Este jueves 23 de septiembre de 2021, diversos gremios del transporte de carga terrestre se han avocado a un paro nacional ante la intromisión de las líneas navieras en el negocio en tierra.
Las mesas de diálogo instauradas desde el año 2019, entre representantes del sector de carga terrestre, autoridades del Gobierno Nacional y líneas navieras, para buscar una salida a la supuesta intromisión en el negocio de la cadena logística en tierra, no dieron resultados.
EnSegundos.com.pa conversó con el presidente de la Asociación de Transportistas de Carga de Panamá (Atracapa), Julio Solís, quien desde hace varios años lidera una lucha para que cumplan con las leyes de la República de Panamá, en torno al rol de cada actor en el encadenamiento logístico.
Solís afirmó que las reuniones sostenidas por más de un año con autoridades del Gobierno Nacional no han dado frutos y las navieras continúan con sus prácticas monopolistas y acaparamiento del sector de transporte de carga terrestre.
Explicó que estas compañías han seguido desarrollando el negocio en tierra, sin importarles, con los transportistas de carga, corretaje de aduana, servicios auxiliares de armadores marítimos, cadena de suministro.
“Los panameños tenemos derecho a obtener beneficios del Hub Logístico que hemos impulsado con tanto esfuerzo durante años, nos sentimos desplazados, pues la fortaleza que tienen las navieras es muy grande, para enfrentarlas”, sostuvo.
Solís narró que hay muchas empresas del sector de transporte que han tenido que suspender labores porque no han podido continuar pagando los seguros, los salarios a los empleados, combustible y el mantenimiento de los equipos.
“Equipo que sufre desperfectos mecánicos en estos momentos representa un duro golpe para la compañía, hablamos de miles de dólares en un contexto actual donde la competencia es desleal”, apuntó.
Según el dirigente transportista, aunado al problema en tierra, se enfrentan a que las ganancias que les corresponden por hacer el negocio con los clientes, tienen que ser compartidas con las navieras.
Acotó que una de las mayores dificultades en esta situación la enfrentan con la naviera Maersk, quien recientemente en una reunión les dejó claro que seguirán con sus operaciones de movilización en tierra.
Según el líder transportista, se han visto obligados a ejecutar medidas de fuerza para que el Estado panameño cumpla y haga respetar las leyes de la República para tales efectos.
Narró que en la última reunión sostenida en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el viceministro Omar Montilla, la subadministradora de la Autoridad Marítima de Panamá y también subsecretaría del Gabinete Logístico, Ana Margarita Reyes, se comprometieron en conjunto con el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), a garantizar que las navieras no siguieran prestando el servicio de carga local en tierra, sin embargo, esto ha sido incumplido totalmente.
“Estamos hablando de la carga local, la mercancía que el cliente pagó en Panamá por el servicio a la naviera, nos paga a nosotros por la movilización, les paga al corredor de Aduanas por la liquidación, pero ahora las navieras les dicen que si quieren garantizar espacio para la carga en los barcos, tienen que darles todo el negocio, incluyendo el corretaje de Aduanas, y esto es una afectación a las leyes nacionales”, afirmó.
Dijo que todo esto está creando escaces, un sobrecosto considerable en todos los insumos que utilizan para operar. “Una vez que ellos dominen todo el engranaje, se va a encarecer más la movilización para transportar la carga”, dijo.
Recordó que el transporte terrestre ha prestado servicio de movilización al Estado y a las diferentes instituciones en ayuda al pueblo panameño, y aún así, no se les ha prestado atención.
Afirmó que las navieras lo que han hecho es incrementar los costos para ganar mas dineros ellos. “Tenemos un gran problema con lo que está haciendo la navieras Maersk y otras que se suman a los que ellos hacen”, dijo.
“Nos hemos reunido con navieras y algunas nos han dicho que no pueden dejar de hacerlo, por efectos de competencia entre ellas.
Hace dos semanas, nos reunimos con los representantes de Maersk y nos dijeron de forma tajante que van a seguir prestando el servicio y seguir con lo que están haciendo. “Ellos lo que quieren es que nuestras empresas desaparezcan”, enfatizó.
En la medida que tengamos menos demanda, no podremos ser sostenibles, pagar empleados, darle mantenimiento a los equipos y seguir operando, al final vamos a desaparecer del segmento logístico.
Precisó que de nada sirve tener un hub logístico en Panamá en el cual la clase trabajadora panameña no pueda tener participación.
El dirigente explicó que alrededor de 200 mil familias en empleos directos e indirectos dependen de este negocio en tierra.
Además, de los colaboradores directos, están los talleres, suplidores, las fondas, los lugares de descanso de los conductores, entre otros.
Solís acotó que más allá de la cifra de las familias que dependen de este negocio, el Estado panameño debe garantizarles el cumplimiento de las normas y leyes, y no imponerse las empresas transnacionales.
“Sentimos que para el Estado la inversión local no tiene valor, pero si la de las grandes empresas transnacionales. Es por ello, que nos están obligando a ejecutar un movimiento de esta clase, una medida de presión de paro, aunque sabemos que va en detrimento de todos los panameños, pero no tenemos otra forma de podernos defendernos”, acotó.
Actualmente, el artículo 13 de la Ley 51de 28 de julio de 2017, indica que el Estado “no permitirá la concentración y control de dicha actividad a favor de ninguna empresa, gremio, cámara, cooperativa, sindicato, asociaciones o grupo de transportistas independientes, incluyendo navieras, puertos y ferrocarriles, en ninguna modalidad de carga, para evitar condiciones monopolísticas”.