Varios laboratorios farmacéuticos de Estados Unidos, incluido Johnson & Johnson (J&J), negaron este martes las acusaciones de que ayudaron a expandir la epidemia de opiáceos recurriendo a un marketing engañoso que minimizaba sus riesgos, al comienzo de un proceso en su contra en California.
Tres condados del estado -incluyendo el de Los Ángeles- y la ciudad de Oakland presentaron una denuncia contra estas empresas farmacéuticas por su promoción de la medicación contra el dolor a base de opiáceos y por haber minimizado los riesgos de dependencia a estos fármacos, en el origen de una explosión de sobredosis en Estados Unidos.
Aunque la primera denuncia es de 2014, el proceso contra J&J, Teva, Endo y Allergan arrancó el lunes por videoconferencia.
Janssen, la filial farmacéutica de J&J, rebatió la acusación en una declaración enviada el martes a la AFP.
“Nuestras acciones ligadas a la comercialización y la promoción de estos importantes analgésicos con receta eran apropiadas y responsables”, estimó el grupo, que precisó haber “trabajado con los reguladores para proporcionar informaciones apropiadas sobre sus riesgos y ventajas”.
“Los acusados pusieron sus beneficios antes que las vidas humanas y engañaron al público sobre los verdaderos peligros ligados a los opiáceos”, había considerado de su lado James Williams, abogado del condado de Santa Clara, en marzo.
Los denunciantes, que representan a 15 millones de personas -lo que supone el 40% de la población del estado más poblado del país-, reclaman medidas para impedir esas prácticas en el futuro, además de daños y perjuicios para ayudar a las instituciones de salud a luchar contra esta crisis que ha dejado alrededor de 500.000 muertos en Estados Unidos desde 1999.
– Problemas para J&J –
El proceso llega en un momento especialmente complicado para J&J, condenado ya por un juez de Oklahoma en 2019 a pagar 465 millones de dólares de multa por minimizar los riesgos de los opiáceos. La compañía está apelando esa sentencia.
El laboratorio, también envuelto en un escándalo relacionado con su talco, esperaba reconstruir su imagen gracias a su vacuna contra el covid, pero su uso se encuentra suspendido en Estados Unidos a la espera de que se pronuncien los expertos sobre los posibles vínculos entre el inmunizante y la formación de graves coágulos sanguíneos.
Janssen indicó el martes que “desafiará las afirmaciones (…) que no contengan ninguna prueba de causalidad” durante el proceso.
La filial de J&J argumenta, además, que sus medicamentos representan menos del 1% de todas las recetas de opiáceos de California y Estados Unidos desde su lanzamiento.
Teva, de su lado, indicó igualmente que se defenderá “vigorosamente contra esas acusaciones sin probar”.
El grupo se dijo dispuesto, sin embargo, a brindar apoyo a las personas que padecen dependencia a los opiáceos.
Los tribunales estadounidenses han recibido más de 2.000 denuncias por internet relacionadas con la crisis de los opiáceos.
La mayoría reprochan a los laboratorios que persuadieran a médicos y pacientes de que estos medicamentos podían usarse para aliviar los malestares crónicos, cuando debían haberse limitado a dolores agudos y temporales y cuidados paliativos.
“Al tiempo que el uso de los opiáceos le costaba muy caro a California y a sus habitantes, los acusados amasaron grandes beneficios. Solo en 2014, los opiáceos generaron 11.000 millones de dólares de ingresos a los laboratorios como estos”, subrayan los abogados en la demanda de los colectivos californianos.