La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), apuntó en su tradicional artículo dominical “La Cámara Opina”, divulgado hoy 29 de agosto de 2021, que el país necesita un presupuesto que se ajuste a la realidad.
La CCIAP exhorta, con urgencia, una discusión presupuestaria enfocada en lograr acciones concretas, reales y viables para superar la crisis. El gremio se siente obligado a señalar, una vez más, que “el despilfarro y el endeudamiento son insostenibles”.
De acuerdo con el gremio empresarial, Panamá afronta el desafío de mejorar su desempeño económico en medio de una crisis socioeconómica sin precedentes, lo que exige una revisión a conciencia del Presupuesto General del Estado a fin de alinearlo con la realidad nacional y con una estrategia de desarrollo sostenible.
La CCIAP considera crucial que el Presupuesto General de Estado para la vigencia fiscal 2022 esté ceñido a una política fiscal anticíclica, generando una reducción importante en el gasto de funcionamiento, a fin de incrementar el ahorro corriente, para financiar un porcentaje razonable de la inversión pública priorizada.
De acuerdo con análisis realizados por el Centro de Estudios Económicos de la Cámara, este presupuesto asigna mayores recursos a los rubros de salud, educación y seguridad, pero destinados principalmente a gastos de funcionamiento y planillas. En cambio, se recorta el gasto de capital de Meduca en B/.28 millones, en un año en que el sistema educativo requerirá de grandes inversiones para mantener las medidas de bioseguridad que garanticen la presencia en las aulas.
Para la CCIAP es igualmente cuestionable el aumento del gasto corriente de la Asamblea Nacional en B/.29 millones en un nuevo año fiscal en que se espera que el Legislativo contenga sus gastos operativos y maneje los recursos de manera eficiente.
La asignación de presupuestos a planillas políticas y/o proselitistas, resulta frustrante para los sectores productivos que realizan ingentes esfuerzos para mantener empleos y reactivar la economía. Es el momento de finalmente invertir en infraestructura pública básica, como agua, saneamiento y disposición de desechos, que llegue a todos los habitantes del territorio nacional.
Otro punto que resulta imperativo revisar son las leyes especiales que conceden aumentos automáticos. En los tres últimos años, estas han ocasionado erogaciones por B/. 906 millones, toda una gran limitante para la inversión pública y el desarrollo de nuestra nación.
En momentos en que el país debe apostar por la reactivación de sectores claves para la economía, resulta crítico invertir en estas áreas. Sin embargo, preocupan los recortes hechos en turismo que impiden el equipamiento del nuevo Centro de Convenciones y que el Fondo de Promoción Turística pueda realizar el trabajo de posicionar Panamá como destino.
No solo los rubros de inversiones quedan desprovistos. Al Órgano Judicial y al Sistema de Administración de Justicia, componentes fundamentales de la institucionalidad nacional, no se les asigna lo necesario para su adecuado funcionamiento. Tampoco se estipula partida para el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), a pesar de que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha presupuestado B/.2,497 millones en aportes al Estado para 2022.
Según está planteado el Presupuesto General del Estado para 2022, el gasto corriente aumentará a 4.9% y el pago de intereses a 12%. En cuanto a la deuda como porcentaje del PIB, esta se ubicaría en 69%, una cifra demasiado alta como para ignorarla.