Gremios advierten riesgos en proyectos de Ley portuarios

Gremios advierten riesgos en proyectos de Ley portuarios
Panamá cuenta con sistemas portuarios tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Foto/Archivo.

Las iniciativas legislativas presentadas en la Asamblea Nacional modifican normas del actual régimen portuario.

Tres importantes gremios del país se han pronunciado sobre dos proyectos de Ley impulsados en la Asamblea Nacional, que modifican el actual régimen portuario en torno a temas salariales y regulación de trabajadores no profesionales en la industria.

Uno de los proyectos busca fijar en $5.25 dólares la hora como salario mínimo a los trabajadores portuarios, los cuales actualmente devengan $3.27 por hora.

Otra de las normas tiene como propósito proveer a trabajadores empíricos, una normativa que proteja sus derechos ante el empleador, buscando garantizarles una estabilidad laboral. El proyecto modifica la Ley 56 de 2008 (General de puertos de Panamá).

COEL, es inoportuno en este momento

En un comunicado, el Consejo Empresarial Logístico (COEL), manifestó su preocupación por las iniciativas legislativas que se discuten en la Asamblea Nacional, por su impacto directo y negativo a la competitividad del hub logístico panameño.

“Los salarios de los trabajadores portuarios se han incrementado en un 132% en los últimos 12 años, evidenciando que la Comisión de Salario Mínimo ya ha realizado los ajustes salariales correspondientes, en apego a las normas vigentes y en apego al Código de Trabajo”, sostuvo.

Precisó que cualquier otra forma alterna a las ya establecidas, en este momento resulta inoportuno y contrario a los objetivos  de reactivación económica y de preservación de los puestos de trabajo, que se requieren en este momento de crisis.

El gremio logístico solicitó a la Asamblea Nacional entablar un amplio diálogo con los sectores relacionados, a fin de desarrollar leyes que impulsen la competitividad y el buen desempeño del sector logístico de carga.

CCIAP, en riesgo la competitividad

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), también mostró preocupación por las iniciativas legislativas, pues aseguran que ponen en riesgo la competitividad del sector portuario.

“Panamá ha trabajado arduamente en posicionarse como hub logístico para la región logrando captar inversión extranjera y clientes a nivel mundial. Trastocar los componentes que han ayudado a este posicionamiento resultaría contraproducente en un sector que ha ayudado al país a navegar la crisis económica y es crucial en la reactivación de empleos y otros sectores productivos”, señaló Jean-Pierre Leignadier, presidente de la CCIAP.

Según el líder empresarial, tal y como se encuentran redactados actualmente los documentos legislativos, se pone en riesgo la inversión privada y la posición competitiva de Panamá, en detrimento del sector portuario, de las pocos que se han mantenido impulsando la economía panameña.

“En el caso de los trabajadores portuarios, el mismo ha aumentado 132% en los últimos doce años, posicionando el salario del sector portuario panameño como el más alto de Latinoamérica”, acotó.

CMP, atentan contra la estabilidad jurídica

La Cámara Marítima de Panamá (CMP), sostuvo que “ambas iniciativas legislativas, por la sensibilidad de los temas que involucran, deben ser ampliamente consultadas y estudiadas por todos los actores que convergen en el sector marítimo y logístico nacional”.

“Consideramos que los proyecto de Ley presentados, van en dirección contraria a las propuestas de reactivación económica presentadas al Ejecutivo y al país, deteriorando la oportunidad de superar el estado de crisis actual y sostener la empleomanía de más de 15 mil puestos de trabajos directos y más de 100 mil puestos indirectos, donde en conjunto este sector aporta un 30% del PIB de Panamá”, apuntó el gremio que preside Nicolas Vukelja Duque.

Aunque el gremio afirmó que no duda que estas iniciativas provienen de una aspiración noble y legítima, consideró que “de la manera en que han sido presentadas para discusión, atentan contra la estabilidad jurídica de las inversiones en materia marítimo/logística, debilita la posición logística del país y pone en riesgo a un centenar de puestos de trabajo”.

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