En su campaña, Biden estuvo en contra del muro, y prometió un plan para resolver las controversias jurídicas con los propietarios de tierras y detener la construcción en su primer día en funciones
Después de pelear durante años contra el plan del gobierno de Donald Trump para expropiar parte de los terrenos de su familia en el sur de Texas a fin de construir un muro fronterizo, los hermanos Cavazos creyeron que con la toma de protesta de Joe Biden como presidente su lucha terminaría.
En su campaña, Biden estuvo en contra del muro, y prometió un plan para resolver las controversias jurídicas con los propietarios de tierras y detener la construcción en su primer día en funciones.
“Cuando llegó a la presidencia, dijo que no habría más muro”, comentó José Alfredo Cavazos, propietario de la tierra a lo largo del río Bravo en Mission. “Como mandado del cielo, me dije. Nos va a ayudar”, agregó.
Sin embargo, dado que el gobierno de Biden no pudo resolver la compleja situación jurídica en la fecha límite que se impuso para ese fin, un juez federal otorgó el martes pasado la “posesión inmediata” de una porción de la tierra de la familia al gobierno.
“Parece que el presidente Biden no cumplió su palabra”, comentó Baudilia Cavazos Rodríguez, de 68 años, hermana de Alfredo Cavazos.
La acción pareció ser resultado de un fracaso burocrático y no de algún tipo de decisión de políticas del nuevo gobierno y hasta ahora parece ser el único caso de terrenos privados expropiados desde que Biden llegó a la Casa Blanca. No obstante, más de 140 propietarios de tierras en el sur de Texas siguen enfrentando demandas iniciadas por el gobierno de Trump y se preguntan si correrán la misma suerte que la familia Cavazos.
La Casa Blanca remitió las preguntas sobre la decisión del juez al Departamento de Justicia, que, a su vez, citó un expediente judicial en el que el gobierno de Biden dijo que podría abandonar la expropiación después de terminar una revisión de las políticas del gobierno de Trump en materia del muro fronterizo. Se suponía que esa revisión se llevaría a cabo en un plazo de 60 días, pero ya hace semanas que esa fecha límite venció.
Abdullah Hasan, un vocero de la Oficina de Administración y Presupuesto, atribuyó el retraso en la presentación del plan de Biden para el muro fronterizo a las complejidades creadas por las diversas demandas contra el gobierno de Trump por redirigir miles de millones de dólares del Departamento de Defensa y renunciar a las leyes ambientales para acelerar la construcción del muro.
“En esas circunstancias, las agencias federales siguen desarrollando un plan que le enviarán en breve al presidente”, afirmó Hasan.
No se sabe con claridad si lo que le pasó a la familia Cavazos podría sucederles a otros que buscan evitar perder sus tierras. Esta familia es una de cientos de propietarios de tierras en el sur de Texas a los que el gobierno de Trump demandó después de que se negaron a ceder de manera voluntaria porciones de su propiedad privada para la construcción del muro por el que abogó el presidente Donald Trump.
A Alfredo Cavazos, quien se mueve en silla de ruedas, le preocupaba que la construcción del muro le dificultara trasladarse al interior de su propiedad y desalentara a los visitantes de rentar las pequeñas casas que hay en su terreno, lo cual constituye la principal fuente de ingresos de la familia.
La familia Cavazos rechazó una oferta de más de 300.000 dólares del gobierno de Trump, porque creían que mancillaba la tierra que había sido su propiedad desde hacía casi 70 años, comprada por su abuela con el dinero que ganó vendiendo tamales y tortillas.
El fallo se suma al precio que tuvo que pagar Trump por la construcción de un muro fronterizo, pero bajo la mirada de un sucesor que, en parte, hizo campaña criticándolo.
Como candidato, Biden afirmó que “no se construiría ni un metro más de muro” y dijo que su Departamento de Justicia pondría fin a las demandas en contra de los propietarios de terrenos.
“Se acabó, no más, finito. No lo vamos a hacer”, declaró Biden a NPR en agosto cuando se le preguntó sobre las excepcionales demandas de dominio, cuyo propósito era expropiar propiedades para construir el muro. “Retiren las demandas, no nos interesa. No vamos a expropiar los terrenos”.
En su proclamación del 20 de enero, Biden suspendió la construcción del muro fronterizo. Sin embargo, no desestimó enseguida el litigio contra los propietarios, sino que lo retrasó mientras los funcionarios elaboraban un plan relacionado con los recursos que Trump destinó para su muro.
En febrero, Ryan Patrick, entonces fiscal del Distrito Sur de Texas, presentó una moción en la que afirmaba que el plan sobre el futuro del proyecto ordenado por Biden podría poner fin a la acción del gobierno sobre los terrenos de la familia Cavazos. El gobierno de Trump ya había obtenido el título de propiedad de los terrenos, pero aún necesitaba que el tribunal le concediera la plena posesión para poder acceder libremente a ellos.
“Si la posesión ya no es necesaria una vez que se desarrolle el plan mencionado, Estados Unidos retirará su moción de posesión pendiente”, afirmó Patrick en la moción.
No obstante, 85 días después de la toma de posesión de Biden, el plan aún no se ha hecho público.
El congresista demócrata de Texas, Henry Cuellar, representa a muchos de los propietarios de tierras que se oponen a los esfuerzos del gobierno para despojarlos de sus terrenos. Envió cartas al equipo de transición de Biden en diciembre y al gobierno en marzo para solicitar que se detenga la construcción del muro y se desestimen las demandas contra los propietarios.
“Me gustaría que hubiesen aceptado alguna aportación de la gente que conoce estos temas”, comentó Cuellar. “Cualquiera que haya sido el abogado que elaboró esto para el presidente, no entendió todos los pasos integrales que deberían haberse añadido a esa proclamación”, agregó.
Cuellar también dijo que había hablado con funcionarios de la Fiscalía General de Estados Unidos en Texas, quienes le dijeron que seguirían litigando contra los propietarios de tierras hasta que recibieran nuevas directrices de este gobierno.
La jueza Micaela Álvarez del Tribunal para el Distrito Sur de Texas, en Estados Unidos, ordenó el martes que se le entregaran al gobierno casi 2,5 hectáreas del terreno de los Cavazos. Se trata solo de un diez por ciento de la propiedad total, pero esa franja separaría a la familia de las pequeñas casas de alquiler que poseen cerca del río Bravo.
Ricky Garza, abogado del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, dijo que el fallo era significativo porque Estados Unidos podría avanzar en la construcción de carreteras para la Patrulla Fronteriza o torres y escáneres para detectar migrantes. Biden ha apoyado este tipo de inversiones en tecnología en la frontera.
“Traicionó la promesa de campaña que le hizo a la gente de la frontera de desestimar todos estos casos”, afirmó Garza. “Están expropiando la tierra y se niegan a retirar las demandas”.
Garza cuestionó si el gobierno tomará medidas para resolver los casi 140 casos contra propietarios de tierras en el sur de Texas.
Comentó que este gobierno podía fácilmente acudir a los tribunales para solicitar la devolución de las tierras a los propietarios. Sin embargo, algunos afectados en el sur de Texas siguen luchando contra las demandas de expropiación del gobierno de Bush.
“Todos los que viven en el camino del muro deberían estar muy preocupados en este momento”, dijo Garza. “Necesitamos ver que el gobierno actúa; de lo contrario, esta tierra está perdida”.