Mides se pronuncia sobre informe de subcomisión de la AN que devela abusos en albergues

Mides se pronuncia sobre informe de subcomisión de la AN que devela abusos en albergues
MIDES revisa normativa que regula albergues y casas hogares ante investigaciones en 2020. Foto: Ilustrativa

La institución indicó que a mediados del 2020, se presentaron las denuncias penales luego de que cada entidad documentara los elementos probatorios por delitos de maltrato a niños, niñas y adolescentes, tipificados en el Código Penal.

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)  se pronunció sobre lo indicado en medios de comunicación sobre el informe de una Subcomisión de la Asamblea Nacional acerca de albergues de niños, niñas y adolescentes,

El Mides indicó que, a mediados del 2020, se presentaron las denuncias penales luego de que cada entidad documentara los elementos probatorios por delitos de maltrato a niños, niñas y adolescentes, tipificados en el artículo 202, numerales 4 y 5 y el artículo 203, numeral 1 del Código Penal.

Igualmente, el 29 de julio de 2020, el MIDES presentó denuncia penal contra la Fundación Chilibre Panamá (FUNCHIPA), por el Delito contra la Administración Pública, ante la Fiscalía Anticorrupción, Sección de Atención Primaria. Por su parte, la SENNIAF luego de aplicar las disposiciones del Reglamento Interno y Código de Ética de la institución, desvinculó al personal encargado de dicho albergue.

En el período comprendido entre agosto de 2019 y noviembre de 2020, producto de las supervisiones realizadas por el equipo multidisciplinario, se tomaron medidas administrativas contra ocho  Albergues, los cuales, finalizadas las investigaciones, se ordenó el cierre y cese de actividades.

La Procuraduría de la Administración inició investigaciones de oficio, en el mes de agosto de 2020, producto de los distintos reportajes publicados en medios de comunicación y solicitó informes sobre las actuaciones realizadas por la SENNIAF y el MIDES, en su condición de presidente de la Junta Directiva.

La Procuraduría de la Administración, luego de recibir los informes por parte de ambas entidades, mediante Resolución No. PA/DS-042-2021 de 5 de febrero de 2021, dio por concluida la investigación preliminar iniciada de oficio por los supuestos abusos cometidos en contra de menores de edad en riesgo social, los cuales se encontraban en albergues bajo la supervisión de SENNIAF, luego de haber comprobado que el MIDES había cumplido con su obligación de presentar las denuncias
penales correspondientes.

El Gobierno Nacional impulsa una política pública de niñez y adolescencia con proyectos, programas y presupuestos en las instituciones competentes en la materia, resaltando el esfuerzo normativo para regular los derechos, servicios y atenciones a la Primera Infancia, a través de la recientemente promulgada Ley No. 171 de 2020, De Protección Integral a la Primera Infancia y al Desarrollo Infantil Temprano, así como mediante el Decreto Ejecutivo No. 404 del 30 de octubre de 2020 que regula la apertura y funcionamiento de los albergues para niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo la institucionalidad, tomando acciones y
brindando un seguimiento directo para mejorar las capacidades de supervisión y atención en los hogares y albergues de niñez y adolescencia.

Con el propósito de hacer cambios en la conducción de la SENNIAF, el 7 de enero de 2021, el Órgano Ejecutivo, designa a una nueva directora, la cual es ratificada por el Pleno de la Asamblea Nacional el día 01 de febrero de 2021.

Los hogares y albergues de niñez y adolescencia, en su gran mayoría, son administrados por Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones e Iglesias. El MIDES como ente responsable de la gestión transparente en el uso de los subsidios estatales, asigna subsidios a los hogares y albergues de niñez y adolescencia que le presentan proyectos para la atención, protección y cuidados de la población atendida.

Esta administración está fortaleciendo el monitoreo, supervisión y el correcto uso de los fondos del Estado, destinados a los proyectos sociales que supervisa la Oficina Nacional de Subsidios Estatales del MIDES, que en algunos casos ha dado como resultado la cancelación de subsidios en hogares y albergues de niñez y adolescencia, que no cumplen con los
estándares requeridos.

Estamos fortaleciendo la institucionalidad del Ministerio de Desarrollo Social en cuanto a la supervisión de los albergues subsidiados, designando a personal calificado en ramas como psiquiatría de niñez para atender su salud mental, un problema recurrente en los hogares de niñez y adolescencia.

Realizamos monitoreos e intervenciones con equipo multidisciplinario, dirigido por la SENNIAF para revisar el cumplimiento de los estándares de calidad de los hogares de niños, niñas y adolescentes, lo cual es parte de
las funciones de dicha entidad.

Hemos solicitado a la Asamblea Nacional el informe de la Subcomisión para evaluar los datos que presente, a fin de emitir un pronunciamiento informado y, de ser pertinente adoptar las medidas correspondientes para asegurar la integridad física, mental y moral de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en hogares y albergues como medida de protección.
No hemos recibido el Informe de la Asamblea Nacional, sin embargo, seguimos tomando todas las acciones legales, penales y administrativas en cada uno de los albergues de niñez y adolescencia en las que hemos encontrado el
incumplimiento y el mal uso de los recursos del Estado.

Como Ente Rector de las políticas sociales, repudiamos todo acto que atente contra los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

Existe una deuda social histórica en materia del cumplimiento de los derechos de la niñez en los albergues en nuestro país, que se empieza a saldar con el esfuerzo interinstitucional de protección, supervisión y vigilancia que las instituciones del Estado vienen desarrollando..

La directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Mayra Silvera, informó este jueves 11 de febrero que se encuentra a la espera del informe que elaboró la subcomisión de la Asamblea Nacional de Panamá donde revela que decenas de menores de edad fueron abusados sexualmente y maltratados física y psicológicamente por sus cuidadores, durante los últimos cuatro años en al menos 12 albergues de Panamá financiados y supervisados por el Estado.

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