WASHINGTON — Los intentos del presidente Donald Trump de cambiar el resultado de las elecciones de 2020 no tienen precedentes en la historia de Estados Unidos, además de usar la fuerza política bruta para hacerse de la Casa Blanca de una manera más audaz que cuando el Congreso le dio la presidencia a Rutherford B. Hayes durante la Reconstrucción.
Las posibilidades que tiene Trump de tener éxito están entre remotas e imposibles y son señales de su desesperación después de que el presidente electo Joe Biden ganara por casi 6 millones de votos populares y contando, así como el Colegio Electoral por un claro margen. Sin embargo, el hecho de que Trump lo intente siquiera dispara alarmas generalizadas, en particular en el campo de Biden.
“Estoy seguro de que sabe que no ganó”, declaró Biden en una conferencia de prensa en Wilmington, Delaware, el jueves, antes de añadir: “Sencillamente, lo que está haciendo es indignante“. Aunque Biden desestimó el comportamiento de Trump por considerarlo vergonzoso, reconoció que “se están enviando mensajes increíblemente dañinos al resto del mundo sobre cómo funciona la democracia”.
A Trump le quedan semanas para hacer que su último esfuerzo funcione: la mayoría de los estados que necesita para quitarle votos a Biden están programados para certificar a sus electores a principios de la próxima semana. Los electores emiten sus votos el 14 de diciembre y el Congreso los abre en una sesión conjunta el 6 de enero.
Incluso si Trump de alguna manera lograra que el voto electoral cambiara a su favor, hay otras salvaguardas implementadas, que dan por sentado que la gente en el poder no se doblegue simplemente a la voluntad del presidente.
La primera prueba será Míchigan, donde Trump está tratando de que la legislatura estatal anule el margen de 157.000 votos que le dio la victoria a Biden. Tomó la medida extraordinaria de invitar a una delegación de líderes republicanos estatales a la Casa Blanca, con la esperanza de convencerlos de que ignoren el resultado del voto popular.
“Eso no va a suceder”, dijo el martes Mike Shirkey, el líder republicano del Senado del estado de Míchigan. “Vamos a apegarnos a la ley y seguir el proceso”.
Además, la gobernadora demócrata de Míchigan, Gretchen Whitmer, podría enviar al Congreso a un grupo de electores rivales, con base en el voto electoral, con el argumento de que se ignoraron los procedimientos adecuados. Esa controversia crearía la suficiente confusión, según los cálculos de Trump que cambian el resultado de último minuto, para que la Cámara de Representantes y el Senado en conjunto tengan que resolver la elección de maneras no probadas en los tiempos modernos.
La ley federal de 1887, aprobada como reacción a la elección de Hayes, proporciona el marco de referencia, pero no los detalles, de cómo se haría. Edward B. Foley, experto en derecho constitucional y derecho electoral de la Universidad Estatal de Ohio, señaló que la ley solo requería que el Congreso considere todas las presentaciones “que afirmen ser los votos electorales válidos”.
Sin embargo, Míchigan por sí solo no sería suficiente para Trump. También necesitaría que al menos otros dos estados cedan ante su presión. Los candidatos más probables son Georgia y Arizona, donde Trump ganó en 2016 y que tienen legislaturas controladas por republicanos y gobernadores de ese mismo partido.
El gobernador de Arizona, Doug Ducey, ha dicho que aceptará los resultados de las elecciones estatales, aunque solo lo hará después de que se resuelvan todas las demandas de la campaña. Brian Kemp, el gobernador de Georgia, donde un recuento a mano confirmó la victoria de Biden el jueves, no ha hecho público, de una u otra manera, quién ganó su estado.
Trump ha dicho poco en público, aparte de los tuits que respaldan teorías conspirativas alocadas sobre cómo se le negó la victoria. Sin embargo, su estrategia, si es que puede llamarse así, se ha hecho evidente en dos días de actividad cada vez más frenética de un presidente que está a 62 días de perder el poder.
Justo en ese tiempo, Trump despidió al funcionario electoral federal que cuestionó sus acusaciones falsas de fraude, trató de detener el proceso de certificación de votos en Detroit para privar del derecho de voto a un electorado mayoritariamente negro que votó en su contra y ahora está haciendo un uso indebido de los poderes de su cargo en su esfuerzo por arrebatar a Biden los 16 votos electorales de Míchigan.
Trump describió esta estrategia durante la campaña. Les dijo a los electores en un mitin en Middletown, Pensilvania, en septiembre que ganaría en las urnas, en la Corte Suprema o en la Cámara de Representantes, donde, según la 12ª Enmienda, cada delegación estatal tiene un voto para elegir al presidente (de las 50 delegaciones existentes, 26 están dominadas por republicanos, aunque los demócratas tengan el control de la Cámara de Representantes).
“No quiero terminar en la Corte Suprema y no quiero volver al Congreso, aunque tenemos una ventaja si volvemos al Congreso”, dijo entonces. “¿Todos entienden eso?”.
Ahora que es evidente que ese es el plan B, después del fracaso del plan A, una estrategia jurídica improvisada para cambiar los resultados de las elecciones al invalidar los votos en los estados clave. En un estado tras otro, los abogados del presidente han sido motivo de burla fuera de los tribunales, dado que no han podido presentar pruebas que respalden sus denuncias de que se falsificaron las boletas del voto por correo o de que los fallos en las máquinas para emitir votos con software de Dominion Voting Systems podrían, solo podrían, haber cambiado o eliminado 2,7 millones de votos.
Esas teorías aparecieron en una dispersa conferencia de prensa que dio Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente, junto con otros miembros de su equipo jurídico el jueves. El grupo lanzó una serie de argumentos inconexos para tratar de argumentar que en realidad Trump ganó. Los argumentos incluían afirmar que los culpables son los votos por correo que, según ellos, eran propensos al fraude, así como a Dominion, que sugirieron que estaba vinculado al fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez (quien murió hace siete años) y que tenía vagas conexiones con la Fundación Clinton y George Soros, el filántropo y multimillonario recaudador de fondos del Partido Demócrata.
“Esa conferencia de prensa fue la hora y 45 minutos más peligrosa de la televisión en la historia de Estados Unidos”, tuiteó el jueves por la tarde Christopher Krebs, a quien Trump despidió el martes por la noche del cargo de director de la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura del Departamento de Seguridad Nacional.
“Y tal vez fue la más loca “, continuó. “Si no sabes de lo que estoy hablando, tienes suerte”, aseveró.