Señalan que se está en incertidumbre sobre la continuidad de la cuarentena, lo que dificulta la discusión sobre el reintegro de contratos suspendidos a partir del mes de febrero por lo que recomiendan la extensión de los efectos del Decreto Ejecutivo No. 231 de diciembre de 2020.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP), en su editorial de este 10 de enero, destacó que la semana pasada se recibieron noticias alentadoras con relación a la llegada de vacunas, el aumento en la capacidad de camas para atención hospitalaria de pacientes COVID-19 positivo, y sobre la reglamentación de leyes que ayudarán al desarrollo de proyectos con la prioridad de crear empleos a corto plazo.
Reconocen como oportuno, para la tranquilidad ciudadana, el anuncio de la llegada del primer lote de vacunas contra el COVID-19 durante la segunda quincena de enero. Indican que, aún existen interrogantes sobre cuándo se recibirán los próximos lotes y entrarán en implementación las fases presentadas. Al respecto, reiteramos la disposición del Consejo Empresarial Logístico (COEL), del cual este gremio forma parte, para compartir conocimiento, recursos y tiempo con el fin de apoyar tan importante tarea logística; ya que observamos que, en otras latitudes se han presentado retos importantes en la distribución y aplicación de la vacuna.
“A pesar de lo anterior, iniciamos la segunda semana de una cuarentena que hemos cuestionado como medida aislada ya que, tal y como señalan los expertos, se requiere de un conjunto de iniciativas articuladas con objetivos claros para cortar la cadena de contagio” reiteran. Una vez más, señalan que están a disposición para aportar voluntarios a un programa intenso de trazabilidad y aislamiento en áreas de foco de infección que realmente permita cortar el virus. Sin embargo, la posible continuidad de la cuarentena actual plantea un escenario de incertidumbre, que, sin duda sería desmoralizante para empleadores, trabajadores y la ciudadanía en general.
Insisten en la importancia de acciones para la protección, y generación de empleos. Sobre este tema, recibimos de buena manera la publicación en Gaceta Oficial de la reglamentación de la Ley de Asociaciones Publico-Privadas que permite, finalmente, al sector público y privado entrar a identificar, en conjunto, oportunidades e implementar proyectos a corto plazo; y se aprobó en Consejo de Gabinete la presentación, ante la Asamblea Nacional, del proyecto de ley que establece un régimen temporal de procesos de reorganización conciliada con acreedores, a fin de contribuir a la sostenibilidad de las empresas y la protección del empleo.
En relación con la preservación de plazas de trabajo, intentar regular el reintegro de los empleos suspendidos, sin tomar en cuenta la capacidad de cada empresa de asumir dicha restitución, es condenar ese esfuerzo al fracaso. Además, la incertidumbre sobre la continuidad de la cuarentena actual dificulta la discusión en estos momentos del reintegro de contratos suspendidos a partir del mes de febrero por lo que recomiendan la extensión de los efectos del Decreto Ejecutivo No. 231 de diciembre de 2020 de manera que permita acciones para recuperar actividades como preámbulo a reactivar contratos.
Reconocen la grave afectación que produjo el cierre de actividades económicas ordenado por el Gobierno por más de seis meses y en momentos en que nos encontramos ante la duda con respecto a la extensión de medidas de cierre, restricción de movilidad y cuarentena que profundizan el riesgo de la continuidad de empresas y limitaran la reactivación de empleos, la población se mantiene a la espera de las medidas de solidaridad por parte del sector público para con los trabajadores suspendidos y aquellos que han perdido sus empleos. Entre otras cosas, se ha planteado la reducción de jornada laboral en el sector público, específicamente en instituciones que no se encuentren en el frente de batalla contra el COVID-19. Con esta medida de ahorro, se pudiese aumentar el apoyo solidario a las personas con contratos suspendidos.
“Atravesamos una crisis dinámica, con impactos transversales de índole sanitario, económico-laboral y social. Hacerle frente requiere de una planificación coordinada y un continuo análisis tanto del sector gubernamental como de las fuerzas vivas del país; de allí que, el sector privado se encuentre presto en contribuir, recomendar y apoyar en la ejecución de medidas estratégicas, que generen, confianza en una gestión ordenada que permita sacar adelante a Panamá” acota el comunicado.