Para el economista Giovanni Fletcher, esta moratoria es selectiva, excluyente y aleatoria que, evidentemente, depende del control, voluntad y favor de los bancos.
La moratoria bancaria, establecida como una medida de alivio financiero en el país, y cuyo vencimiento está fijado para el 30 de junio próximo, ha provocado incertidumbre y preocupación entre los clientes afectados por la pandemia de la Covid-19.
En octubre pasado, el presidente de la república, Laurentino Cortizo Cohen, anunció que la Superintendencia de Bancos de Panamá dictaba un acuerdo mediante el cual se extendía la prórroga hasta el 30 de junio de 2021, luego que estaba próxima a cumplirse el plazo, fijado en ese momento hasta diciembre de ese año.
Para el economista Giovanni Fletcher, esta moratoria es selectiva, excluyente y aleatoria que, evidentemente, depende del control, voluntad y favor de los bancos.
El también representante del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (IPADECU) ,manifestó que aquí “No hay una ley de insolvencia familiar en favor de los consumidores”.
Agregó que esto se debe a que los poderes “fácticos de este país, llámese los bancos, las financieras y demás, han impuesto su voluntad y su determinismo económico sobre la voluntad política de los gobernantes”.
En ese sentido, manifestó que “los bancos acogieron una ley en la que se le impone la carga de llegar a acuerdos, pero no los hay”.
Indicó que se trata de declaraciones voluntarias y unilaterales, impuestas por los bancos a favor de algunos deudores financieros y señaló que es la entidad bancaria la que decide “de manera privativa y exclusiva, dónde y cómo pagar y en qué forma pagar”.
Citó como ejemplo el caso de personas que, aunque no perdieron su puesto laboral, parientes cercanos que contribuyen con la economía familiar fallecieron, desempleados y sin capacidad económica, y los bancos simplemente decidieron que esos clientes cumplieran el 100% de los compromisos.
De acuerdo al economista, estas entidades dejan de lado que las economías familiares son de escala y, si un familiar fallece o no tiene trabajo y no tiene capacidad de contribuir, quien esté trabajando tendrá que asumir financieramente con la alimentación, pagar los servicios públicos, vivienda, hipotecas y otros”, detalló.
Recalcó que, ante la inexistencia de una ley de insolvencia familiar en favor de los consumidores, estas entidades han impuesto su voluntad y determinismo económico sobre la voluntad política de los gobernantes.
Sobre este particular, mencionó que el tema se truncó en la Asamblea Nacional y no avanzó lo suficientemente rápido, un proyecto similar al 212 del 29 de abril de 2021 que crea un régimen especial para la empresa privada, en este caso una parecida para que todos los consumidores tuvieran una cobertura dentro de la normativa.
La Asociación Bancaria de Panamá (ABP), ha expresado su desacuerdo con una extensión en la moratoria y exhorta a los deudores a llegar a acuerdos con las entidades bancarias para entablar financiamientos.
Según la banca, el monto de los préstamos modificados por los bancos a personas y empresas que vieron afectadas sus actividades por la pandemia de la Covid-19 ha disminuido en 3 mil millones de dólares en el último trimestre.
En octubre pasado, según detalló un comunicado de la Presidencia de la República, “el Acuerdo de modificación No. 13-2020, aprobado por la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), permite que bancos y clientes puedan continuar realizando las modificaciones necesarias para mantener una relación de crédito viable y sostenible”.
“Las modificaciones, agrega el comunicado del 22 de octubre de 2020, están encaminadas a mantener la viabilidad y la sostenibilidad de 1,920,677 operaciones de crédito existentes entre los bancos y sus clientes”, según cifras de la SBP al cierre de agosto de 2020.
“En virtud de ello y con el objetivo de seguir propiciando la recuperación económica necesaria del país, se extiende el plazo para que las entidades bancarias y los clientes que sigan presentando dificultades, así como las empresas que han visto mermados sus niveles de ventas e ingresos modifiquen los términos y condiciones de sus préstamos”, precisó el comunicado del 2020.