Con el uso de armas letales y detenciones masivas, el ejército no ha dejado de intensificar su represión para intentar acallar la protesta democrática en Birmania. Un experto de la ONU denunció posibles “crímenes contra la humanidad”.
La junta militar en el poder en Birmania desde el 1 de febrero dijo este martes estar decidida a “reprimir la anarquía”, sin cambiar de rumbo pese a las nuevas sanciones aprobadas la víspera por Estados Unidos y la Unión Europea.
Más de 260 civiles murieron a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, según la oenegé Asociación de Asistencia a los Prisioneros Políticos (AAPP).
El balance de víctimas podría ser aún mucho más grave, ya que cientos de personas detenidas en las últimas semanas permanecen desaparecidas.
“Estoy triste porque los terroristas y las personas violentas que murieron son nuestros ciudadanos”, declaró el portavoz del régimen, Zaw Min Tun, durante una de las raras conferencias de prensa organizadas por los militares desde que tomaron el poder.
Pero “debemos reprimir la anarquía. ¿Qué país en el mundo acepta la anarquía?”, agregó. El vocero precisó que el acceso a internet continuaría restringido “durante un cierto periodo”.
Con el uso de armas letales y detenciones masivas, el ejército no ha dejado de intensificar su represión para intentar acallar la protesta democrática en Birmania. Un experto de la ONU denunció posibles “crímenes contra la humanidad”.
Cada día hay nuevas víctimas mortales. Al menos tres personas fueron abatidas el lunes en Mandalay (centro), entre ellas un adolescente de 15 años que “salió a buscar agua delante de su casa”, según la AAPP.
– “Libertad antes que miedo” –
A pesar del derramamiento de sangre, la movilización no se debilita.
En Rangún, la capital económica sometida a ley marcial, manifestantes desfilaron este martes antes del amanecer para intentar evitar la respuesta de las fuerzas de seguridad. “La libertad antes que el miedo” y “De pie por los derechos humanos”, podía leerse en sus pancartas.
El lunes, los birmanos encendieron velas y lanzaron globos para pedir ayuda a la comunidad internacional.
Muchos empleados públicos y del sector privado, como médicos, trabajadores ferroviarios y maestros, continúan en huelga, lo que paraliza a sectores enteros de la frágil economía de este país asiático.
La junta no se refirió este martes a las nuevas sanciones impuestas la víspera por la Unión Europea (UE) y Washington.
En el caso de la UE, el bloque congeló los bienes y prohibió la entrada a su territorio a once responsables de la junta, entre ellos su jefe, el general Min Aung Hlaing.
Son las primeras medidas coercitivas decididas por el bloque desde el 1º de febrero.
Por su parte, Estados Unidos amplió su lista de altos responsables sancionados, incluyendo al jefe policial, Than Hlaing, y al teniente general Aung Soedos, acusados de haber ordenado “el asesinato de manifestantes”.
– Indiferencia –
“Esto les da igual. Las sanciones selectivas bajo las anteriores dictaduras militares nunca dieron gran efecto”, señaló a la AFP Françoise Nicolas, directora para Asia del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri).
“La huelga general tiene mucho más peso. Los generales estaban poco preparados para una resistencia de este tipo”, señaló.
El país continúa cerrado a toda información independiente. Además del corte de las conexiones internet móviles y las redes de wifi, los diarios privados fueron cerrados y sólo los medios estatales cubren la crisis.
Unos cuarenta periodistas fueron detenidos, entre ello el corresponsal birmano de la BBC, liberado finalmente lunes.
Los próximos días se anuncian muy tensos.
El miércoles, Aung San Suu Kyi, de 75 años, debe comparecer ante la justicia.
La Premio Nobel de la Paz 1991 enfrenta acusaciones de corrupción y está procesada por varios delitos más. Si es hallada culpable podría ser condenada a muchos años de prisión y marginada de toda actividad política.