La creación de este ente superior especializado, por el Ministerio Público, suple 22 años de espera para que este tipo de delitos se fiscalicen como dicta la Ley General de Ambiente.
Tras conocer que los delitos ambientales serán fiscalizados como lo establece la Ley 41 General de Ambiente, el director general de Mi Ambiente, Milciades Concepción, agradeció al Ministerio Público haber dado este paso trascendental en la lucha contra la delincuencia organizada que pone en peligro la herencia natural del país.
Destaca nota de MiAmbiente que, después de 22 años de espera, estos delitos ambientales serán fiscalizados según lo dicta Ley 41 General de Ambiente, en la que fue consignada la creación de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Ambientales, según anunció el procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa Miranda.
Concepción destacó que la creación de esta unidad investigativa especializada de alto nivel, ha sido producto del interés del Presidente de la República, y de la gestión de MiAMBIENTE, a la que corresponde por Ley, trabajar de manera estrecha con esta nueva fiscalía, por ser la entidad que maneja las normas administrativas ambientales necesarias para la tipificación de los delitos en esta materia cometidos en el país.
De acuerdo con la Resolución 34 del 7 de diciembre de 2020, que crea la entidad y que fue emitida por la Procuraduría General de la Nación y publicada en Gaceta Oficial, la nueva fiscalía tendrá su sede en la ciudad capital y tiene la responsabilidad de perseguir privativamente en la provincia de Panamá, los delitos contra el ambiente, así como el seguimiento de las investigaciones que adelante cualquier otra Fiscalía Regional o de Asuntos Indígenas del resto de las provincias o comarcas del país por delitos ambientales.
La Unidad Especializada en Delitos Ambientales se crea dentro de un modelo de gestión que se aplicará en los despachos del Ministerio Público de los distritos judiciales, donde se implemente el Sistema Penal Acusatorio.
Los delitos más comunes a los que deberá enfrentarse la nueva fiscalía son: la tala ilegal, el tráfico ilegal de flora y fauna, los incendios forestales, la contaminación de recursos hídricos, el aire y la contaminación sonora, así como la proliferación de los delitos en la construcción que no cumplen con los Estudios de Impacto Ambiental y su seguimiento.
La Ley General de Ambiente establece los principios y normas básicas para la protección, conservación y recuperación del ambiente, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales. Además, ordena la gestión ambiental y la integra a los objetivos sociales y económicos, a efecto de lograr el desarrollo humano sostenible en el país.
Asimismo, establece un marco general sobre información y participación en asuntos ambientales, y la responsabilidad por daño ambiental.