El abogado Alfonso Fraguela, al emitir su opinión, respecto al tema, manifestó que “ la salida de este tipo de información acentúa la desconfianza ciudadana sobre las próximas elecciones”.
Con la ausencia de los magistrados del Tribunal Electoral, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, continuó esta mañana con la discusión del segundo bloque del Proyecto de Ley 544 sobre las reformas relacionadas con el código electoral.
El diputado del partido panameñista, Luis Ernesto Carles, al inicio del debate, dijo preocuparle el pronunciamiento de los magistrados del Tribual Electoral, más que hacerlo sentir ofendido, luego que se retiraran del debate y considerar como “retrocesos” las propuestas de modificación aprobadas por los diputados oficialistas.
Carles agregó que la Comisión de Reformas Electorales es un espacio de diálogo que es positivo y, además, lo consideró como un espacio sobre el cual descansan las democracias modernas.
Muchos sectores del quehacer político panameño han cuestionado ambas posiciones, tanto la de los diputados como la de los jerarcas del Tribunal Electoral.
El abogado Alfonso Fraguela, al emitir su opinión respecto al tema, manifestó que “ la salida de este tipo de información acentúa la desconfianza ciudadana sobre las próximas elecciones”.
Precisó que el retiro de los magistrados del Tribunal Electoral de la discusión, “es un mensaje claro de que cualquier cosa puede salir de las reformas electorales”.
El jurista es de la opinión que el Tribunal Electoral es la garantía de un proceso “prístino y cristalino, que reafirma nuestra democracia”.
“El hecho de que los magistrados se retiren de ese debate pone en peligro la democracia panameña, y podría dar paso a actos confusos y oscuros en un torneo electoral, por desconocer la voluntad ciudadana”, detalló el ex vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados.
Panamá, sigue estando entre escándalos semana tras semana, y ahora normas electorales que pudieran despertar las dudas, es peligroso.
Fraguela explicó que hay que verse en el espejo de lo que sucede en otros países vecinos, llámese: El Salvador, Nicaragua, Venezuela. Y apuntó en sus comentarios, que “este tipo de conducta abre una autopista de especulaciones sobre lo que ha pasado y lo que pasará”.
Días atrás, el Tribual Electoral dirigió un comunicado a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, en la que señalaba que, ante las modificaciones “inconsultas” realizadas al primer bloque del Proyecto de Ley No.544, se habían visto obligados a declinar su participación en las sesiones legislativas.
En su misiva a la Comisión de Gobierno, suscrita por los tres magistrados del Tribunal Electoral, reconocen o son conscientes de la facultad de la Asamblea Nacional de aprobar o desaprobar un proyecto de ley y que la CNRE es un auxiliar y una antesala de consulta para facilitar el primer debate en la Asamblea. Dicho esto, es preciso recordar que es el TE el que tiene competencia privativa, por mandato constitucional para garantizar la libertad, honradez y eficiencia del sufragio popular, e interpretar, reglamentar y aplicar la ley electoral.
“El objetivo de toda reforma electoral, como la presente, es mejorar lo que se tiene, no retroceder sobre los avances ya logrados. En ese contexto y como quiera que la mayoría de las propuestas aprobadas al primer bloque, representan un sensible retroceso sobre la profunda e innovadora reforma plasmada en la ley 29 de 2017 y que a la institución que dio origen al proyecto de ley 544 no se le está tomando en cuenta en primer debate, que es cuando mayor consulta debe haber, resulta evidente que el Tribunal Electoral y su equipo técnico no está cumpliendo ninguna función con asistir a los debates de su iniciativa legislativa”, apuntó el TE en su nota.
“Si las decisiones en el primer debate continúan con las limitaciones expresadas y que, si el proceso de reforma en curso continúa por el camino que va, lo cual implica un retroceso y detener el avance de la legislación electoral plasmada en el proyecto de ley en discusión, la opinión técnica de este Tribunal, es que es aconsejable organizar las elecciones generales del 5 de mayo de 2024 con el Código Electoral vigente, pero bajo ningún concepto desmejorarlo, con lo cual el Tribunal se opone enfáticamente”, añadió la nota.