Las irregularidades de abuso sexual y maltrato, cometidas contra los menores de edad en albergues sufragados por el Estado, han ocasionado disgusto entre la población.
“Nos comprometemos a darle la celeridad que la gravedad del caso así lo amerita, porque los albergues tienen un papel que jugar, papel de protección hacia los menores de reinserción, en la sociedad y, por lo tanto, no deben ser vistos como depósitos de niños y de jóvenes en nuestro país”.
En esos términos se expresó el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, al recibir los documentos que contienen las denuncias de maltrato y abuso sexual de menores en albergues, subvencionados por el Estado, presentado hoy por diputadas de la república.
Diputadas que son parte de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, interpusieron este lunes, una denuncia ante el Ministerio Público, y, a su vez, presentaron un informe detallado, de al menos ocho meses de investigación, de los casos de maltrato y abusos sexuales de los que han sido objeto, menores de edad en 14 albergues, subvencionados por el Estado.
Más de 700 páginas contiene el informe presentado por las diputadas, en las que se indica, por ejemplo, que a niños con trastornos psiquiátricos se les privaba de medicamentos, a otros se les negaba la comida, y que eran abusados sexualmente y maltratados física y psicológicamente, esto desde el año 2015.
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la citación de la Ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo; la directora de la Senniaf, Mayra Silvera; como a las ex directoras Sara Rodríguez , Idalia Martínez y Carla García, sobre las irregularidades en los albergues de menores.
Por otra parte, la docente en Trabajo Social, Siria Martínez, manifestó que la Senniaf es una institución que debe estar alejada de nombramientos políticos, y consideró que se debe estar dotada de los recursos técnicos necesarios.
Y que en esa misma línea se deben mantener entidades como el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Instituto de la Mujer, requieren ser instancias no politizadas, sino contar con un personal técnico.
La docente de Trabajo Social y perteneciente al Comité Latinoamericano y del Caribe de Derechos Humanos de las Mujeres, señaló que cada cuatro o cinco años, cuando se nombra a una gestión diferente, se lleva más personal, pero no siempre tiene una formación en derechos humanos, porque el hecho de que se tenga un título universitario, no implica que se cuente con el perfil para estar en esta institución.
A todas las instancias que tengan que ver con la parte social de Panamá, hay que darles seguimiento constante, no deben haber cortes cada cuatro o cinco años. Deben ser instituciones que quienes estén en esos puestos, pasen por concursos y respondan al perfil o protocolo institucional.
Se preguntó si esta situación que ha sido denunciada, se olvidará en una o dos semanas, porque es un asunto que debe ser resuelto en el tiempo, y dijo que muchas personas quisieran ver gente presa o subiendo y bajando escaleras, pero lo importante en este momento, es dar la atención psicológica a esos menores.
Por su parte, la diputada Ana Gisselle Rosas denunció que hay casos en los que trabajadoras sociales han sido destituidas por denunciar este tipo de actos. “Sí, es importante que todos le prestemos atención a sacar las manos de la política de este tipo de instituciones, que deben ser técnicas y de protección al menor, aquí el sistema le está fallando a estos menores”.
“Esto amerita una investigación profunda, y si eso corresponde que la ministra del MIDES acuda a responder las interrogantes que surjan de aquí en el camino, sí pienso que es importante, porque ella es la que preside la Junta Directiva del Senniaf, así que aquí los miembros de directivos también tienen que darle una respuesta al país”, expresó Rosas.
Por su parte, el abogado Alfonso Fraguela, ex candidato a la Defensoría del Pueblo, señaló que el acercamiento de la Asamblea Nacional con el Ministerio Público, para atender este escándalo de proporciones gigantescas, nos parece apropiado.
“Siento que todas las partes involucradas por el Estado Panameño, han visto con frialdad el tema y con poca importancia”, acotó el abogado.
Este detonante, obliga al Ministerio Público a recapacitar sobre el desempeño frente a las denuncias recibidas por los afectados.
Si el pueblo no puede recibir sensibilidad de las autoridades que regentan en poder, es mejor que dejen sus cargos y le den oportunidad a otros que sí quieran hacer el trabajo.
“El Ministerio Público lleva adelante la acción penal en nombre de la sociedad, y está esperando que actúe con rapidez para evitar impunidades y que las víctimas puedan ver sancionados a los agresores de estas conductas”, concluyó en sus consideraciones el ex aspirante al cargo de Defensor del Pueblo.