Carlos Ernesto González Ramírez, ex presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, dijo que los panameños “debemos recuperar nuestras instituciones para que sean legítimas y tengan la credibilidad del pueblo”.
Algunos profesionales del derecho y gran parte de la ciudadanía, han mostrado su inconformidad por la incongruencia y la forma en que se ha manejado el tema de la vacunación “clandestina”, uno de ellos, el jurista Rosendo Rivera, quien expresó que “no se está diciendo la verdad”.
Para este abogado el rol que está jugando el Ministerio Público es “deprimente”, una situación que comparó cuando se intenta administrar un medicamento malo a un niño y trata de escupirlo, “así estamos nosotros, tratando de escupir esta historia mala, mal elaborada y contada por el señor procurador”.
Rivera ha expresado que nadie va a creer ese cuento, que en el intento de exonerar a una persona del hecho, que evidentemente se cometió en su edificio, aunque todavía no se puede decir que tenga que ver y se tiene que explicar y no lo están haciendo.
Rosendo Rivera pidió recordar el 15 de junio, porque según su apreciación, el procurador general encargado, Javier Caraballo, debe tener un colchón que lo proteja luego de culminar estos tres años en el cargo y vaticinó, que como premio, será el próximo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, “producto de este tipo de cosas que está haciendo para el Gobierno del presidente Nito Cortizo”.
En esa línea, Carlos Ernesto González Ramírez, ex presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), dijo que los panameños “debemos recuperar nuestras instituciones para que sean legítimas y tener la credibilidad del pueblo”.
“La impunidad campea en nuestro sistema, aquí hay privilegios. Estamos los ciudadanos siendo tratados como súbditos, no como ciudadanos”, señaló el abogado y mencionó que es hora que los ciudadanos demuestren su presencia y se empoderen de la situación.
El tema no es solamente lo que pueda estar pasando esta semana, argumentó, “es que todas las semanas acontece algo, y sucede porque el sistema no funciona, por ser inoperante”.
González Ramírez dijo desconocer si el Ministerio Público va a funcionar mejor o peor ahora, “pero sí digo una cosa, el resultado es fatal. Aquí la impunidad es la regla”.
Mientras que para el ex-presidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, aunque respeta las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público, le parece estar “muy ligeras” y que es “inconcebible” el resultado de esas investigaciones, en que solamente aparece una persona señalada e investigada dentro de este tema.
“Todo parece indicar que es únicamente esa persona la que va a ”pagar” y tendrá que asumir la responsabilidad penal de lo ocurrido y, evidentemente, esto afecta la imagen del procurador general de la Nación encargado”, añadió Fraguela.
Lo anterior lo relaciona con la trayectoria profesional del jefe del Ministerio Público, como un funcionario institucional, la cual se ve comprometida por una investigación que, obviamente, cuando tiene ribetes políticos o ajenos al tema del crimen organizado, en ese sentido pareciera que las investigaciones son manejadas de una manera muy singular.
“Esta situación -agregó Fraguela- afecta la credibilidad del señor procurador encargado y mucho más cuando se encuentra en un grado de interinidad porque aún no han designado al titular”.
Indicó que “el pueblo panameño percibe una “impunidad de rebaño” y evidentemente, esto deja muy mal al país y también la confianza que pueda tener la ciudadanía sobre la forma en cómo se viene desarrollando la administración de justicia y cómo se está sancionando”.
Una investigación sobre una supuesta vacunación clandestina contra la Covid-19 que adelanta el Ministerio Público es lo que mantiene en vilo, no solo a muchos de los abogados del país, sino también a la población, que ha expresado su molestia a través de las redes sociales y medios de comunicación.
Durante una audiencia de garantías, se legalizó la aprehensión del sospechoso, Matías Pérez Escudero e imputaron cargos en su contra por los delitos de estafa, fe pública y ejercicio ilegal de la profesión.
