En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han aprobado leyes que restringen la competencia de la oposición, han cancelado las personalidades jurídicas a dos partidos opositores y han encarcelado a 21 líderes opositores, más otras 5 personas relacionadas con estos.
La opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) de Nicaragua informó este martes que seguirá en el proceso electoral que culminará con los comicios generales del 7 de noviembre próximo, en los que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección, pese a los arrestos de varios líderes opositores, incluido dos de sus precandidatos presidenciales.
“Hay que seguir. No importa lo que nos pase. Tendrán que detener a 6 millones de nicaragüenses”, dijo en una rueda de prensa la representante legal de esa alianza opositora, Carmela Rogers, conocida como Kitty Monterrey.
La Alianza CxL ofreció una rueda de prensa en la que participaron las madres de los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jérez, ambos pertenecientes a la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), que forma parte de esa coalición, cuyas detenciones lamentaron.
Rogers consideró “imposible” que el Gobierno de Ortega detenga a todos los opositores, por tanto, agregó, “aquí todos estamos dispuestos a salir adelante”.
“La mejor forma de resistencia es seguir adelante, y no les vamos a faltar al respeto, ni a los que están hoy presos, ni a las madres que los acompañan aquí hoy” y que están a favor de sacar por la vía electoral y pacífica a Ortega del poder, indicó.
“Vamos a sacar a Ortega del país para ser verdaderamente libres”, señaló la dirigente, para quien esa es la única manera de poner punto final a la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 y que en el actual contexto electoral ha llevado a la cárcel a seis aspirantes a la Presidencia de la oposición.
Rogers, quien ha sido criticada por diversos sectores por oponerse a la unidad con sandinistas disidentes, insistió en que la alianza no se retirará de la carrera electoral de cara a los comicios del 7 de noviembre próximo, que algunos opositores ya han calificado de “fraudulentos” por falta de condiciones.
En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han aprobado leyes que restringen la competencia de la oposición, han cancelado las personalidades jurídicas a dos partidos opositores y han encarcelado a por lo menos 21 líderes opositores más otras 5 personas relacionadas con estos.
Los arrestos, que se iniciaron el 28 de mayo pasado, han llevado a prisión a seis aspirantes presidenciales, dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, cinco dirigentes opositores, dos líderes campesinos y dos estudiantiles, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama, un periodista, dos extrabajadores de una ONG y un conductor de la precandidata Cristiana Chamorro.
En las elecciones de noviembre próximo Ortega se jugará 42 años de dominio casi total sobre la política nicaragüense.