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, vetó la  ley impulsada por Correa, en la que se modificaba el Código Penal, para castigar a quienes “de manera dolosa o culposa dejen perder obras públicas, que son construidas con dineros del pueblo panameño”.

Lea aquí la Ley 28 de 2020 y la nota que explica las razones para el veto presidencial.

 Esa propuesta fue aprobada por la Asamblea, tras un año de conversaciones y  se convirtió en la Ley 28 de 2020, pero  no pudo adquirir vigencia en la vida jurídica del país porque el presidente Cortizo  la descartó por “inconveniente e inexequible”, en un veto que fue comunicado al Presidente de la Asamblea Nacional, el pasado 25 de septiembre.

De acuerdo con Correa, El veto presidencial “es de corte político, revela una falta de compromiso del actual gobierno, por investigar los desgreños administrativos presentes y futuros”.

La diputada en su comunicado menciona, que durante el gobierno del Partido Panameñista de 2014-2019, “más de un centenar de obras fueron paralizadas”. Asegura que seguirá “luchando para que este proyecto de ley, sea una realidad y se castiguen de una vez por todas a los funcionarios que despilfarran los dineros del pueblo panameño”.

El veto del citado proyecto se fundamentó en lo que se consideró como  la imprecisión de los delitos que la ley sugiere castigar . “Las partidas presupuestarias se asignan a las entidades del Estado y no a ningún funcionario en particular”, explica la nota que el presidente Cortizo envió a la Asamblea.

Además, la nota afirma que el documento viola  el Artículo 31 de la Constitución. “ya que complican y hacen difícil al Ministerio Público lograr la individualización del sujeto, en la etapa de imputación, lo cual viene a constituir el elemento esencial, de su vinculación al proceso”.

 

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