Un nuevo informe muestra cientos de casos en los que no se puede localizar a los padres deportados de niños migrantes que fueron arrebatados de sus familias en la frontera con Estados Unidos.
En todo México y Centroamérica se emiten anuncios de radio. Investigadores designados por los tribunales recorren en motocicleta las comunidades rurales de Guatemala y se presentan en los juzgados de Honduras para realizar búsquedas en los registros públicos.
Los esfuerzos forman parte de una amplia campaña para localizar a los padres separados de sus hijos en la frontera de Estados Unidos a partir de 2017, en el marco de la política de inmigración más controvertida del gobierno de Donald Trump. Ahora está claro que los padres de 545 de los niños inmigrantes aún no han sido encontrados, según los documentos judiciales presentados esta semana en un caso que cuestiona la práctica.
Alrededor de 60 de los niños eran menores de cinco años en el momento de la separación, según los documentos.
Aunque los intentos de encontrar a los padres separados se han venido realizando durante años, el número de padres que se han considerado “ilocalizables” es mucho mayor de lo que se conocía anteriormente.
Los nuevos hallazgos ponen de relieve el impacto duradero de una política que salió a la luz por primera vez con las desgarradoras imágenes de niños llorosos arrebatados a sus padres en la frontera y detenidos a cientos o miles de kilómetros de distancia. El nuevo informe deja en claro que cientos de estas familias han sufrido años de separación.
El gobierno de Donald Trump presentó por primera vez un recuento de las familias separadas por orden judicial en junio de 2018, en el que se indicaba en ese momento que unos 2700 niños habían sido arrebatados a sus padres después de cruzar a Estados Unidos. Tras meses de búsqueda por parte de un comité directivo designado por el tribunal, que incluye un bufete de abogados privado y varias organizaciones de defensa de los inmigrantes, finalmente fueron localizadas todas esas familias y se les ofreció la oportunidad de reunirse.
Pero en enero de 2019, un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por su sigla en inglés) confirmó que muchos más niños habían sido separados, incluso en el marco de un programa piloto no revelado anteriormente que se llevó a cabo en El Paso entre junio y noviembre de 2017, antes de que la muy difundida política de “tolerancia cero” del gobierno entró oficialmente en vigor.
En el marco de la “tolerancia cero”, el gobierno de Trump ordenó a los fiscales que presentaran cargos penales contra quienes cruzaran la frontera sin autorización, incluidos los padres, que luego fueron separados de sus hijos al ser puestos bajo custodia. Pero algunos padres e hijos que cruzaron la frontera por puertos de entrada legales también resultaron separados unos de otros.
Al revelarse la existencia de un grupo más numeroso, el gobierno de Trump luchó durante meses contra el suministro de datos sobre las familias adicionales, argumentando que no era necesario porque los niños ya habían sido liberados de los refugios y hogares de acogida supervisados por el gobierno federal al cuidado de patrocinadores, que suelen ser parientes o amigos de la familia. Los padres de los niños ya habían sido deportados sin ellos.
Pero el tribunal intervino en junio de 2019, y se ordenó al gobierno que reconociera el alcance de las separaciones adicionales. Los nuevos datos proporcionados en ese entonces elevaron el número total conocido de niños separados a más de 5500, incluidos los casos en los que el gobierno dijo que las separaciones estaban justificadas debido a los antecedentes penales de uno de los padres.
Los investigadores suponen que alrededor de dos tercios de los padres que se buscan ahora están de regreso en sus países de origen.
Algunas de las familias que han sido identificadas han decidido que sus hijos estarán más seguros en Estados Unidos que en sus países de origen, y han optado por que los niños se queden con amigos o familiares que aceptaron auspiciarlos.
El gobierno de Trump ha señalado a menudo esto para argumentar que no es necesario identificar y localizar a todos los padres. Chase Jennings, secretario de prensa adjunto del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que la “narrativa” de las familias que buscan a sus hijos pero no los encuentran se había “disipado” por los esfuerzos previos de reunificación.
“Esa es la pura verdad”, dijo Jennings en un comunicado. “Después de contactar con los padres para reunirlos con sus hijos, muchos padres se han negado”.
Muchas personas que trabajan con familias separadas dijeron que el gobierno federal ha puesto un obstáculo tras otro para reunir a las familias.
Aunque muchas familias optaron por dejar a sus hijos con amigos y familiares en Estados Unidos, dijeron, ninguna de ellas viajó con intención de renunciar a sus hijos, y la mayoría se vio obligada por la política de separación familiar a tomar decisiones imposibles.
Una de estas madres, Juana, madre de cuatro niñas de entre 9 y 16 años, rompió a llorar el miércoles cuando se le preguntó sobre la separación de sus hijas en la frontera de Estados Unidos después de huir de Honduras, donde dijo que sus vidas habían sido amenazadas.
Las niñas fueron liberadas por el gobierno estadounidense y entregadas a su padre, en Virginia, con el que no tenían una relación cercana. Juana, quien pidió que la identificaran solo por su nombre de pila para evitar que las personas que quieren hacerle daño puedan localizarla, fue deportada a Honduras. Se trasladó a un refugio para migrantes en una ciudad distinta a la suya.
Cuando el gobierno de Estados Unidos se puso en contacto con ella para saber si quería que sus hijas también fueran deportadas, dijo que fue una de las decisiones más difíciles que había tenido que tomar en su vida.
“No estoy a salvo”, dijo. “Estoy en un refugio. No salgo para nada”.
Dijo que las chicas estaban teniendo dificultades sin ella, especialmente la más joven, que está pasando por la pubertad. “Ellas lloran cuando hablamos por teléfono. Dicen que me extrañan, que quieren que volvamos a estar juntas”, dijo, y añadió: “Las niñas necesitan a su mamá”.
Los esfuerzos para reunir a las familias separadas se han visto empañados por la mala gestión de los registros desde que comenzaron en el verano de 2018. Ello se debe en parte a que la práctica de separar a las familias como medida disuasoria para las miles de familias migrantes que llegan a la frontera se introdujo en un principio de manera encubierta; ni siquiera los organismos federales que participaron, como el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que se encarga de alojar a los niños separados, y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, que se encargaba de la custodia de los padres, fueron informados plenamente con antelación.
Cuando los asistentes sociales del Departamento de Salud y Servicios Humanos comenzaron sus esfuerzos por localizar a las familias de los niños con los que se encontraron, como es habitual con cualquier niño bajo custodia federal, descubrieron que las autoridades de inmigración, en muchos casos, no habían llevado registros de quiénes eran los padres de cada niño o de cómo ponerse en contacto con ellos.
Y como el sistema informático utilizado por las autoridades fronterizas para procesar a los migrantes entrantes no se había actualizado para dar cabida a las separaciones familiares, los agentes a menudo borraban sin querer los números de identificación que podrían haberse utilizado para hacer un seguimiento cuando los padres y los niños eran enviados a lugares diferentes.
La orden judicial inicial de reunir a las familias separadas originó un esfuerzo que duró un mes por parte de los trabajadores de múltiples agencias federales que trabajaron durante largas noches y fines de semana para localizar a los padres de niños separados, lo que a menudo requirió la selección a través de registros a mano en busca de pistas sobre quiénes eran sus padres.
Cuando se hizo evidente que incluso más niños de los que se sabía anteriormente habían sido separados, el esfuerzo comenzó de nuevo, pero se hizo significativamente más difícil por el tiempo que había transcurrido entre el momento en que se liberó a los niños de la custodia federal y el momento en que los investigadores voluntarios comenzaron a tratar de encontrarlos. Para entonces, muchos de los padres se habían trasladado a otros lugares o se habían ocultado.
En algunos casos, los miembros del comité directivo solo han tenido acceso a los nombres y países de origen al intentar localizar a los padres separados. Incluso después de realizar búsquedas en registros públicos para identificar las ciudades de donde provenían las familias, se enfrentaron a obstáculos adicionales. Muchas de las familias habían huido de sus hogares para escapar de la violencia o la extorsión, ocultando intencionalmente información a amigos y vecinos sobre el lugar al que se dirigían.
Los grupos del comité directivo establecieron líneas telefónicas de ayuda para padres separados o personas con información sobre ellos. Pero el esfuerzo se encontró con otro obstáculo con la pandemia del coronavirus, durante la cual los viajes a través de los países centroamericanos donde vive la mayoría de las familias ha sido severamente restringido.
“El gobierno de Trump no tenía planes de seguir el rastro de las familias ni de reunirlas nunca, por eso estamos en la situación en la que nos encontramos ahora, para tratar de dar cuenta de cada familia”, dijo Nan Schivone, directora legal de Justice in Motion, que dirige los esfuerzos de búsqueda sobre el terreno de las familias separadas.
Los 545 niños cuyos padres no han sido encontrados fueron inicialmente colocados en refugios o casas de acogida bajo la supervisión de HHS. Luego fueron entregados a patrocinadores, que suelen ser parientes o amigos de la familia. Unos 362 de los niños tampoco pueden ser localizados porque la información de contacto proporcionada por sus patrocinadores ya no está actualizada. Se cree que muchos de los niños están en Estados Unidos, aunque algunos pueden haber regresado a sus países de origen desde que fueron liberados por la custodia federal.
La Unión Americana de Libertades Civiles encabeza la impugnación judicial de la política de separación familiar. Lee Gelernt, el principal abogado del caso, dijo que se perdió un tiempo esencial en el esfuerzo de localizar a las familias.
“El hecho es que ocultaron los nombres al tribunal, a nosotros, al público, fue asombroso”, dijo Gelernt. “Podríamos haber estado buscándolos todo este tiempo”.
Los últimos hallazgos fueron reportados primero por NBC News.
Como parte del caso legal sobre separaciones familiares en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, supervisado por el juez Dana Sabraw, los esfuerzos de búsqueda continuarán y se requerirá que el gobierno proporcione información sobre cualquier familia adicional separada en la frontera.
Hasta octubre de 2019, el gobierno había proporcionado la información de contacto de más de 1100 padres adicionales que habían sido separados de sus hijos antes de la introducción oficial de la política de “tolerancia cero”. Sin embargo, el gobierno argumentó que no revelaría información sobre unos 400 padres porque esas personas tenían antecedentes penales que impedían al gobierno de Estados Unidos reunirlos con sus hijos en el marco de las políticas de Seguridad Nacional.
El comité directivo ha podido localizar a los padres de 485 niños pertenecientes a esos 1100 padres. El resto no han sido encontrados.
Caitlin Dickerson es una reportera ganadora del Premio Peabody con sede en Nueva York que cubre inmigración. Ha publicado historias sobre la política de asilo, detención y deportación, así como sobre el tratamiento de niños inmigrantes bajo custodia del gobierno estadounidense. @itscaitlinhd