El presidente Joe Biden ha declarado en repetidas ocasiones que desea crear un camino a la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos de manera ilegal.
Sin embargo, mientras se prepara para insistir en la reforma de mayor alcance posible de las leyes migratorias de la nación, él y sus asesores han empezado a demostrar que están dispuestos a considerar métodos más focalizados que podrían otorgarles la ciudadanía a grupos más pequeños y discretos de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin permiso legal. El martes, en un foro abierto de CNN, el mandatario declaró que estos esfuerzos serían aceptables “en el ínterin”.
El miércoles, en una llamada telefónica privada con activistas, los principales asesores migratorios de Biden dijeron que apoyaban lo que llamaron una estrategia de “varios trenes”, que podría enfocarse en otorgar la ciudadanía a los “dreamers”, los inmigrantes jóvenes que fueron traídos al país de niños; los trabajadores del campo que durante años han laborado en tierras estadounidenses; y otros.
Los proyectos de ley más pequeños podrían avanzar mientras el presidente intenta generar apoyo para la legislación de mayor envergadura, cuya presentación está programada para el jueves, según dos personas que estuvieron en la llamada.
Si Biden decide avanzar paso a paso, parece poco probable que haga enojar a los grupos defensores de la inmigración más poderosos, los cuales están dispuestos a aceptar estrategias más pragmáticas tras sufrir derrotas espectaculares con los presidentes George W. Bush y Barack Obama.
Durante más de dos décadas, estos activistas han intentado en vano conseguir la aprobación de una reforma exhaustiva a las leyes migratorias de la nación, la cual crearía un camino a la ciudadanía para la mayoría de los inmigrantes que viven en Estados Unidos sin permiso legal, una ruta más rápida para los “dreamers”, un mayor acceso a visas para los trabajadores altamente calificados y un nuevo programa para los trabajadores agrícolas estacionales.
Se espera que Biden enfrente aún más dificultades que sus predecesores para ganar el apoyo de un Partido Republicano que reforzó su oposición a la inmigración durante el gobierno de Trump.
Si bien los activistas están dispuestos a permitir que Biden trate de obtener un acuerdo bipartidista este año, han advertido que no esperarán para siempre.
“Queremos que 11 millones de personas sean residentes legales. Ese es nuestro objetivo principal”, dijo Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice y veterano de guerras migratorias en la capital de la nación durante más de 30 años. “Pero no podemos irnos con las manos vacías. No vamos a adoptar una mentalidad de todo o nada. Tenemos que lograr algún avance”.
Para aquellos como Sharry, eso es un cambio radical, y podría augurar debates feroces sobre si los demócratas deben usar tácticas parlamentarias en el Senado, con el fin de imponer medidas migratorias individuales sin apoyo republicano.
Los activistas se están movilizando a favor de otros proyectos de ley que les otorgarían la residencia legal a los “dreamers”, los trabajadores del campo, los inmigrantes que recibieron un estatus de protección temporal tras huir de la guerra y desastres naturales, y los “trabajadores esenciales” que viven en Estados Unidos de manera ilegal y han estado en la primera línea de la pandemia del coronavirus.
En público, la Casa Blanca insiste en que el Congreso debería aprobar la extensa reforma migratoria del presidente. Jen Psaki , la secretaria de prensa de la Casa Blanca, declaró esta semana que Biden estaba insistiendo en lograr cambios de gran alcance porque “todos deben atenderse, es por eso que los propuso en conjunto”.
Además, los principales promotores de la legislación de Biden en el Congreso —el senador de Nueva Jersey, Bob Menendez y la representante de California, Linda Sanchez — dicen que abandonar el esfuerzo más amplio antes de que siquiera empiece sería un error. En la mañana del jueves, se espera que Menendez y Sanchez revelen más detalles sobre la legislación del presidente después de que esta se presente en la Cámara de Representantes.
Un asesor demócrata, con información sobre la legislación, dijo que, si los defensores de la inmigración solo piden “media hogaza de pan”, no deberían sorprenderse cuando terminen yéndose a casa con una sola rebanada.
“Tenemos una obligación económica y moral de aprobar una reforma grande, audaz e inclusiva de inmigración, una que no deje a nadie fuera”, afirmó Menendez en la tarde del miércoles. Criticó a los defensores por no estar dispuestos a luchar por una legislación que a la postre le otorgaría la residencia legal a toda la población inmigrante del país.
“No debemos hacer concesiones desde el principio. No vamos a empezar con dos millones de personas indocumentadas en lugar de once millones”, declaró. “Jamás vamos a ganar un debate que no tenemos el valor de iniciar. Debemos presentar nuestros argumentos a favor de una reforma migratoria audaz, inclusiva y duradera”.
Desde hace décadas, la cuestión de cómo implementar una reforma exitosa al sistema migratorio de la nación ha eludido a los legisladores en Washington. La última vez que se promulgó una ley importante en materia de inmigración fue en 1990, cuando el presidente George Bush expandió la inmigración legal en Estados Unidos, antes de que se desatara una explosión de cruces ilegales en la frontera del suroeste en los 20 años siguientes.
El aumento de cruces fronterizos ilegales provocó llamados a favor de una mayor vigilancia por parte de los conservadores, incluso cuando los casos pendientes de inmigración legal creaban una crisis creciente para los negocios que buscaban trabajadores y para las familias que buscaban un refugio de la violencia y los desastres en sus países de origen.
Durante casi tres décadas, los defensores de la inmigración se han pronunciado a favor de un solo proyecto de ley exhaustivo con elementos que podrían unir a los demócratas y a los republicanos, a los sindicatos laborales y a las grandes empresas, a los conservadores con mentalidad empresarial y a los liberales que apoyan la inmigración.
Sin embargo, ninguno de esos esfuerzos tuvo éxito. Pese al apoyo de Bush, el Senado y la Cámara de Representantes no lograron llegar a un acuerdo en 2006, y la legislación en 2007 tampoco fue aprobada en el Senado. En 2013, Obama obtuvo la aprobación bipartidista en el Senado para una reforma migratoria, con un voto de 68 a 32, solo para que luego fuera ignorada por la Cámara Baja controlada por los republicanos. En los últimos cuatro años, el presidente Donald Trump acaparó una parte del lado conservador de la ecuación —la seguridad fronteriza— por medio de restricciones estrictas para los solicitantes de asilo y la construcción parcial de un muro fronterizo.
Biden ganó la presidencia en parte debido a la promesa que hizo de recuperar el bipartidismo y su afirmación de que sus longevas relaciones en el Senado le ayudarían a salvar la distancia partidista que se ha profundizado en años recientes. Psaki declaró que el presidente ha esbozado “los principios de lo que pensamos que debería incluir la propuesta”, con la esperanza de atender las causas fundamentales de los problemas migratorios.
No obstante, los defensores de la inmigración dicen que el historial de fracasos ha inspirado un cambio de estrategia este año.
“Estamos hablando de una lucha que hemos librado durante tres décadas”, dijo Lorella Praeli , presidenta de Community Change Action. “No me interesa andar con rodeos. Estoy decidida a llegar a las últimas consecuencias y generar cambios concretos”.
Praeli y otros proponentes elogiaron a Biden, Menendez y Sanchez por su proyecto de ley más amplio. Pero también hicieron un llamado al presidente, a fin de que prometa que también usará una herramienta presupuestaria conocida como reconciliación para promulgar componentes más pequeños de la legislación mientras promueve la iniciativa más grande.
Según las reglas del Senado, las legislaciones que afectan de manera considerable el presupuesto de la nación pueden aprobarse con tan solo un voto mayoritario, por lo que se evitan reglas obstruccionistas que requieren el apoyo de 60 senadores. Ahora que el Senado está dividido en partes iguales, esto les daría a los demócratas la capacidad de aprobar proyectos de reconciliación presupuestaria sin el apoyo republicano y con el voto decisivo de la vicepresidenta Kamala Harris, si logran mantenerse unidos.
Los partidarios de la inmigración afirman que algunos de los esfuerzos enfocados en otorgar la residencia legal a algunos inmigrantes que viven en Estados Unidos de manera ilegal, podrían aprobarse bajo las reglas de reconciliación, que a veces son incomprensibles y están diseñadas para bloquear las medidas políticas puras de los proyectos de ley que supuestamente buscan gestionar el gasto público y los impuestos. Dado que los residentes recién reconocidos como legales afectarían los ingresos tributarios y los beneficios gubernamentales, los grupos dicen que la legislación migratoria podría adaptarse como una medida presupuestaria.