El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate un proyecto de Ley que aumenta el salario a los trabajadores portuarios.
En el año 2020, la economía panameña se desplomó en un 17.9% por los efectos derivados de la pandemia del Covid-19, según datos de la Contraloría General de la República.
Se trata de una caída histórica, que supera la anotada en 1988, cuando el PIB de Panamá se derrumbó un 13.38%.
Con miles de pérdidas de empleos y empresas quebradas, uno de los sectores que mostró mayor resistencia y logró sortear los efectos de este duro golpe a la economía ha sido el sector portuario.
Los puertos han salido al frente de esta situación de pandemia mundial, garantizando el flujo de insumos, carga de todo tipo y suministros médicos, logrando mantener el empleo de miles de panameños, en momentos cruciales para ellos.
Sin embargo, la resiliencia que han mostrado hasta ahora está próxima a verse trastocada por la aprobación en segundo debate del proyecto 94, que modifica la ley 56 de 2008, General de Puertos de Panamá, y el cual atentaría contra la seguridad jurídica del país.
A través del Órgano Legislativo, se busca incrementar en 4.15 dólares la hora, el salario a los trabajadores portuarios, una iniciativa de ley impulsada por el diputado colonense Jairo Salazar Ramírez, quien ha dejado entrever sus fuertes lazos con el activismo sindical.
Su propuesta fue presentada en agosto de 2019, días después de firmarse un acuerdo que puso fin a una huelga que dejó pérdidas millonarias a la industria.
Durante la presentación del proyecto original, propuso aumentar en 5.25 dólares la hora, lo que equivaldría a 1,091.16 mensuales. Algo que en aquel entonces consideró la Cámara Marítima de Panamá (CMP), “como un impacto negativo en la estabilidad de las inversiones”.
Llama la atención que este proyecto de Ley fue presentado en momentos en que la Comisión de Salario Mínimo de Panamá, discutía un nuevo ajuste salarial a los diversos sectores de la economía, incluyendo la industria portuaria.
Según estadísticas del Mitradel, los trabajadores portuarios pasaron de ganar en 2016 una tasa de 3.07 la hora a 3.27 la hora en 2018. No obstante, a inicios de 2020, la Comisión de Salario Mínimo, tomando en consideración el contexto actual de la economía, estipuló un nuevo incrementó de 3.38 la hora.
Salazar es recordado por encabezar hace unas semanas un cierre de vía en Colón, lo que afectó la entrada a importantes activos logísticos que son parte integral de la cadena de suministros, tanto nacional como internacional.
Conocedores del tema consideran que en Panamá, se hace imperante la necesidad de proteger a los sistemas logístico y portuario, que han salido al frente de la nación panameña en esta situación de pandemia mundial.
En opiniones, la iniciativa ley denota falta de visión, no solamente del proponente del proyecto de ley, quien manifiesta claramente intenciones malévolas, sino que también es lamentable el comportamiento del resto de los diputados. Maliciosamente, aseguran llama la atención que durante el debate nadie opinó para salvar la seguridad jurídica de la nación panameña.
Esto podría estar relacionado a que la aprobación en segundo debate fue un momento de sorpresa, por lo que ante la responsabilidad que debe imperar en la Asamblea Nacional, este proyecto no pasaría de tercer debate.
En otras opiniones de conocedores del derecho, todo parece indicar que se le quiere dejar la responsabilidad al presidente de la República, porque es un proyecto a todas luces inconstitucional que se dirige únicamente a un sector de la industria portuaria que desarrolla la actividad a través de concesiones estatales, cuando la Constitución Política consigna que no deben existir fueros y privilegios.
También, opinan que este proyecto va contra le Ley General de Empleos. Según estadísticas de la CMP, el sector marítimo, logístico y portuario, generan más de 289 mil empleos directos e indirectos. En estos momentos, un incremento salarial pondría en riesgo las plazas de trabajo que son la esperanza de cientos de familias.
De acuerdo con la organización marítima local, estos sectores representan el 30% del producto interno bruto (PIB), lo que significa que un tercio de la economía se mueve gracias a ellos.
El anteproyecto presentado antes de la pandemia, establece que se aplicaría en puertos cuya administración y operación ha sido concesionada por el Estado por un periodo determinado, y se deberá considerar un aumento cada tres años.