Tras una pausa por la pandemia, el gobierno español y los separatistas catalanes reanudaron este miércoles las negociaciones para intentar solventar la crisis que derivó en el fallido intento de independencia de 2017, aunque advirtieron que necesitarán tiempo ante las enormes diferencias que aún les separan.
“Seguimos manteniendo posiciones políticas que están muy alejadas (…), pero hemos coincidido en que la mesa de diálogo es el mejor camino para avanzar y acercar posiciones”, afirmó el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, tras una reunión de dos horas en Barcelona con el presidente regional catalán, el independentista Pere Aragonès.
El líder socialista, quien hizo de la resolución de la crisis en Cataluña uno de sus grandes objetivos al llegar al poder en 2018, volvió a rechazar las dos principales reivindicaciones de los independentistas: acordar un referéndum de autodeterminación y una amnistía para los encausados por participar en el desafío secesionista de 2017.
Pero Aragonès, quien habló momentos después, volvió a definir ambas cuestiones como indispensables. Y aunque concedió que el diálogo “requiere tiempo”, advirtió: “A medida que las negociaciones vayan avanzando, exigiremos resultados”.
“Vamos a tener que hablar y escucharnos mucho, hacer un esfuerzo todos por acercar posiciones (…) Tenemos que hablar sin prisa, pero sin pausa y sin plazos, porque no vamos a resolver mañana una crisis” que comenzó hace una década en esta dinámica región de 7,8 millones de habitantes, destacó antes Sánchez.
Contrario a cualquier movimiento que implique modificar la Constitución, Madrid no cierra la puerta a votar un eventual acuerdo sobre un nuevo encaje de Cataluña en el Estado, a lo que se opone frontalmente la derecha española.
Ambas delegaciones debatieron después durante dos horas sobre el calendario y la metodología para continuar la negociación, que implicará también trabajos discretos, según los diferentes comunicados emitidos por las partes al finalizar la jornada. El catalán concluía, además, afirmando que el acuerdo final de la mesa deberá someterse a la votación de la ciudadanía catalana.
– Otro clima –
La crisis en esta región del noreste español –que alcanzó su clímax en el convulso otoño de 2017, con la celebración de un referéndum ilegal y una efímera declaración de independencia–, sumió al país en uno de sus momentos más delicados tras el fin de la dictadura franquista en 1975.
Después de semanas de enorme tensión, la tentativa acabó con la autonomía de Cataluña intervenida por Madrid y los líderes independentistas detenidos o en el extranjero, como el entonces presidente regional, Carles Puigdemont.
La cita del miércoles en el Palacio de la Generalitat, sede del gobierno catalán, se desarrolló en un ambiente más distendido que la primera, celebrada en Madrid en febrero de 2020, cuando el separatista de línea dura Quim Torra, escéptico ante el diálogo con Madrid, presidía Cataluña.
Tras las elecciones de febrero, el gobierno regional pasó a manos de Pere Aragonès, cuyo partido, Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), es un socio clave de la coalición de Sánchez en el Congreso español.
El cambio no tardó en notarse: en apenas semanas, el gobierno central indultó a los independentistas presos por los hechos de 2017, ambos presidentes consensuaron retomar la mesa de negociación y se acordó la inversión de 1.700 millones de euros (2.000 millones de dólares) en la controvertida ampliación del aeropuerto de Barcelona.
La tensión se disparó, sin embargo, en los días previos a la retomada de la mesa de diálogo, cuando Madrid anunció por sorpresa que suspendía el polémico proyecto del aeropuerto, alegando falta de confianza en el gobierno catalán.
La decisión — un “chantaje”, según Aragonès — enrareció mucho el ambiente también dentro de la delicada coalición separatista en Cataluña.
– Independentismo dividido –
Unidos por el objetivo final de la independencia, los secesionistas chocan sobre cuál debe ser el camino para alcanzarla, con ERC a favor del diálogo para pactar un referéndum con España, mientras las alas más radicales de Junts –al que pertenece Puigdemont– no renuncian totalmente a la unilateralidad.
En un nuevo pulso al gobierno español –y a sus socios de ERC–, Junts anunció el martes que acudiría a la mesa representado, entre otros, por dos de los presos indultados, que no integran el ejecutivo regional.
Tras la negativa de Aragonès, que consideró que desafiaban lo pactado, la formación no participó en la reunión.