Según la autoridad, la constructora brasileña y sus socias locales Corficolombiana y Episol “desviaron recursos de la ejecución del Contrato (…)” para pagar un soborno de 6,5 millones de dólares a Gabriel García, funcionario del gobierno colombiano.
La constructora brasileña Odebrecht deberá pagar multas por el equivalente a unos 50 millones de dólares por una trama de corrupción en torno a la construcción de una carretera en Colombia, anunciaron autoridades este lunes.
Odebrecht, que recientemente cambio su nombre a Novonor, fue sancionada “por ejecutar un sistema restrictivo de la libre competencia” en la adjudicación de la Ruta del Sol tramo II, una carretera de 523 kilómetros que conecta el centro con el norte del país, y deberá pagar una multa de 175.000 millones de pesos, explicó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en un comunicado.
Según la autoridad, la constructora brasileña y sus socias locales Corficolombiana y Episol “desviaron recursos de la ejecución del Contrato (…)” para pagar un soborno de 6,5 millones de dólares a Gabriel García, funcionario del gobierno colombiano que los favoreció en la licitación del proyecto.
Los hechos hacen parte del “esquema de corrupción desplegado por Odebrecht a nivel mundial, que se prolongó por más de una década y que resultó en el pago de cientos de millones de dólares en sobornos en diferentes países”, agregó la entidad
La investigación se basó en el acuerdo de culpabilidad al que la constructora llegó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en 2016 y en la confesión de García, quien se encuentra en prisión domiciliaria cumpliendo una condena de cinco años.
Los ejecutivos de Odebrecht Luiz Bueno, Luiz Mameri y Yesid Arocha también deberán pagar multas por un total de unos 900.000 dólares por “haber colaborado” en el esquema de corrupción dice la decisión, que puede ser apelada ante Superintendencia.
La empresa brasileña, fundada en 1944 en el estado nordestino de Bahía, ya ha sido condenada a pagar multas por corrupción en varios países, incluyendo una de 2.600 millones de dólares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza.