La entidad busca garantizarles los derechos humanos a las privadas de libertad.
El hacinamiento, las precarias condiciones de habitabilidad, la limitada atención de salud y las quejas sobre la calidad del agua potable, son los principales hallazgos tras una evaluación hecha por la Defensoría del Pueblo.
Igualmente se menciona la inexistente atención psiquiátrica y psicológica en los centros, así como el limitado acceso a especialistas externos para las privadas de libertad con discapacidad psicosocial.
Las conclusiones en 4 Centros Femeninos de Rehabilitación, son parte de una evaluación nacional realizadas por la Dirección de Protección de los Derechos de las Mujeres de la Defensoría del Pueblo junto al Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura MNPT, sobre la situación de las mujeres privadas de libertad con condiciones adicionales de vulnerabilidad.
El objetivo fue conocer la situación particular de las mujeres mayores de 60 años que presentan enfermedades crónicas o agudas y discapacidad física o psicosocial, que se encuentran internas en Nueva Esperanza de Colón, Algarrobos de Chiriquí, Llano Marín de Coclé y el conocido Cefere en ciudad capital.
Entre las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo a las autoridades, se destacan: la aplicación de las libertades condicionales y las rebajas de pena, que, en conjunto con las medidas otorgadas por los Jueces de Cumplimiento, podrían implicar una reducción significativa en la población penitenciaria.
El informe de la Defensoría del Pueblo refleja que es necesaria las adecuaciones para las féminas con movilidad reducida de tal forma se les permita la independencia y desarrollo integral.
Además, se solicitó la implementación de medidas alternativas al limitado acceso a programas y actividades de resocialización, fortalecer las atenciones de salud tanto física como mental de la mujer.
De acuerdo con la defensoría, el informe será publicado en la web de la entidad y se enviará tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Gobierno.