Comité Interinstitucional de Apoyo a la Autoridad de Aduanas (Ciaana), se reúne con el procurador de la Nación encargado y funcionarios costarricenses.
Este miércoles 23 de junio de 2021, en la sede de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), fue presentado el proyecto de Ley No. 623 que establece medidas relacionadas con el tránsito, egreso e ingreso al territorio nacional de dinero, valores, piedras o metales preciosos y documentos negociables en los controles aduaneros ubicados en las fronteras, aeropuertos, puertos y zonas francas.
En el encuentro, el Comité Interinstitucional de Apoyo a la Autoridad de Aduanas (Ciaana), se reunió con el procurador general de la Nación, Javier Caraballo y representantes de la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional, de la embajada de Costa Rica, entre otros.
La directora general de Aduanas, Tayra Barsallo, presentó informe de dinero retenido y casos enviados al Ministerio Público así como el Plan de coordinación del ejercicio transfronterizo.
Durante el encuentro se establecieron algunos parámetros para organizar futuras acciones en el cumplimiento de nuestra misión de participar en la seguridad nacional, a través de acciones como controlar, vigilar y fiscalizar el ingreso, la salida y movimiento de las mercancías, personas y medios de transporte por todas las fronteras, puertos y aeropuertos del país.
El Ciaana está integrado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Nacional, Ministerio Público, Unidad de Análisis Financiero, Policía Nacional, Servicio Nacional de Migración, Dirección General de Ingresos, Servicio Nacional Aeronaval, Servicio Nacional de Fronteras, Autoridad de Aeronáutica Civil, Autoridad Marítima de Panamá, y otras instituciones del Órgano Ejecutivo que se requieran.
Fue creado mediante el Decreto Ejecutivo No. 472 de 18 de agosto de 2017, y tiene entre sus funciones están realizar el procesamiento de la información de inteligencia, análisis financiero, gestión de riesgo de contrabando y defraudación aduanera para la prevención del tráfico de dinero, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la no proliferación de armas de destrucción masiva, entre otras.