Esta reforma a la legislación vigente aprobada en la Asamblea Nacional tasaba un nuevo salario mínimo por hora para trabajadores portuarios.
Por ‘inconveniente e inexequible’, el presidente de la República, Laurentino Cortizo vetó el Proyecto de Ley 94, que adiciona artículos a la Ley de 2008, General de Puertos de Panamá.
La modificación a esta legislación fue aprobada por el pleno de la Asamblea Nacional, el pasado 12 de abril de 2021, a pesar del rechazo generalizado de los gremios vinculados al sector marítimo, logístico y portuario del país.
La norma impulsada por el diputado oficialista Jairo Salazar Ramírez establecía un nuevo salario mínimo por hora para los trabajadores de las empresas concesionarias, contratistas y subcontratistas de puertos y terminales de transporte marítimo en todo el territorio nacional.
En aquel entonces, este proyecto fue calificado por la Cámara Marítima de Panamá (CMP), como una intromisión en el desarrollo de la libre empresa, pues dijo que, establece fueros y privilegios que ponen en riesgo a los más de 10,000 empleos directos e indirectos de los trabajadores en los puertos.
Además, afirmó que representa una distorsión al ordenamiento jurídico, pues los salarios mínimos son regulados por el Código de Trabajo de la República de Panamá.
Argumentos del veto
En una misiva fechada el pasado 20 de mayo de 2021, el presidente Cortizo comunicó a la Asamblea Nacional, su decisión de vetar esta nueva legislatura aprobado por el hemiciclo parlamentario.
El gobernante explicó que al analizar su contenido, encontró razones que permiten objetarlo en su conjunto, pues su contenido dispositivo infringe las disposiciones del Texto Fundamental, que tutela la separación de los tres poderes del Estado.
Además, infringe el acatamiento de las normas del derecho internacional, la no discriminación por clase social, la igualdad ante la ley de panameños y extranjeros, el derecho al trabajo y la manera de ajustar regularmente el salario mínimo.
Sustentó a la Asamblea Nacional, que la Ley General de Puertos de Panamá, es una normativa técnica, cuyo principal objetivo es la regulación de la concesión y la explotación de las actividades portuarias, y de los servicios marítimos que se desarrollan en la República.
Advirtió que la inclusión de elementos de jerarquía laboral y de conceptos intrínsecos de la relación obrero-patronal es una situación extraña e inconveniente, pues son materias ajenas al objeto y ámbito de aplicación de dicha ley y que en realidad se encuentran sujetas a las disposiciones del Código de Trabajo, según la delimitación del artículo 2 del mismo.
Afectaba la competitividad
Explicó que la actividad portuaria y logística panameña forma parte de un escenario regional altamente competitivo, en el que cada uno de sus participantes o actores, tanto del sector privado como gubernamental, han afinado estrategias no sólo para alcanzar nuevos clientes, sino para evitar su migración hacia competidores que les ofrezcan mayores ventajas, en términos de costos, eficiencia y conectividad.
“Soy del criterio que esta iniciativa debió ser ampliamente analizada, considerando no sólo la realidad del país, sino también el mercado y la competencia de los países cercanos, sobretodo porque el sector portuario presta servicios a nivel internacional con altos niveles de. competitividad en la región”, dijo Cortizo en la carta remitida a la asamblea.
Además, argumentó que la propuesta de Ley desvirtúa completamente los parámetros de seguridad jurídica para las inversiones realizadas en el sector portuario por las empresas a las cuales el Estado les otorgó concesiones portuarias, de ahí que los artículos que se pretenden adicionar a la Ley 56 de 2008 producirían escenarios que se contraponen a los Contratos Ley que enmarcan dichas relaciones.
Momento crítico de la economía
Paradójicamente, la normativa fue impulsada y avalada en medio de la actual crisis motivada por la pandemia del coronavirus Covid-19, que según estadísticas de la Contraloría, desplomó la economía en un 17.9% en el 2020.
Una caída histórica, que supera la anotada en 1988, cuando el PIB de Panamá se derrumbó un 13.38%.
De acuerdo con la Cámara Marítima de Panamá, el sector logístico, marítimo y portuario representan el 30% del producto interno bruto (PIB), lo que significa que un tercio de la economía se mueve gracias a ellos.
En medio del duro escenario actual, ha garantizado el flujo de insumos, carga de todo tipo y suministros médicos, logrando mantener el empleo de miles de panameños, en momentos cruciales para ellos.
Conocedores del tema consideran que en Panamá, se hace imperante la necesidad de proteger a los sistemas logístico y portuario, que han salido al frente de la nación panameña en esta situación de pandemia mundial.