El Gobierno panameño otorgó los recursos necesarios para evitar que esta organización concluyera sus investigaciones de manera abrupta.
La comisión especial que investiga la invasión estadounidense a Panamá en 1989 recibió fondos adicionales del Gobierno para continuar con la identificación de las víctimas, aunque sus familiares dudan que se puedan encontrar a todos los desaparecidos por la operación militar.
José Luis Sosa, director ejecutivo de la “Comisión del 20 de Diciembre de 1989”, confirmó este martes a la AFP que el Gobierno panameño otorgó los recursos necesarios para evitar que esta organización concluyera sus investigaciones de manera abrupta.
Compuesta por expertos, la comisión fue creada por el gobierno panameño en 2016 para investigar, cuantificar e identificar a las víctimas. Sus trabajos debieron finalizar en julio pasado, pero pidió una extensión de 18 meses y 465.000 dólares al gobierno para continuar sus trabajos.
El Ejecutivo le otorgó ahora 180.000 dólares y se comprometió a entregar el resto a principios del próximo año.
“Es un alivio, [era] urgente recibir este año una parte de esos 465.000 dólares para evitar que se detuvieran las actividades”, dijo Sosa.
En octubre había dicho que la comisión se había quedado sin fondos para las exhumaciones.
Los recursos permitirán al comité seguir con la identificación de los restos encontrados este año en 33 bolsas en el principal cementerio de Ciudad de Panamá.
Además, realizará exhumaciones en el cementerio de Monte Esperanza, en la provincia caribeña de Colón, 50 km al norte de la capital panameña.
– “Mucha tela que cortar” –
El 20 de diciembre de 1989, más de 27.000 soldados estadounidenses invadieron Panamá para derrocar al dictador Manuel Antonio Noriega (1983-1989), reclamado por un tribunal de Miami por narcotráfico.
Oficialmente la invasión dejó unos 500 muertos, aunque algunas organizaciones aseguran que fueron miles.
Noriega estuvo preso por narcotráfico, blanqueo de capitales y desaparición de opositores en Estados Unidos, Francia y Panamá, donde murió en 2017.
El anuncio de la continuación de actividades de la comisión fue recibido con alivio por los familiares de las víctimas, aunque son escépticos con el resultado final de las investigaciones.
“Para el reconocimiento de las víctimas hay un avance, [pero] sabemos que no va a ser posible que todas las familias puedan tener esa esperanza de dar con el cuerpo de sus familiares”, dijo a la AFP Trinidad Ayola, del comité de víctimas de la invasión.
“Muchos fueron incinerados, tirados a la bahía, se habla de otros cuerpos que no fueron enterrados en Panamá, todavía hay mucha tela que cortar”, agregó Ayola.
Brenda Bethancourt tiene la esperanza de que la comisión pueda finalmente identificar los restos de su padre dentro de las bolsas halladas en el cementerio, pero reconoce las limitaciones de la investigación.
“Sabemos que hay muchas más personas en busca de sus familiares, nunca vamos a saber cuantos murieron y desaparecieron”.
En 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un ente autónomo de la OEA, pidió a Estados Unidos resarcir a Panamá por las violaciones de derechos humanos durante la intervención militar.
Los deudos de los desaparecidos piden al gobierno celeridad en la entrega de los fondos restantes para evitar que la comisión vuelva a ver en el futuro su trabajo amenazado por falta de recursos.
“El gobierno siempre da el dinero justo en la fecha límite, cuando ya se están acabando los fondos”, reclamó Xenia Quintana, cuya hermana desapareció en la invasión.
Juan Carlos Rodríguez, cuyo hermano también desapareció ese día tras ir a una fiesta, pidió seguir con las averiguaciones.
“Se van a cumplir 31 años de la invasión y lo que queremos es que no se detengan las investigaciones”, dijo Rodríguez a la AFP.
“No importa si aparecen nuestros familiares, porque seguiremos apoyando a los que no han recibido ningún tipo de respuesta”, añadió.