Ley 508: no es conveniente que el Estado promueva regulaciones más allá de lo académico

Ley 508: no es conveniente que el Estado promueva regulaciones más allá de lo académico
Rubén M. Castillo Gill, abogado y empresario, presidente del CICyP. Foto, Henry G. Kinkead M.
“Panamá se recuperará si se estimula la inversión y esta solo va a fluir si las reglas son claras. Si el Estado las modifica arbitrariamente, los inversionistas mirarán hacia otros países”, Rubén M. Castillo G.

La Ley 508, que establece medidas a los centros educativos, mantiene en agonía a la educación panameña.  La intervención del Estado en esta y su obligatoriedad, generalizada, de ajustes en los costos, es una difícil situación para las organizaciones privadas que se dedican a la educación. Es amenazante el cierre de planteles por falta de liquidez, la sensitiva decisión de los padres de familia sobre el centro en que matricularán a sus hijos debido a las profundas diferencias entre la educación pública y particular, y el éxodo de estudiantes a centros públicos.

De acuerdo a empresarios, la norma afecta la educación, atenta contra la seguridad jurídica, libre empresa y aleja a los inversionistas por nuestra inestabilidad al descubierto, y la conciliación de las partes involucradas es muy difícil.

Hemos entrevistado sobre los efectos de esta ley, al licenciado Rubén M. Castillo Gill, abogado, especialista en derecho laboral, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), extitular de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (Fudespa) y presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

ENS. ¿Qué efectos tendría la Ley 508 para los colegios y universidades privadas?

Entrevistado. La Ley no toma en cuenta la realidad específica de cada escuela o universidad y, en consecuencia, su aplicación puede afectar el futuro de la actividad, ya que, puede hacer que la misma sea incosteable.

Se debió promover una mesa institucional para lograr acuerdos específicos, adaptados a la realidad de cada centro educativo. Estoy seguro que existe el interés de buscar soluciones que, de hecho, en muchos casos ya se han dado.

ENS. ¿Cómo incidiría la Ley en la decisión que tendrían que tomar los padres de familia sobre enviar o no a sus hijos a un colegio o universidad privada?

Entrevistado. Pienso que se omite la obligación del Estado de mejorar integralmente la educación pública y se ha generado la falsa visión de que la educación particular debe resolver lo que no ha resuelto el Estado.

El objetivo es mejorar la educación pública para que vuelva a ser lo que era hace más de 40 o 50 años.

ENS. ¿Cree que el Estado tendría la capacidad para asimilar la emigración de estudiantes a los centros públicos, si los centros privados se ven en la necesidad de cerrar?

Entrevistado.  El Estado no puede asimilar la migración que ya se está dando del sector privado al público. Por ello, hay que dar una solución integral que implique producir una nueva ley educativa y, además, mejorar las infraestructuras.

No es conveniente que el Estado, en relación con la educación particular, promueva regulaciones que vayan más allá de lo académico. Es evidente que en el caso de que haya incumplimientos a lo pactado en las relaciones contractuales, debe haber consecuencias punitivas.

ENS. ¿Cuáles serían los mecanismos para que se mantengan los protocolos de bioseguridad?

Entrevistado.  En muchos países ya se ha regresado a las clases presenciales o semi presenciales. Es importante que tengamos un itinerario para el regreso a las aulas, ya que la interacción social es importante en la formación de los estudiantes.

Pienso que se puede reiniciar de manera paulatina y de manera semi presencial: parte del curso se da en la escuela y otra parte de manera virtual. Cada institución educativa debe contar con todos los elementos para cumplir con las medidas de bioseguridad. Eso lo puede fiscalizar el Ministerio de Salud. Es esencial el tema educativo. La reactivación económica implica que nos preparemos para el futuro.

ENS. ¿Qué impacto tendría la Ley en la Seguridad Jurídica?

Entrevistado.  La Ley manda un mal mensaje a los inversionistas. Panamá se recuperará si se estimula la inversión y esta solo va a fluir si las reglas son claras. Si el Estado las modifica arbitrariamente, los inversionistas mirarán hacia otros países.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *